Prado, ex intendente del municipio de Aguaray, fue imputado el 18 de mayo de 2020 por el delito de defraudación a la administración pública por el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, iniciándose así una seguidilla de audiencias, en la que no sólo se sumaron más cargos sino también varios imputados.

En aquella audiencia, ante el juez federal de Orán Gustavo Montoya, el ex jefe comunal, defendido por el abogado Fernando Teseyra, fue imputado junto al ex secretario de Hacienda de ese municipio, Freddy Marcelo Céspedes y al empresario mendocino, Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA.

Posteriormente, el 28 de julio y producto de la investigación que llevaron adelante la Unidad Fiscal Salta de manera conjunta con las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal, a cargo de los fiscales José Luis Bruno y Marcos Romero respectivamente, se amplió hacia otros implicados.

Uno de ellos fue el empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil S.A., con asiento en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, a quien Villalba, junto a la fiscal auxiliar Roxana Gual, le endilgó los delitos de robo agravado y fraude a la administración pública por su presunta participación en el robo de caños.

También se imputó el delito de robo calificado a otros cuatro empresarios más, entre ellos Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton René Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de MyP, ex WeatherFor.

Más caños

Al respecto, el fiscal Bruno sostuvo que los acusados participaron de las maniobras realizadas el 14 de abril del año pasado, que llevaron a la sustracción de 170 caños del gasoducto en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de la localidad General Mosconi.

Por su parte, el fiscal Romero amplió la acusación contra Miguel Angel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez por el delito de robo calificado, mientras que al ex intendente Prado, se sumó el delito de fraude a la administración pública por otro hecho. Más adelante, el 28 de agosto, el fiscal Villalba imputó a Antonio Vera, quien se hallaba prófugo desde el 14 de mayo de 2020 cuando la fiscalía solicitó su captura internacional en el marco de la investigación por el robo de 213 caños del Gasoducto Nea, los delitos de robo y defraudación.

De esta manera, la cantidad de imputados avanzó hasta once, aunque luego se redujo a 10, pues uno de ellos, Rodríguez, acordó un juicio abreviado por el delito de hurto simple, acusación penal por la que recibió una pena de 6 meses de prisión en suspenso. El resto, en tanto y desde el 24 de junio, deberán responder en juicio por varios delitos en este caso de corrupción.