Hay incertidumbre por la posible llegada a los Valles de titular del INAI, Magdalena Odarda.

La abogada Magdalena Odarda, actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tendría previsto venir a Salta este verano.

Contrariamente a lo esperable, su objetivo no sería interiorizarse y contribuir con algunas soluciones a los problemas que atraviesan las genuinas comunidades wichi, qom, guaraní, chorote u otras que habitan el Chaco salteño. Ni el INAI ni el IPPIS local han aportado demasiado para esas personas, cuya situación social es crítica y absolutamente comprobable.

La doctora Odarda vendría con el propósito de entregar en los Valles Calchaquíes más de cien carpetas con relevamientos que, según su interpretación de la Ley 26.160, pertenecen a comunidades que las habitan desde antes de la llegada de los españoles.

La noticia genera nuevamente inquietud desde Cafayate a La Poma.

Sería importante que la funcionaria tuviera en cuenta que las supuestas comunidades diaguita-calchaquíes vienen protagonizando graves y crecientes conflictos desde que aparecieron en la región hace poco más de una década, fomentadas por sectores que, antes como ahora, gozan del respaldo ideológico del Gobierno nacional.

La historia no las ayuda. Las comunidades diaguitas genuinas fueron trasladadas compulsivamente por los colonizadores españoles y relocalizadas en otras regiones, en particular, la zona bonaerense de Quilmes. Eso ocurrió hace cuatro siglos.

Determinante:

Los actuales calchaquíes son autopercibidos, no hablan la lengua y tampoco pueden acreditar presencia ancestral en los valles.

Es decir, tanto los relevamientos como la identificación de las comunidades no coinciden con el espíritu, ni con la letra de la legislación de derecho indígena nacional e internacional.

Ese es el nudo de los conflictos. Los relevamientos que tiene la doctora Odarda en sus carpetas abarcan tierras fiscales y privadas. En primer lugar, los autopercibidos calchaquíes desconocen los títulos de propiedad de los legítimos habitantes, es decir que desconocen el derecho argentino y utilizan la violencia para usurpar los terrenos.

Curiosamente los vecinos vallistos señalan que en la demarcación quedan fuera las fincas de los supuestos caciques y sus familias.

Es metódico. Los argumentos que repiten para justificar su conducta son calcados hasta en el lenguaje con los que utilizan las comunidades mapuches de la Patagonia.

En uno de esos episodios ocurridos en el sur del país, la doctora Odarda, así como la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y otros funcionarios, apoyaron a los usurpadores y se solidarizaron en su desconocimiento de los derechos de los propietarios.

No consta que el INAI aliente las usurpaciones que alteran la paz social donde ocurren, pero sí es cierto que sus políticas tienden a convalidarlas.

En Río Negro, con motivo de la ocupación de la zona de Mascardi, la gobernadora Arabela Carreras afirmó que "veo una participación del INAI que no es constructiva. Debería poder distinguir a las comunidades mapuches de un grupo violento que no reconoce al Estado nacional".

En ese momento Odarda calificó de "desafortunadas" las declaraciones de la gobernadora.

Proyecto Artigas.

En los Valles Calchaquíes, desde hace una década, la conducta del INAI coincide con la descripción de Anabela Carreras, y en este año lo observado se ajusta a los lineamientos establecidos por el Proyecto Artigas, impulsado por el activista Juan Grabois y que conforma un "plan de repoblamiento del país". Una reforma agraria como las que fracasaron en toda Latinoamérica.

Debe quedar en claro que el INAI no tiene autoridad alguna para decidir sobre la propiedad de las tierras, ni públicas ni privadas. Su función es mejorar la situación de los aborígenes que viven en la exclusión y la pobreza. Algo que, a juzgar por lo que ocurre en el norte de la provincia, por ejemplo, viene fuera de la agenda del organismo desde hace mucho tiempo.

Estado de derecho y leyes:

Es imprescindibles que todos, usurpadores y usurpados, tengan la certeza de que en la Argentina la interpretación de las leyes, de la Constitución y del espíritu de los tratados internacionales corresponde a la Justicia.

Las carpetas de la doctora Odarda, digan lo que digan, contengan lo que contengan, no habilitan ningún cambio en la titularidad de las tierras.

La estrategia de inventar comunidades indígenas integradas por personas que, de repente, se autoidentifican como tales, es una parodia y no un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Es un anacronismo. Personas que hasta hace poco eran vecinos comunes y corrientes, incluso intendentes y legisladores absolutamente occidentales, devotos de los santos cristianos y miembros, en algunos casos, de las elites locales, se convirtieron en caciques o se “afiliaron” a las comunidades ficticias. Todo esto deja al descubierto una nueva forma del clientelismo político, que es histórico en nuestro continente y que en nuestro país se asocia con políticas predemocráticas, manejadas con matones. La memoria es frágil. La historia, no, porque se basa en documentos. Pero la violencia de nuestros valles también merece una advertencia: estas conductas son una provocación a la autonomía provincial. En la última década, las malas decisiones hicieron que Salta perdiera el Tren a las Nubes. Ahora, está a punto de perder los Valles Calchaquíes.