Se trata de una guerra. Medio año después, opositores y afines al Kremlin han perdido miedo a la palabra tabú, a la expresión que estaba prohibida pronunciar bajo pena de multa o cárcel al hablar sobre Ucrania. “Es una guerra, no una operación especial. Hace falta una movilización general”, ha advertido el líder del Partido Comunista, Guennadi Ziugánov, el gran bastión histórico de Vladímir Putin entre los demás partidos fieles al presidente ruso. El rápido avance de las tropas ucranias en la última semana ha provocado conmoción en Rusia, y el entorno del mandatario intenta apagar el fuego desatado en sus filas. El portavoz de Putin incluso ha llegado a lanzar una advertencia: cualquier crítica, venga de opositores o de ultranacionalistas, será susceptible de ser juzgada. De momento, esta semana solo pasarán por el tribunal los concejales de San Petersburgo que pidieron el cese del mandatario.
“La guerra y la operación especial son de raíces diferentes. Puedes detener la operación especial, pero no puedes detener la guerra aunque quieras. Esta tiene dos resultados: la victoria o la derrota. La de vencer en Donbás es la cuestión de nuestra supervivencia histórica. Todos en este país deberían valorar de manera realista lo que está sucediendo”, dijo Ziugánov este martes ante el Parlamento. El político, de 78 años y al frente de los comunistas desde 1993, pronunció un término que las llamadas leyes contra la desacreditación de las Fuerzas Armadas prohíben. Por ejemplo, el diario independiente Nóvaya Gazeta —cuyo director, Dmitri Murátov, obtuvo el Premio Nobel de la Paz de 2021— fue obligado a borrar las noticias donde se decía que lo que ocurría en Ucrania era una guerra.
Ante el revuelo generado por ese mensaje tan contundente, el Partido Comunista se desdijo, horas después, de las declaraciones de su líder. “[Ziugánov] llamó a movilizar la economía y el sistema político, no a movilizar la población del país”, matizó su secretario de prensa, Alexánder Yúshchenko, en una entrevista posterior donde instó a “castigar severamente a quienes difunden provocaciones como esta información”. Buena parte de la prensa rusa se había hecho eco de las palabras del líder comunista.
El jefe del Partido Comunista fue clave hace justo un año, en septiembre de 2021, al parar los pies a parte de su formación cuando esta se sublevó al denunciar que el partido de Putin, Rusia Unida, había robado las elecciones parlamentarias a través del nuevo voto electrónico. El impulsor de las manifestaciones en la capital, el líder de los comunistas en Moscú, Valeri Rashki, fue apartado poco después por un turbio incidente de caza ilegal y alcohol al volante.
Las exigencias de una llamada a filas general llegan ahora incluso del propio partido de Putin. “Sin la movilización total, la creación de cimientos militares, incluso en la economía, no lograremos los resultados adecuados [en Ucrania]. El hecho es que la sociedad debería estar lo más unida posible y dispuesta para la victoria”, dijo también este martes Mijaíl Sheremet, miembro del Comité de Seguridad y Anticorrupción.
El Kremlin ha advertido de que no tolerará una escalada interna. “Respecto a los puntos de vista críticos, mientras permanezcan dentro del marco legal actual, esto es pluralismo, pero esa línea es muy, muy delgada. Hay que tener mucho cuidado aquí”, respondió este martes el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, al ser preguntado por la ola de críticas levantada en los últimos días.
El portavoz negó que esté en los planes del mandatario ordenar una movilización. “En el momento actual no, está fuera de discusión”, ha asegurado Peskov ante la polvareda levantada en los círculos de poder por la retirada de los territorios recuperados por Kiev. El presidente checheno, Ramzán Kadírov, denunció que se han “regalado ciudades”, y algunos responsables de la propaganda instaban a “castigar o ejecutar” a los comandantes responsables del desastre.
Juicio a los opositores
La otra parte de las críticas, que en las últimas horas ha logrado reunir a 65 concejales de las grandes ciudades rusas para pedir la destitución de Putin, procede de la oposición política. Vedado en el Parlamento nacional, este sector ha logrado seguir haciendo política desde las reuniones de los consejos municipales. Su último gran golpe comenzó el 7 de septiembre en el distrito sanpetersburgués de Smolninskoye, cuando un grupo de concejales se dirigió a la Duma para que valorase destituir a Putin por su ofensiva sobre Ucrania. Este martes se ha celebrado el juicio contra el primero de los cinco, Dmitri Paliuga, bajo la acusación de haber desacreditado al presidente. El tribunal lo ha condenado a pagar una multa de 47.000 rublos, unos 780 euros, lo que supone —al menos de momento— una medida más de aviso que punitiva.
La iniciativa de ese grupo de concejales ha sido apoyada por más compañeros políticos de toda la geografía rusa, desde la capital al extremo oriente del país. “Tenemos de momento 54 firmas. Es un éxito relativo. Recuerdo que al inicio de la ofensiva juntamos 200 firmas en contra. La cifra se ha reducido, la gente tiene miedo, pero es un buen número”, relata por teléfono Ksenia Torstrem, política de otro distrito de San Petersburgo y promotora del gesto de apoyo. Unas horas después, las adhesiones habían subido a 65.
“Es una forma de mostrar nuestra solidaridad y de que no tenemos miedo”, enfatiza. Al preguntarle por la afirmación de Peskov de que en Rusia hay pluralismo político, ríe. “No, no estoy de acuerdo. Hace mucho que no existe. Se han celebrado nuevas elecciones en Moscú y no hay ni un solo concejal independiente”, agrega Torstrem antes de recalcar: “Hacer política hoy es dificilísimo”. “A otro nivel está Alexéi Navalni, y está en la cárcel; Vladímir Kara-Murzá, también en la cárcel. El que no se ha ido está en prisión. No es posible la política, solo algo de activismo”, lamenta al otro lado del auricular.
De momento, los concejales son objeto de un proceso administrativo que puede acarrear multas, como en el caso de la dictada este martes contra Paliuga. “Espero que el tribunal no nos condene porque no hicimos nada ilegal. Convocamos una sesión legal y nos dirigimos a los diputados siguiendo los procedimientos previstos por las leyes federales”, afirmó a este periódico uno de ellos, Nikita Yuférev. Después de haber intentado contactar sin éxito con la presidencia rusa durante meses para pedir el cese de la ofensiva, su compañero Dmitri Paliuga propuso utilizar un recurso tan legal como acudir a la Duma estatal. Seis días después de hacerlo, ha sido juzgado por ello.
“No hemos pedido a los diputados federales que hagan nada ilegal, solo les instamos a acudir a la Constitución y comenzar un proceso previsto en ella”, añade Yuférev por teléfono. Concejal desde el año 2019, explica que la intención de su misiva es que el público de Putin “que no ha pensado en las consecuencias de la ofensiva” sea consciente de que esta ha provocado la adhesión de más países a la OTAN y el rearme de Ucrania.
“No creo que hacer un llamamiento a cumplir la ley suponga desacreditar a las Fuerzas Armadas, pero vivimos en Rusia y, si quieren castigarnos, ninguno de nuestros argumentos les serán válidos”, añade Yuférev, quien cita un refrán ruso: “Nadie está a salvo de la cárcel o de la pobreza”. Es decir, nadie está a salvo de lo malo.
La carta ha surgido en el momento de más claro avance militar de las fuerzas ucranias. “Ha sido casual, no contábamos con ningún ataque”, asegura, pese a todo, el político. Antes de esta iniciativa ya habían emprendido otras más para exigir la paz. El mismo 24 de febrero, día que comenzó la ofensiva en Ucrania, solicitaron convocar una manifestación y esta fue denegada por el Ayuntamiento de San Petersburgo. Después, el 2 de marzo, su consejo celebró una reunión pública en la calle donde aprobó enviar una petición a Putin para poner fin a su campaña militar. “No recibimos respuesta de la administración presidencial”, denuncia el concejal.
De momento, la oposición seguirá relegada a pequeños gestos en la escena local. “Lamentablemente, la política actual rusa a alto nivel, el poder legislativo de las regiones y de la Duma estatal, está controlada por las autoridades y no permiten entrar a quien pueda provocar problemas, y mucho menos hablar de los errores de la operación especial, por eso es necesario actuar desde la política municipal, menos controlada”, denuncia Yuférev.
