Cuando lleguemos a Argentina contamos lo sucedido, ahora tenemos que salir de este país lo más seguramente posible. Todo lo mediático influye”, confía a noticias la actriz Mónica Gonzaga.

Según supo esta revista, las indicaciones de los abogados fueron claras: “No más medios por el momento”. Es que la fiesta clandestina que realizó su hijo Adriano Sessa para más de 500 personas en Uruguay terminó con la expulsión del joven de 22 años del país vecino. Ahora buscan mantener un bajo perfil hasta poder acomodar el tema con sus representantes. Lo cierto es que no es el único caso de argentinos infractores en la pandemia. En nuestro país comenzó el juicio al surfer que volvía de Brasil por la Panamericana, el personal trainer que agredió a un guardia que lo denunció por incumplimiento de la cuarentena y el joven que asistió a una fiesta de 15 años con síntomas.

La rapidez del país de Lacalle Pou para actuar en el caso de Sessa fue destacable. El Ministerio del Interior uruguayo dispuso la cancelación de la residencia temporaria que le había otorgado Migraciones. De esta manera, será expulsado por haber violado las leyes que prohíben realizar aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus. Uruguay está atravesando un incremento en la curva de contagios y cuenta con un total de 87 mil positivos y más de 800 muertes.

Emblemáticos

En simultáneo con el hijo de la famosa, pero un poco más lenta a la hora de actuar, la Justicia local decidió llevar a juicio a tres de los casos más insólitos que hubo en la Argentina desde el inicio del aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO) en 2020. El primero es el de Federico Llamas, más conocido como “el surfer”. El muchacho se hizo viral luego de enfrentar a Gendarmería cuando regresaba de sus vacaciones en Brasil a bordo de su camioneta 4x4. Está acusado por “infracción al artículo 205 del Código Penal”, que prevé una condena de seis meses a dos años de prisión. En la actualidad adoptó un perfil bajo en las redes, donde solía publicar imágenes de su habilidad con las olas. Lo más probable es que se resuelva con juicios abreviados y penas en suspenso. Una de las perlitas que dejó este suceso fue la forma en la que el presidente Alberto Fernández calificó a Llamas. Lo llamó “idiota” por cadena nacional.

Sin duda, el caso que mayor repudio generó entre los argentinos fue el de Miguel Ángel Paz. El personal trainer que reaccionó violentamente el 14 de marzo del año pasado cuando se enteró que el portero de su edificio, ubicado en la calle Rosales al 2700, en la localidad bonaerense de Olivos, lo había denunciado por no respetar la cuarentena. El preparador físico golpeó en forma brutal al hombre y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Al igual que con el caso del surfer, las probabilidades de que haya una condena son pocas.

Fiesta Covid.

Eric Torales es un joven de 26 años que se hizo conocido por asistir a una fiesta de 15 contagiado de coronavirus, apenas regresó de Estados Unidos el 14 de marzo de 2020. El muchacho no respetó los días de aislamiento obligatorio que regían en ese momento para los que llegaban del exterior. Lo cierto es que la travesura le costó caro. Ese día se contagiaron 19 personas, entre ellas su abuelo, que murió. La fiscalía federal de Morón pidió enviarlo a juicio por el delito de “propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa”, agravado por “haber resultado en enfermedad y muerte”, que prevé una condena de hasta cinco años de prisión.

Si bien estos casos no fueron los únicos, sí generaron las mayores repercusiones. A la lista se suma el empresario gastronómico Roberto Daniel Dutra, que quebrantó catorce veces la cuarentena en la ciudad de Rosario, y el de Luca Singerman, que se subió a bordo de un barco de la empresa Buquebus (con otros 400 pasajeros), para hacer el trayecto entre Colonia del Sacramento y Puerto Madero, sin decir que había dado positivo en el diagnóstico por coronavirus. Por el delito, el rosarino solo pagó 1.800 viandas de comida al Arzobispado de Rosario, y Singerman fue embargado por 25 millones de pesos según lo dispuso el juez federal Luis Rodríguez.

De: Revista Noticias