Los reportes sobre la presencia de sustancias nocivas para la salud en el agua de la red domiciliaria de distintas localidades suman décadas. Y se reactualizan de forma periódica, conforme la aparición de nuevos contaminantes, algunos de comprobada peligrosidad.

Lo que parece estar ausente en esta controversia son los controles de calidad que atañen a los entes públicos y a las empresas o cooperativas prestatarias del servicio.

No son contingencias para tomar a la ligera. Un botón de muestra: el Foro Ambiental Córdoba pone la lupa sobre el tritio, un isótopo radiactivo del hidrógeno, cuya presencia, señala, se incrementa por la actividad de las centrales nucleares, entre ellas la de Embalse, en el Valle de Calamuchita.

Huelga apuntar que se trata de basura tóxica que va a parar a los maltratados lagos y ríos serranos, de donde se extrae el agua para el consumo humano en vastos sectores, previo proceso de potabilización.

Por ello, en el marco del Código Alimentario Argentino, la referida ONG elevó una solicitud a la Comisión Nacional de Alimentos a fin de que actualice la normativa referida a la presencia de sustancias dañinas para la salud en el agua que se distribuye por redes.

En ese contexto, menciona también a los plaguicidas. “Año tras año se sintetizan nuevos plaguicidas, algunos de los cuales alcanzan un uso masivo y generalizado”, pone en alerta el organismo.

Es de conocimiento público que la contaminación de los cursos de agua que sirven de fuente de suministro para las redes domiciliarias se concentran en mayor medida en los degradados lagos San Roque y Los Molinos. Además, al margen de los límites de Córdoba, similares situaciones son constatables en los ríos Uruguay y Paraná.

Para añadirle otra cuota de preocupación al asunto, es de utilidad mencionar que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tiene registrados a la fecha 433 principios de riesgo relacionados con los plaguicidas, que se deberían monitorear. Pero sólo una decena de esos frentes de riesgo serían objeto de control en el agua de red.

A esta altura, habrá que subrayar que existen normativas de orden nacional y de las provincias que tienen como propósito indagar, con base en análisis de laboratorio, sobre la calidad del agua que consumimos. Una función que compete de igual modo a las empresas concesionarias del servicio.

El desafío de fondo es garantizar a los usuarios que el agua que sale de las canillas sea apta para el consumo. Y que no todo puede reducirse a pagar mensualmente una factura por una prestación de no siempre probada calidad. O con tarifas que deben incrementarse por los elevados costos de potabilización.

Sin soslayar la opinión de los expertos, lo cierto es que los cordobeses somos testigos de promesas fallidas para sanear de una vez la cuenca del lago San Roque, contaminado hasta límites impensados.

Quién podría negar, además, que el río Suquía es un declarado foco contaminante, por los desechos que arrojan sujetos o empresas y entes desaprensivos y por los efluentes cloacales que salen de la planta depuradora de Bajo Grande.

Hay que actuar con premura, pues se trata del derecho humano a contar con un servicio de agua potable que no comprometa la salubridad pública.