La vicepresidenta, Cristina Kirchner, detalló las 20 mentiras de la Causa Vialidad en su última presentación ante el tribunal, que la próxima semana leerá la sentencia. Al rato, subió el detalle de una por una a su sitio web cfkargentina.com.
Se trata de una suerte de catálogo en la que la vice recorre las acusaciones que se formularon en su contra en esa investigación. Así, escribió en sus redes sociales un listado con las acusaciones que considera falsas y fundamentan la imputación en su contra en este juicio.
Las mentiras según Cristina Kirchner "Néstor Kirchner (NK) y Cristina Kirchner (CK) asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria", tituló a la primera y la dividió en tres. En el punto "a" planteó: "Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución" y lo justificó con un fallo del propio juez Horacio Rosatti.
En la "b" sostuvo:" La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos tejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras".
Al exponer "la mentira 2", sostuvo que "los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo (entre 2003 y 2015) fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner", la vicepresidenta señaló que "se acreditó en el juicio" que el proceso "cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes".
"Se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) indicándose cómo debían efectuar su tarea" y "la Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública".
En "la mentira 3", Cristina recordó que "el Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto". La expresidenta aclaró que "la ley de presupuesto es conocida como la "ley de leyes" y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso" lo que también quedó "acreditado" en el juicio.
"Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso", es la cuarta mentira que detalla, y argumentó que "quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez (entre otros) que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015".
En "la mentira 5, explicó que ni Néstor Kirchner ni ella aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez".
"Se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto"
"Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación" y contaron con "los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos" y además todos, "ampliaron partidas presupuestarias con carácter general", herramienta "utilizada por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica".
En la "mentira 6: negó que los gobiernos kirchneristas hayan utilizado los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar de forma ilegítima a las obras viales en la provincia de Santa Cruz", la Vicepresidenta afirmó que ese fideicomiso "existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales".
En tanto, en la "mentira 7", que sostiene que Cristina dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez".
La octava mentira sostiene que el matrimonio de los Kirchner hizo "uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez".
"La ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto", argumentó citando distintos artículos de la Constitución Nacional.
En la "mentira 9", desestimó que "el Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad hayan aumentado ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez". Cristina aclaró que "las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación".
Sobre la "mentira 10, que sostiene que durante los años 2003 y 2015, el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo)", la Vicepresidenta dijo que "quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas".
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La "mentira 11", que afirma que el Congreso aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria", la Vicepresidenta remarcó que "las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de los pagos" y que: "El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pagos efectuados a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP".
En la 12 desmiente que ella misma haya ordenado aumentar "las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos". "Durante el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales", sostuvo.
La mentira 13 sostiene: "El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez".
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La 14, en tanto: "Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz". "La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez", insitó.
La mentira 15 remarca que ella misma le "dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez". "La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015", aclaró.
La "mentira 16", que se omitieron llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro de (Economía) Roberto Lavagna y por la AGN" fue desestimada también en el hecho de que "no existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)".
"El ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que Néstor Kirchner no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite"
En el punto 17, la exmandataria desmintió el uso del aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz".
Recordó que "la concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país" y que "los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra, -un empresario vinculado a las empresas del expresidente Mauricio Macri-".
"La concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país"
La "mentira 18", es la que sostiene que de los gobiernos se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz".
Eso, según la titular del Senado, fue refutada en el hecho de que "se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública", y que el Congreso de Santa Cruz votó libremente" esa normas".
Respecto de la "mentira 19", que asegura que en todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios", Cristina sostuvo que "la Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación" y que "el estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo cinco obras elegidas según criterios fijados por los acusadores".
Por último, "la mentira 20", Cristina indició que el argumento que las obras "no se demoraron de manera injustificada, ni presentaron deficiencias constructivas".
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