El atentado del 1 de septiembre contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, dejó al descubierto algunas de las peores miserias de un sector de nuestro Poder Judicial. Como se sabe, la actual vicepresidenta de la Nación, es blanco de persecusiones y ataques judiciales desde hace largos años. Junto a numerosos dirigentes políticos y funcionarios progresistas, han sido objeto de armado de causas judiciales para demonizarlos y facilitar el acceso al poder de la organización de extrema derecha que lidera Mauricio Macri. Ese proceso que se conoce como Lawfare, o guerra judicial, es la utilización de la ley y de un sector del Poder Judicial para llevar adelante el saqueo económico y fuga de capitales a paraisos fiscales. Es el mismo desfalco que en dictadura se concretó con secuestro, tortura, desaparición y muerte.
La nueva metodología, se vale de un grupo de jueces y juezas, fiscalas y fiscales que no sólo comulgan con las ideas extremas de la derecha mandante, sino que además, están dispuestos a obedecer cualquier directiva que se les de en ese sentido. Encubrir el atentado, es sólo una rutina de su oficio. La ubicación ideológica del sector no es nueva, se ha reproducido a lo largo de muchas décadas en el país. Convalidaron tanto los golpes de Estado (Doctrina de facto), como la impunidad subsiguiente. Se trata de una cosmovisión especifica, determinada y determinante. “Son ellos o nosotros”, al decir de Ricardo Lopez Murphi. Son racistas, clasistas y misóginos. Aplican constantemente un doble estandart o sea diferentes reglas según el grupo de destinatarios. Valgan algunos ejemplos históricos impresionantes para ilustrar lo dicho.
El 20 de mayo de 1994, en un juzgado de tribunales, un preso de apellido Castelli esperaba para ser indagado por un delito menor. Luego de varias horas y entendible apetito, el preso se comió el pebete de jamón y queso que había comprado un oficial de apellido Durand. Cuando se dieron cuenta, la Secretaria del juzgado labró un acta informando a su jefe, el tristemente célebre Juan José Galeano. El juez Galeano decidió entonces: “Tiénese presente el informe que antecede, y pudiendo constituir un ilícito de acción pública, elévese a la Oficina de Sorteos de la Excma. Cámara del Fuero, a efectos de que mediante sorteo de práctica se desinsacule el Juzgado que deberá investigar el mencionado suceso. Sirva lo proveído de muy atenta nota de elevación” (SIC). Según surge del Acta, entre los testigos de la comida ilegal del sanguche, estaba el escribiente Diego Luciani (quien hoy pide cárcel para Cristina por delitos que nunca existieron).
Lo sintetizado es tan cierto como doloroso. Más de dos décadas después, hace pocos días, también en la ciudad de Buenos Aires, fueron detenidos un grupo de “trapitos” por cobrar el estacionamiento en los alrededores del estadio de River durante los recitales de Coldplay. La fiscala Celsa Ramirez, de eventos masivos de CABA, solicitó para ellos la prisión preventiva. Sostuvo que “detrás” de los trapitos hay una “asociación ilícita”. El Ministro del área, Marcelo Dálessandro, dijo al respecto: “Hicimos un despliegue para “barrer” y “atacar” a los trapitos de la zona” (SIC). Se trata del ministro de Larreta que algunas semanas atrás viajó en un vuelo privado hacia Lago Escondido junto a jueces federales, fiscales y ex servicios de inteligencia, vaya a saber uno para qué operación.
Esto sucedía mientras la jueza Capucetti se negaba a peritar los celulares de las compañeras del diputado Milman, quien fue escuchado diciendo que cuando la maten (a Cristina), él iba a estar camino a la costa. Simultáneamente, el camarón de Bertuzzi, Bruglia y Llorens, liberaba a los neonazis de Revolución Federal, a pesar de su obvia vinculación con el contexto del atentado.
La comparación entre la actitud para quien deglutió un pebete, hacia los trapitos y finalmente el criterio de liberar a los neonazis de Revolución Federal, sería graciosa si no se tratara de una tragedia. A los dos primeros, se les encausa con todo el peso de la ley, a los terceros, se los deja en libertad para que puedan lucir sus blancas remeras con el logo provocador. Al mismo tiempo, los Caputo que los financiaron, sin domicilios comprobables, viajan por el mundo repartiendo fideicomisos. El diputado Milman y sus asesoras brindan felices por su éxito comercial y watsapean con sus celulares nunca investigados.
Se trata de una doble vara que por momentos se vuelve insoportable. Es una metodología siniestra que la derecha criminal maneja, especialmente desde el centro del Poder Judicial. A pesar de ello, y para esperanza de nuestra comunidad, están saliendo al sol los trapitos del sector más deleznable y poderoso de nuestra sociedad. Aquel que muy pronto, las y los dirigentes, con el apoyo del pueblo, y junto a los jueces/as y fiscales/as decentes que se sumen, terminarán desterrando.
