Una ex empleada de la ex Side, investigada por supuesto espionaje ilegal, declaró ante la justicia que durante el gobierno de Macri le pidieron "identificar" si ex funcionarios kirchneristas detenidos tenían "vínculos con el narcotráfico", con lo que intentó justificar que ex espías tuvieran sin razón fichas de esas. No obstante, destapó una contradicción con Arribas.

Las causas por el presunto sistema estatal y paraestatal desplegado durante el gobierno de Mauricio Macri para el espionaje ilegal arrojan novedades diariamente. Y reconocimientos que cada vez complican más y más arriba en la cúpula del poder: una ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), investigada por supuesto espionaje ilegal en cárceles federales, declaró hoy ante la justicia que durante la gestión de Cambiemos le ordenaron espiar a ex funcionarios kirchneristas presos con el argumento de "identificar" si tenían "vínculos con el narcotráfico".

Ésa fue la respuesta de Denise Aya Tenorio, ex agente del organismo de inteligencia, para intentar justificar que ella y otros ex espías tuvieran en su poder información de esos detenidos, es decir las famosas "fichas" de ex funcionarios del kirchnerismo.

La ex agente sostuvo que esas fichas de los ex funcionarios que están o estuvieron detenidos en el Penal de Ezezia se las había entregado su jefe, el procesado ex director de Operaciones Especiales Alan Ruiz, según pudo reconstruir Télam de fuentes seguras vinculadas al caso. Que esté complicado más complicado Ruiz implica, por los diversos testimonios que lo colocan como vértice y escalón intermedio de sus órdenes para que llegaran a los espías, que esté más complicada la ex "señora 8", es decir la ex subdirectora de la AFI Silvia Majdalani.

"Recuerdo que se comentó en la oficina que había una orden judicial para identificar vínculos entre personalidades que estaban en el programa IRIC (Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad) con narcotráfico", sostuvo Tenorio en su declaración indagatoria, según información de la agencia Télam.

Y explicó ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge: "En ese marco se desarrolló, por lo que recuerdo, un intento de identificar si había vínculos con narcotraficantes que se encontraban dentro de ese establecimiento penitenciario".

Ante la imprecisión de la respuesta, el fiscal Santiago Eyherabide le preguntó si la orden que le habían dado era determinar si ex funcionarios como Amado Boudou, Julio De Vido o Carlos Santiago Kirchner podían tener "algún vínculo con el narcotráfico", a lo que Aya Tenrio respondió: "Eso es lo que se nos dijo. Y de hecho eso era lo que trabajábamos".

"Recuerdo que duró muy poco, después hubo órdenes de dejarlo sin efecto", continuó la exagente de la AFI, quien agregó que ninguna de las órdenes "era cuestionable" y que así como "se hacía se deshacía".

Así las cosas, no sólo reconoció la ex espía Tenorio que le ordenaron espiar a Boudou, De Vido y Carlos Kirchner (primo de Néstor), sino que la excusa fue lo que llamó "orden judicial" pero en realidad es el convenio que usaron como argumento otros imputados que declararon antes que ella.

El problema es que todos estos, como el propio ex jefe de la AFI macrista Gustavo Arribas, sostuvieron que ese plafón “legal” no era judicial sino un "convenio" que la central de inteligencia había firmado con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para la provisión de elementos tecnológicos (cámaras y micrófonos) con el objetivo de “combatir el crimen organizado trasnacional”. Nada de "vínculos" entre este tipo de delitos y los ex funcionarios kirchneristas presos.

“Era importante reunir información sobre las cárceles del país respecto del crimen organizado trasnacional, especialmente las cárceles del norte donde mayor peligro”, declaró Arribas ante el juez Augé y la fiscal Incardona. El ex jefe de la AFI sostuvo que las principales hipótesis de conflicto estaban centradas en la banda de narcotraficantes de Rosario conocida como “Los Monos” sobre la cual operó el falso abogado Marcelo D’Alessio y la posibilidad de desembarco en la Argentina del Primer Comando Capital (PCC), una organización brasileña que maneja el narcotráfico en favelas.

Hay una enorme diferente entre esta hipótesis de Arribas -y otros imputados- acerca de un convenio entre dos organismos del Estado para espiar cárceles con la idea de "compatir el crimen organizado trasnacional" y la declaración de la ex agente Tenorio acerca de una orden directa para "pinchar" a ex funcionarios -con nombre y apellido- para "identificar" si se relacionaban con el narco.

Mercedes Funes Silva, también imputada, reconstruyó una visita de exespías al penal de Ezezia y dijo que creía recordar que durante toda la recorrida por la cárcel los acompañó Cristian Suriano, ex director del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, también imputado en el caso.

Las indagatorias se produjeron en el marco del "Legajo 9" en el que, dentro de la causa por espionaje ilegal, se investigan supuestas maniobras de inteligencia prohibidas en contra de personas privadas de la libertad, en su mayoría vinculadas a la política, en los penales de Ezezia y de Melchor Romero.

Cuando los fiscales Eyherabide y Cecilia Incardona requirieron las indagatorias de los imputados en este tramo de la causa sostuvieron que "la información con fines de inteligencia ilegal por razones políticas, fue proporcionada a la Agencia Federal de Inteligencia, y estuvo en poder de Alan Ruiz, Leandro Araque, Facundo Melo, Denise Aya Tenorio, Mercedes Funes Silva".

"El almacenamiento de la información no sólo careció de todo sustento legal y consumaba el ilícito, sino que desde AFI se instrumentaron objetivos considerablemente más ambiciosos en cuanto a la penetración en la vida de las víctimas, según se desarrollará a continuación", remarcaron.