La decisión del gobierno por la que modificó la reglamentación la ley 27.275 de acceso a la información pública vigente desde 2016 conlleva un atropello en todos los sentidos al ejercicio pleno del derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y, de esta manera, constituye un grave perjuicio para la democracia como sistema. Y no se trata de una cuestión jurídica meramente (aunque en ese campo habrá que librar diferentes batallas), sino de un asunto conceptual que concierne a la concepción misma de la democracia, un sistema que se justifica –entre otras consideraciones– en la diversidad de opiniones y en la transparencia basada en la información.

Dado la condición de periodista de quien escribe estas líneas vale la aclaración de que nada de lo anterior tiene que ver con una defensa corporativa de la profesión. El derecho de acceso a la información pública -que el gobierno de Javier Milei acaba de restringir arrogándose discrecionalmente una facultad que no tiene el Poder Ejecutivo por encima de las leyes e incluso de la Constitución Nacional- no es un derecho restringido a los periodistas. El derecho a la información pública, como parte integral y sustancial del derecho a la comunicación, es ante todo un derecho ciudadano de todas y todos quienes habitamos en este suelo.

Si bien es algo que tendrá que dirimir finalmente la Justicia a primera vista se puede afirmar que lo reglamentado es contrario el espíritu de la ley de acceso a la información pública. Entre otros motivos porque no le corresponde al Poder Ejecutivo definir de manera discrecional cuando la información que involucra a un funcionario público es de “naturaleza privada” o de una “esfera típicamente doméstica”.

Si bien, como se dijo antes, no se trata aquí de expresar una opinión jurídica acerca de lo resuelto por el Ejecutivo, vale recordar que el derecho a la información, en tanto derecho positivo, se da en nuestro país mediante la incorporación de nuestra legislación del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos, ley 23.054 de 1984). Según lo expresara un especialista en el tema como Damián Loreti, esta legislación contempla para el informado (léase el ciudadano) el “derecho a recibir informaciones y opiniones; derecho a seleccionar los medios y la información a recibir; derecho a ser informado verazmente; derecho a preservar la honra y la intimidad; derecho a requerir la imposición de responsabilidades legales; derecho a rectificación o respuesta”.

Todo lo anterior y mucho más queda cercenado por la reglamentación conocida.

Lo que se afecta es la información y su acceso como un bien público. Porque, entre otras cuestiones, se la está restringiendo de manera directa e indirecta y mediante el abuso de controles (por ejemplo, el establecimiento de un registro de quienes “reinciden” en los pedidos de acceso a la información).

El acceso a la información pública es un derecho humano y corresponde al Estado su salvaguarda y tutela. No puede un gobierno por su sola voluntad determinar qué se puede preguntar y qué no, qué puede ser objeto de información pública y qué no lo es. Tampoco considerar que una respuesta es por sí misma suficiente y desestimar la repregunta cuando quien ha requerido determinada información insiste porque considera insatisfactoria la contestación.

Al margen de todas las consideraciones anteriores cabe una referencia destinada a la relación del gobierno que encabeza Javier Milei con el periodismo. El presidente y su ejército de trolls en las redes sociales digitales no han tenido limitaciones para atacar a los periodistas que no coinciden con sus ideas, incluyendo descalificaciones y acusaciones sin fundamento probado. A los periodistas, vale también decirlo, no les cabe ningún derecho adicional por ser tales. Pero sí el de ser respetados por su condición ciudadana, a no ser atacados, calumniados y agredidos por la profesión que ejercen.

El gobierno que se presenta como “liberal libertario” no acepta la diversidad, no puede convivir con la crítica y la diferencia. En otras palabras, no acepta las reglas elementales de la democracia.

Podrá decirse con razón que el tema del acceso a la información y sus restricciones es apenas un capítulo menor en el marco del desastre que implica el hambre y la pobreza de muchas personas. En orden importancia y atendiendo a las urgencias no es el problema central, pero es uno más que agrava el escenario.

Lo que está sucediendo no puede ser apenas un alerta para un sector de la sociedad, para un gremio o una actividad en particular, para quienes preguntan buscando la verdad de los hechos, para quienes critican o simplemente expresan opiniones diferentes. Es una grave llamada de atención que requiere reacción acorde de la política, de la justicia, de todas las instancias sociales, organizativa, académicas. Porque de lo contrario se estaría dando por sentado que en nombre de “la libertad” se pueden seguir convalidando atropellos a la calidad de vida, la democracia y sus instituciones.

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