El 2 de enero, en la primera jornada del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa, la jueza María Claudia Castro interrumpió a Fernando Burlando, abogado de los padres de la víctima. Ese día, Burlando planteaba los lineamientos. Venía deslizándose como en una pista lisa y liberada: "Intentaremos demostrar que aunque intentaron limpiar el ADN de un crimen salvaje, esas manchas no se limpian con nada. Vamos a demostrar también que frente a este acto salvaje, tuvieron actitudes que incluyen un acto de miserabilidad...". Y la jueza lo cortó: "Sin ánimo de interrumpirlo, doctor, esto no es un alegato". Y Burlando dijo "sí, sí" y redujo, como pudo y en la marcha, la acumulación de adjetivos con la que había llegado. Castro conoció a Burlando hace 23 años, cuando en esta misma sala se juzgaba el crimen de Cabezas. Ella hacía carrera en el Fuero Penal. Él ya le brillaba a la cámara de televisión.
Les decían los horneros porque eran oriundos de la localidad platense llamada Los Hornos. Una banda de cuatro: Héctor Miguel Retana, Gustavo González, Horacio Anselmo Braga y José Luis Auge. Los había reclutado el policía José Luis Prellezo y respondían a Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán. La madrugada del 25 de enero de 1997, los horneros secuestraron al reportero gráfico José Luis Cabezas (35) en Pinamar. El fotógrafo junto al periodista Gabriel Michi realizaban cobertura de verano para Revista Noticias. La banda golpeó, esposó y asesinó de dos disparos en la nuca a Cabezas. Su cuerpo fue incinerado en el interior de un automóvil encontrado en una cava de General Madariaga. Fernando Burlando, ahora abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, ofició de abogado defensor de los horneros durante el juicio en su contra.
María Claudia Castro, ahora presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores y una de las juezas que deberá decidir sobre el destino de los ocho acusados de matar a Fernando, era entonces una de los tres fiscales. Cuando comenzó el primer juicio, en diciembre de 1999, Castro acababa de asumir como fiscal de instrucción. Había trabajado en el juzgado de José Luis Macchi durante los años de investigación del caso pero no había intervenido directamente en el expediente. A finales de 1999, la convocaron para integrarse al equipo de fiscales que llevarían adelante la acusación en el juicio. Tenían un mes y medio para prepararse, contó a elDiarioAR en su primera entrevista sobre el caso Cabezas, 25 años después.
En febrero de 2000, ocho hombres fueron condenados a reclusión perpetua por el homicidio. Entre ellos, los horneros. A pesar de las condenas, ninguno cumplió la pena. Tras la sentencia, la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires bajó las penas de los acusados y les permitió acceder a libertades condicionales mucho antes de lo que hubieran conseguido. Con ese caso, Burlando ganó popularidad. Las defensas que asumió después lo convirtieron en un abogado mediático: Rafa Di Zeo, Giselle Rímolo, Horacio Conzi. Representó a Carola Labrador, la madre de Candela -secuestrada y asesinada en agosto de 2011 en San Martín, provincia de Buenos Aires- y a Claudia Villafañe contra su ex marido, Maradona, que le reclamó a la mujer una millonada en bienes. Su último defendido famoso es Juan Darthés, denunciado por abuso sexual.
La jueza Castro, 54 años, y Burlando, 58, cursaron Derecho -y se recibieron- en la Universidad Nacional de la Plata. Ella nació en Azul pero su carrera la hizo en Dolores y siempre en el Fuero Penal. A finales de 2014, y después de años de haber concursado al cargo de jueza, resultó electa en el penal del TOC N°1. En la sala de audiencias donde se lleva adelante el juicio por el crimen de Báez Sosa y que ahora preside, también se debatió el Caso Coppola: el ex manager de Diego había sido involucrado en una red narco que vendía drogas a la farándula en la temporada de verano. Al final resultó una causa armada, pero aquel juicio revolucionó Dolores. Una vez vino Maradona.
En el juicio por el crimen de Báez Sosa, a Castro la secundan Christian Rabaia, el vicepresidente del Tribunal, que llegó hace tres años a Dolores; y Emiliano Lazzari que, por decisión de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense, cubrió una vacante que se había abierto en 2018. El TOC N°1 tiene jurisdicción sobre 15 municipios bonaerenses, desde Chascomús a los partidos de la Costa.
Fernando Burlando abrió y cerró los alegatos de la querella, que está a su cargo junto a varios abogados de su estudio. Parte de su equipo fue turnándose para asistir a las audiencia por el juicio de Báez Sosa. Una vez fueron catorce, casi el doble de los imputados. Suelen ocupar dos filas de bancos y parte del pasillo en una sala abarrotada. Dos veces lo acompañó en la sala El Oso, su personal trainer. Burlando adelantó que quiere ser candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires. Se lo dijo a Infobae: "Me parece que ha llegado el momento de dedicarme a la política. Con un partido político que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO". El partido se llamará, adelantó, Movimiento de Integración Federal. Casi al pasar, hacia el final del alegato, dijo al Tribunal: "Le doy la palabra a la nueva generación del estudio, Fabián Améndola", en referencia a su socio. ¿Será el caso Báez Sosa su trampolín partidario?
de Victoria De Masi
