La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la informalidad que dificulta la regulación. La Unión de Inquilinos se manifestará ante el vecimiento del decreto nacional a pesar de que la pandemia sigue.

El decreto nacional Nº 320 que protegía a los inquilinos de eventuales prácticas abusivas que se agravaban durante la pandemia de covid-19,vence este 31 de marzo y ha generado preocupación en la Unión de Inquilinos de Salta que se movilizará este jueves a la plaza 9 de Julio, en el marco de una marcha nacional.

La jornada de movilización es para solicitar al gobierno nacional que dé una nueva prórroga y que se cree una defensoría para asesorar y velar por lxs usuarixs de alquileres. El defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Fedérico Nuñez Burgos, consideró que la suspensión del DNU debería realizarse de forma más progresiva, y señaló que el 60% de los alquileres son informales, lo que dificulta regular situaciones abusivas. Asimismo, señaló que no hay un organismo que controle la implementación de la ley de alquileres 27.551 en la provincia y opinó que es una problemática que debería formar parte de la agenda legislativa.

El decreto 320 ampara a quienes no pueden pagar los alquileres impidiendo los desalojos y congelando los precios de los alquileres. La referenta de la Unión de Inquilinos de Salta, Natalia Soraire, dijo a Salta/12 que a diario viene recibiendo entre 30 y 40 consultas y advirtió que con el vencimiento del decreto hay personas que se pueden quedar sin techo, "más del 60% estaría en situación de endeudamiento, a nivel país", indicó.

Asimismo, Soraire señaló que el congelamiento de los precios de alquileres "no te exime del pago de la cuota de alquiler, cuando finaliza el contrato se tiene que abonar el total de tres a seis meses sin interés. Se debe pagar lo que no pagaste. Sin sanción legal, sin intereses por mora, previa mediación". Sobre este último punto, indicó que las mediaciones se tienen que hacer en la Defensoría del Pueblo, salvo en las provincias donde hay una defensoría de inquilinos especializadas y podrán implementarlas allí.

La referente sostuvo que la ley de alquileres requiere la creación de las defensorías de inquilinxs pero "en Salta no hay avances". El año pasado la organización hizo llegar al Concejo Deliberante capitalino este pedido con la presentación de un proyecto del edil Fernando Ruarte, pero votaron declarar de interés a la Unión de Inquilinos y no la creación del espacio que solicitaban.

El defensor del pueblo capitalino consideró que la defensoría de inquilinos puede funcionar dentro de la Defensoría del Pueblo o de Defensa al Consumidor. Por su parte, Soraire dijo que también recibió consultas de propietarios para asesorarse respecto a cómo realizar el registro de los contratos de alquileres de viviendas en la AFIP.

Núñez Burgos señaló que el año pasado fue cuando recibieron mayores consultas, entre 60 o 70 diarias. Sobre la base de estos casos que atendieron y lo que indagaron, estiman que en Capital hay al menos un 60% de alquileres informales. "Tuvimos problemas con la informalidad de los inquilinos domiciliarios o familiares porque no podían acogerse a los beneficios de los decretos debido a que no estaban formalizados", explicó.

Para el defensor, es importante que se puedan hacer contratos. Indicó que en la zona céntrica,  cuentan con más regularidad, hay más contratos formales mientras que en los barrios se ve mayor informalidad. Sostuvo que recibieron muchas consultas por conflictos con inquilinatos donde se alquilan departamentos que no guardan relación contractual. Núñez Burgos dijo que en el centro de mediación tuvieron al menos 10 casos en los que tuvieron que resolver situaciones de desalojo y otros conflictos.

Entre las gestiones realizadas por el organismo que tiene a cargo, Núñez Burgos contó que se reunieron con el colegio de corredores inmobiliarios desde donde pidieron a sus socios tener consideración con los honorarios cuando gestionan alquileres para familias durante la pandemia. En Salta este gasto lo suelen pagar lxs inquilinxs. El colegio también sugirió a corredores que promuevan "la regularización de contratos".

Respecto a los costos de los sellados de contratos de alquileres, el defensor recordó que en la provincia los contratos menores al salario mínimo vital y móvil "están exceptuados del pago del sellado". En cuanto a los honorarios de profesionales dijo que "se prorratean entre las partes".

En Salta "hay mucha demanda de alquileres de vivienda. El gobierno tiene como tarea avanzar en resolver esta situación", añadió. Añadió que se debe controlar el cumplimiento de la ley de alquileres. Contó que en Salta, a pesar de la normativa, "los contratos siguen teniendo las características de los contratos anteriores. Los propietarios en la mayoría de los casos intentan no respetar y aumentar ahora la futura pérdida". También consideró que a diferencia de Buenos Aires, donde hubo aumentos asociados a la ley vigente, en Salta "hay un aumento de precio de alquileres, pero más relacionado al desarrollo del mercado, no con la ley".

Otro tema importante señalado por Núñez Burgos es que a nivel nacional "no hay un organismo que se encargue de la aplicación plena o regulación de la ley de alquileres". Dijo que esto debe formar parte de la agenda en la Legislatura provincial porque "es importante generar un órgano de aplicación".

Para consultar con la Unión de Inquilinos: https://www.facebook.com/uniondeinquilinossalta y https://instagram.com/uniondeinquilinos.salta?igshid=1ju8whrxdbxwi