Sobreprecios y arreglos multimillonarios

 El Ejecutivo le paga $65 millones al mes a la familia Pocovi, amiga de Javier Milei, para poner un lujoso callcenter. Al lado se instalaría la “Fundación Faro”, la orga libertaria de Santiago Caputo.

En un escándalo de dimensiones colosales, el Gobierno de Javier Milei fue denunciado en las últimas horas por orquestar una multimillonaria maniobra de desvío de fondos del PAMI. La causa tiene por principal acusado al mega asesor Santiago Caputo e investiga una sospechosa operación con sobreprecios por más de $2.300 millones arreglada con amigos del Presidente para alquilar un piso de lujo en un Palacio en pleno centro porteño, presuntamente para usar las instalaciones como sede de la “Fundación Faro” oficialista.

El lujoso Palacio de la Reconquista situado a metros de la Casa Rosada estaría a punto de convertirse no solo en un híper costoso callcenter estatal, sino además en un búnker de la última “orga” mileísta. La razón es una maniobra repleta de dudas y acusaciones ya reposadas en un despacho judicial que apunta contra Santiago Caputo, el titular del PAMI Esteban Leguízamo, el escritor libertario y director de la “Fundación Faro” Agustín Laje y la familia Pocovi, socia del Presidente, dueña de la exclusiva propiedad y, de yapa, intermediaria de la multimillonaria operación.

Así lo destapó una fuerte investigación publicada recientemente por El Disenso que motivó una contundente denuncia del abogado Gregorio Dalbón. La cara “formal” de la maniobra, presuntamente orquestada entre el Gobierno Nacional y sus socios inmobiliarios con el mayor cuidado, indica un enorme negocio de $2.300 millones durante tres años, a razón de $65 millones al mes, para alquilar un piso del susodicho Palacio del centro porteño. Las instalaciones, opulentas por cierto, serían utilizadas para instalar un callcenter donde atender las consultas del PAMI.

LA COMPULSA MULTIMILLONARIA Y LA FAMILIA POCOVI

La operación fue blanqueada en la compulsa 500/24 firmada por Leguízamo y no tardó en despertar sospechas por tres causas. Primero, la compra registra evidentes sobreprecios: su valor triplica el de otros pisos en edificios similares de la zona, y contempla un monto “extra” de hasta $1.000 millones en concepto de “refacciones” que todavía no comenzaron. Segundo, llamativamente, la operación registró un único oferente: la empresa Inversora Eslava S.A., dirigida por la familia Pocovi, dueña de la propiedad.

La familia Pocovi está profundamente entrelazada con el Gobierno Nacional. Marcelo Pocovi representa la firma; su hermana, Victoria Eugenia Pocovi, la preside; y su hijo, Kevin Pocovi, es su vicedirector. Kevin viajó con Milei a Estados Unidos para ver al presidente Donald Trump en Mar-a-Lago y en la CPAC en noviembre pasado. En inglés, el joven explicó en redes sociales que formó parte del “Team Argentina” y que su rol fue el de “apoyar” al mandatario libertario en la gira internacional, aunque no quedó claro cuáles fueron sus aportes.

La figura de Marcelo Pocovi tampoco está exenta de controversias. Dermatólogo devenido en empresario, fue pareja y tuvo un hijo con “Zulemita” Menem, hija del expresidente Carlos Saúl Menem y prima del actual titular de la Cámara de Diputados Martín Menem. El “clan Menem” guarda una fuerte figura en el armado libertario en Eduardo “Lule” Menem, asesor de la hermana presidencial Karina Milei y dirigente de extensa trayectoria en el Senado que hoy conduce Villarruel, porque todo tiene que ver con todo.

Finalmente, en tercer lugar, la compulsa contó con un intermediario: la inmobiliaria Miriam Campos S.A., que pertenece a la madre de Pocovi. Según reveló El Disenso, la agencia de bienes raíces cobró más de $46 millones en forma de honorarios. Para peor, de acuerdo con la información del medio, la operación del PAMI no requería la mediación de ninguna entidad; sin embargo, el Gobierno Nacional decidió incluirla igualmente a cambio de un monto sideral.

UN BÚNKER PARA LA “FUNDACIÓN FARO” DE LOS CAPUTO

Entretanto, el cuantioso alquiler del Palacio de la Reconquista resulta aún más grave por otro elemento escandaloso. El hecho se vincula directamente con la “Fundación Faro” que conduce el ultraderechista Agustín Laje por Santiago Caputo y que busca oficiar como think tank electoral de LLA. La “orga” oficialista fue dada a conocer solo días después de la firma de la compulsa 500/24 con el fin expreso de facilitar “la creación de cuadros políticos y liderazgos” libertarios “para contribuir al crecimiento económico y social de la Nación” otorgándole “estructura” y “orden” a la “pelea” encabezada por Milei.

Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad y, en este caso, una gran “estructura” requiere una sede de similar porte. Pues bien: según informó TN al momento del lanzamiento, la agrupación contaría con oficinas “ubicadas en Reconquista 40” y pertenecientes “al empresario Marcelo Pocovi”. Eso no es todo: el piso donde serán emplazadas es el mismo “que utilizó la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la campaña” – quizás el motivo por el que la dirigente y Kevin Pocovi eran tan cercanos.

Escándalo: El Gobierno habría desviado $2300 millones de PAMI para alquilar un Palacio como sede partidaria Mientras el Palacio de la Reconquista espera la instalación del callcenter, en la Justicia ya está asentada la denuncia por el que, se cree, es el verdadero objeto de los sobreprecios abonados sin resquemores por la administración libertaria: establecer el búnker oficial de la “Fundación Faro” en una oficina contigua a la del PAMI, pagada con fondos de los jubilados y beneficios directos a los amigos del Presidente y la vice, con amenities de lujo y una ubicación privilegiada a metros de la Casa Rosada.

Un elemento de peso en la causa recién abierta es que en la volteada no cae solo Santiago Caputo sino también su hermano Francisco Caputo, quien figura como una de las autoridades de la “Fundación Faro”. El dirigente Alberto Benegas Lynch hijo, figura del movimiento liberal libertario argentino y referente de Milei, lo blanqueó en Twitter cuando remarcó el papel del joven en la “coordinación” de la institución. El tendal apunta a los Caputo como actores centrales en la “orga” y, por tanto, en el escándalo susodicho.

La presentación ya está en manos del juez Sebastián Casanello, del Juzgado Federal N°11, y el fiscal Franco Picardi, de la Fiscalía Federal N°5. Integra los delitos de “defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública”. Su potencial político es igual o más fuerte: amenaza con echar luz sobre un negociado tan cuantioso como oscuro y desenredar, de a poco, la trama de poder del misterioso asesor Santiago Caputo.