La fiscal Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión de 2017, en la que se promovió el armado de causas judiciales contra sindicalistas, dificultando así la situación de varios exfuncionarios bonaerenses y exdirectivos de la AFI durante la gestión de Cambiemos.
La situación de varios exfuncionarios bonaerenses y exdirectivos de la AFI durante la gestión de Cambiemos se complicó este lunes a partir de la decisión de la justicia de imputarlos en el expediente que investiga el accionar de una mesa judicial para perseguir dirigentes gremiales en la provincia de Buenos Aires.
La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se promovió el armado de causas judiciales contra sindicalistas, de acuerdo con lo expresado entonces por Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a favor de impulsar una "Gestapo" para perjudicar a dirigentes gremiales.
Este hecho fue considerado este lunes como "muy preocupante" por el presidente Alberto Fernández, quien rechazó los argumentos esgrimidos por Vidal sobre la mesa judicial bonaerense y advirtió: "Es un delito utilizar la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla".
"Es muy preocupante que haya mandado a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista", afirmó el Presidente en alusión a Vidal, en una entrevista con radio AM750.
La investigación, impulsada a partir de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se apoya en el hallazgo de un video en el que puede verse al exministro Villegas y otros exfuncionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.
De aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
También estuvieron en ese encuentro -concretado en la sede porteña del Banco Provincia- Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías.
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak.
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
Este lunes, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, consideró que la instalación de una mesa judicial durante el Gobierno de Cambiemos "no fue algo improvisado" y aseguró que el exmandatario Mauricio Macri "viene armando esto desde que era presidente de Boca".
"Esto no fue algo improvisado. Los que piensan que Macri es nada más que un tilingo, se equivocan", puntualizó Caamaño en diálogo con AM 750 y en el mismo sentido profundizó: "Esto (la coordinación entre espionaje y Poder Judicial) él lo viene armando desde hace muchos años, desde que era presidente de Boca. Las causas cuando llegan a Comodoro PRO se frenan".
Además, Caamaño insistió en la sospecha de que las cámaras que grababan las reuniones en la sede del Banco Provincia "fueron puestas por la AFI" y definió como "una Caja de Pandora" todo el material encontrado en las oficinas del organismo que conduce, por lo que no descartó que puedan aparecer en el futuro nuevos videos.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que la justicia "debe meterse de lleno" en la investigación y "sancionar a los responsables".
Por otra parte, este martes, senadores bonaerenses habilitarán formalmente el allanamiento a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan, solicitada por el juez Kreplak.
Si bien el legislador del PRO ya había dado su consentimiento para que se realizara el procedimiento judicial, fue convocada una sesión especial a partir de las 14 para cumplir con el aval formal del cuerpo, necesario para materializar el allanamiento.
En tanto, el diputado Eduardo Valdés -miembro de la bicameral de Inteligencia- evaluó este lunes que lo revelado en la reunión del 2017 tuvo su correlato en acciones que llevó adelante el Gobierno de Mauricio Macri contra sindicalistas.
Señaló que en ese encuentro los participantes discutían cómo preconstituir causas judiciales contra el extitular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez y el exjefe de la Uocra platense, Juan Pablo "Pata" Medina, quienes finalmente debieron cumplir una condena.
"Todo lo que hablan ahí se concretó con todas las armas que decían que había que usar. Se armaron esas bases de espionaje puestas en la provincia de Buenos Aires para espiar a sindicalistas y opositores", subrayó.
Adelantó además que la Bicameral de inteligencia "van a presentarse ante el Consejo de la Magistratura" para denunciar por prevaricato a los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi por el fallo en el que consideraron que no hubo asociación ilícita en la causa por espionaje ilegal conocida como "Súper Mario Bros".
En este contexto, el Frente de Todos buscará esta semana iniciar el proceso para impulsar el juicio político del procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, uno de los mencionados en la reunión del 2017 como articulador en el armado de causas.
