La UFINAR les imputó el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada y por cometerse en un lugar de detención. Ocho de los hombres cumplen condena por distintos delitos.

La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad imputó provisionalmente a diez hombres y siete mujeres por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada y por cometerse en un lugar de detención.

Ocho de los hombres se encuentran alojados en la Unidad Carcelaria 1 cumpliendo condena por delitos contra la vida, la propiedad y contra la salud pública.

Uno de los otros hombres, de 17 años, se encuentra alojado en el Centro de Menores en Conflicto con la Ley Penal Nº 1. El otro hombre y las siete mujeres se encuentran detenidos en la Alcaidía General de la Provincia.

El jueves 30 de marzo, bajo la dirección de los fiscales Penales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, se realizó un importante operativo en 18 domicilios de la capital salteña y en siete celdas de la Unidad Carcelaria 1, más conocida como Penal de Villa Las Rosas.

El fiscal Torres Rubelt investigaba una denuncia formulada el 2 de diciembre pasado por el Fiscal General, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, Alberto Adrián Gentili, que daban cuenta que distintas personas ingresaban sustancias estupefacientes a la cárcel. Por su parte, el fiscal López Soto investigaba denuncias efectuadas en la web del Ministerio Público Fiscal.

A través del entrecruzamiento de información de los sospechosos, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Unidad de Investigación UFINAR, obtuvieron elementos probatorios de actividades ilícitas en infracción a la Ley 23737 y una interrelación entre las causas que llevó a los fiscales Torres Rubelt y López Soto a requerir a los Juzgados de Garantías 1 y 8, los allanamientos en las 18 viviendas y en las celdas de detención, de manera simultánea.

De acuerdo a las pruebas recabadas a lo largo de los cinco meses que duró la investigación, dos organizaciones criminales -con antecedentes penales en delitos contra la vida, la propiedad y contra la salud pública- ingresaban sustancias estupefacientes a la Unidad Carcelaria 1, donde era comercializada.