El presidente de la empresa de agua y saneamiento, Luis María García Salado, se reunió con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, para analizar la firma de un convenio de colaboración mutua tendiente a la detección y sanción de conexiones clandestinas.

Las conexiones clandestinas ponen en riesgo la salud y el ambiente, además de dañar los bienes públicos y afectar el servicio a otros vecinos. Por ello, Aguas del Norte y el Ministerio Publico Fiscal (MPF) alcanzarán un acuerdo que permita poner operativos los procedimientos para detectar y sancionar las conexiones clandestinas, especialmente las cloacales.

El presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, anticipó que entre otras cuestiones, el convenio marco permitirá determinar fehacientemente cuáles son las zonas de la provincia más afectadas por conexiones clandestinas y que en consecuencia, tienen posibilidades de presentar mayor daño ambiental y mayor riesgo de salud para la población.

En ese sentido, el procurador general recordó que la Constitución de Salta se refiere a la protección del medio ambiente y la defensa de la calidad de vida en su artículo 30, que establece que “todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo” y que “los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias”.

En su artículo 41, la Carta Magna sostiene que “la salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona. Es un bien social” y que “compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades”.