La Unidad de Información Financiera (UIF) volvió a estar en la mira de una parte del oficialismo por proteger a los enemigos del Gobierno. Esta vez, acusan a su titular Carlos Cruz de ignorar dos dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín sobre supuestas maniobras de lavado de dinero de Correo Argentino, empresa de la familia de Mauricio Macri.

Fueron emitidos el 5 y el 14 de mayo e identifican contratos y aportes irrevocables entre el Correo y empresas del Grupo Macri, además de cesiones de créditos entre un Banco austriaco y acreedores de la empresa que la justicia declaró en quiebra hace un mes, pero luego la levantó al hacer un lugar a una apelación.

Los funcionarios del kirchnerismo que siguen estos asuntos de cerca observan azorados como Cruz se desentendió de los dictámenes de Boquín, aunque no se sorprenden del todo.

Como relató LPO, el año pasado Alberto Fernández obligó a Cruz a echar al director de Análisis de la UIF, Lucas Reboursin, por frenar un informe que justificaba la intervención del Gobierno en Vicentin. El funcionario había sido nombrado por el ex titular del organismo Mariano Federici, quien fuera querellante de causas contra Cristina Kirchner. Y no tenía reparos en felicitarlo en las redes sociales por su nuevo trabajo.

Alberto echó a los funcionarios de la UIF de Macri y Carrió anunció una denuncia internacional.

Cruz nunca pagó el precio de haberlo retenido casi 9 meses y ni siquiera se preocupó en reemplazarlo. Además, sostiene a funcionarios nombrados por Macri como Alberto Moises Rabinstein, quien fue parte del Consejo Asesor de la UIF hasta que venció su mandato en junio de este año y continua en el organismo como asesor.

En un situación parecida se encuentra Viviana Sayago, jefa de departamento de la Dirección de Supervisión. Cruz, además, ascendió a director de Sistemas Informáticos a Juan D'Andrea, nombrado por Federici como subdirector en 2018. Se trata de un área central del organismo ya que tiene acceso a toda la información de la UIF tanto nacional como internacional.

Por estas horas, el titular de la UIF, un académico y amigo del presidente, vuelve a estar en el ojo de la tormenta por su inacción para investigar el contenido de los dictámenes de Boquín, que describen operaciones que al menos requieren un estudio.

Cruz nunca pagó el precio de haberlo retenido casi 9 meses a un funcionario que cercano a su antecesor que frenó un informe contra Vicentin. Y sostiene a otros nombrados por Macri, a quien además se niega a investigar.

Se describe que el Banco Meinl Bank adquirió un crédito contra el Correo Argentino de la Corporación Financiera Internacional por US$ 57,9 millones a cambio de US$ 2,9 millones; y otro similar con el BID el 18 de Julio de 2006, firmado como "contrato de cesión y asunción de responsabilidad".

De esta manera, el Banco austríaco se quedó con una acreencia contra el Correo por US$ 62,7 millones por tan sólo US$ 3 millones, según documentó una auditoría del PriceWaterhouseCoopers (PwC), cuando estalló un escándalo por lavado de activos. Advirtieron que se trataba de una maniobra conocida como "back to back", con la que se intenta licuar pasivos.

La primera operación se registra el 7 de septiembre del año 2005, cuando Mervet Establishment Ltd firmó un acuerdo con el Meinl Bank que estableció que el Banco adquiría las demandas de varios acreedores del Correo Argentino.

Como se detalla en el informe de auditoría, recién en 2011 el Banco incorporó al fallecido Franco Macri en la "Declaración de Beneficiario Final" en el legajo de Mervet Establishment LTD, uno de sus clientes.

En 2013 el Meinl Bank acordó con el Correo pesificar sus acreencias por US$ 117,2 millones al tipo de cambio de $ 6,525 por dólar. De esa manera, la licuó mientras que los balances del Correo pasaron a mostrar un patrimonio neto positivo.

Además, los créditos pasaron a formar parte del concurso preventivo y representaban US$ 117,2 millones, el 38% de toda la deuda sin respaldo del Correo Argentino. Como el 48% era del Grupo Macri, esa mayoría accionaria permitió que sea aceptada una oferta con una quita del 50% de la deuda, que no fue acompañada por las entidades públicas ni la fiscalía y no prosperó.

El informe de auditoría destaca también que en el caso de su cliente Melvet, el Meinl Bank incumplió la regulación de lavado de activos en relación con la identificación de la persona jurídica y los órganos de sus representantes autorizados, ante la consulta de un posible fideicomiso, la obtención del propósito y la naturaleza de la relación comercial prevista, así como en relación a la vigilancia continua del cliente, el cual no era monitoreado por el Banco.

Además, los auditores concluyen que, con base en la información disponible, "no se puede descartar que, en este caso el cliente haya optado por la construcción de un crédito con garantía líquida (back-to-back) para ocultar los activos". Esto tendría que haber conducido a la sospecha, y, por tanto, el Banco debió reportar la operación como sospechosa de lavado a la UIF Austriaca.

La fiscal Boquín entendió hace más de dos meses que la UIF local debería actuar, pero por ahora Cruz se desentiende del tema. No está entre sus prioridades.