En comodoro Py saben que desde el 10 de diciembre Alberto y Cristina, en tándem, desplegarán su experiencia para cambiar las reglas de juego y dejar sus tribunales sin el rol protagónico en las causas de corrupción.

La hoja de ruta de la fórmula presidencial para humillarlos ya está trazada y empezaría transfiriéndole a los fiscales el poder de instrucción de las causas, como indica el Código Procesal Penal aprobado en 2014, pero sólo implementado parcialmente.

Su aplicación depende de una bicameral del Congreso que hace dos semanas dispuso una prueba piloto en Rosario y Mendoza, en una resolución que también restringió el uso de prisiones preventivas y abrió la puerta a un reclamo de libertad de los ex funcionarios presos.

Con un Senado controlado por Cristina, las bicamerales serán oficialistas y una resolución similar avalada por el presidente puede ampliar el modelo acusatorio al resto de las provincias y reducir los jueces federales a supervisores de las causas.

Alberto y Cristina creen que un Procurador cercano podrá controlar los nuevos fiscales con facilidad. También creen estar cerca de tener la Magistratura para monitorear jueces.

Habría sido uno de los reclamos de Alejandro Slokar para considerar la propuesta de ser Procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales del país, un cargo para el que también se anota el juez Daniel Rafecas.

Si bien Cristina sufrió la rigidez de algunos fiscales, muchos quedaron contra las cuerdas. Carlos Stornelli, que el viernes declaró 11 horas en Dolores por la causa sobre espionaje ilegal; Germán Moldes se jubiló y varios de sus colegas podrían seguir ese camino para que su nuevo jefe no se las haga difícil.

Un procurador no tiene que pasar por el Congreso para nombrar un fiscal y son juzgados por jury interno que por ahora controla Juntos por el Cambio, pero con nuevos aires políticos puede variar. Fue lo que intuyó Stornelli cuando abandonó su rebeldía y se animó a declarar ante Alejo Ramos Padilla.

Alberto y Cristina tampoco parecen tener problemas en controlar el nombramiento de jueces, después de la demostración de poder exhibida esta semana en el Senado. Con mayoría propia y holgada, la ex presidenta le reservó la presidencia de la Comisión de Acuerdos a su protegida Anabel Fernández Sagasti, quien ya empezó a revisar los 130 pliegos de jueces pendientes de aprobación.

La mayoría quedarán descartados y el presidente podría elevar los propios sin mayores negociaciones, porque está cerca de controlar el Consejo de la Magistratura, si algún juez o abogado salta al otro lado de la grieta.

Para fortalecer a su tropa, Cristina ubicará a Mariano Recalde por el cupo que deja el bloque de Santiago del Estero, premiado con la presidencia provisional. Necesita muchos ojos propios cerca de los Tribunales.