Argentina enfrenta un desafío en el ámbito de su política exterior, que tiene que ver con el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de Derechos del Niño. Se trata de un área de los Derechos Humanos que está regulada internacionalmente, y Argentina forma parte de ese sistema. Las últimas apreciaciones de las autoridades internacionales en la temática, radicadas en Ginebra (Suiza), fueron fruto de la última revisión a la que el país debió hacer frente en 2018.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados partes. Asimismo, el Comité regula la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Los Estados partes de la Convención se comprometen a presentar al Comité informes periódicos sobre el ejercicio de los derechos en sus territorios. El Comité examina esta información y se expresa al respecto a través de sus “observaciones finales”. De esta manera, se aconseja a los gobiernos que concentren sus informes en factores y dificultades que han confrontado en la aplicación de las disposiciones de la Convención y en establecer metas específicas para impulsar progresos. El Comité acepta informes alternativos de organizaciones no gubernamentales del país. Además, otras organizaciones competentes de las  Naciones Unidas, como Unicef, pueden aportar también su propia perspectiva sobre la situación de la infancia en el país al que refiera.

Argentina interpelada.

Argentina es un Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, así como de los protocolos facultativos antes mencionados; y como tal, está comprometido en su política exterior, a presentar informes al Comité y a formar parte del sistema. En nuestro país, ese instrumento se ha incorporado a la Constitución Nacional y tiene su plena recepción con la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (N° 26.061) y en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Los dos últimos Grupos de Trabajo que han analizado a Argentina, lo han hecho en el periodo de sesiones de mayo/junio de 2010 y las pre-sesiones de octubre de 2017, instancias preparatorias para el último período de sesiones 78 que se realizó en mayo y junio 2018. Dado que se detectó un lapso durante el cual Argentina no presentó reportes al Comité (2010-2017), contamos con la línea de base desde 2010. En el presente año, Argentina contestó en marzo a la lista de problemáticas que el Comité emitió en 2017 con ocasión del período de pre-sesiones 78 llevado adelante en octubre de 2017. Cabe mencionar los aspectos claves presentes en la lista de problemáticas detectados, en los cuales Argentina tiene que dar cuenta para la revisión en el período de sesiones 78. Dicha información denota la situación actual de la niñez y la adolescencia en el país. Al respecto, puede observarse, que el nodo problemático más acuciante de la lista fue la problemática de la administración de justicia juvenil. Le sigue en orden de preocupación, la categoría de difusión, capacitación y sensibilización; y salud adolescente. También, puede mencionarse que hubo tres problemáticas que han surgido luego de 2010 como críticas, es decir, en las presentaciones de 2017, a saber: problemáticas de Género; Niñez Indígena e Impacto del Medio Ambiente.

En ese marco, y en vistas al período de sesiones 78, los trabajos preparatorios del grupo de trabajo pre-Sesiones rescató los avances legislativos del país, así como el Comité expresó sus preocupaciones y pedidos al Estado para que brinde información actualizada, a la que el Estado argentino respondió en marzo de 2018. En tal contexto, Argentina envió información, especialmente a través de una serie de agencias: institución nacional de Derechos Humanos (Defensoría General de la Nación); partes interesadas (Poder Ejecutivo provincia de Buenos Aires; Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires); y algunas  organizaciones de la sociedad civil (Comité argentino de seguimiento y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; Centro de Estudios Legales y Sociales; Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia Argentina; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer; Frente de Abogadxs Populares; Fundación Che Pibe; Fundación Sur Argentina; Human Rights for Hermaphrodites too!; Infancia en Deuda; Insgenar; Instituto de Género, Derecho y Desarrollo).

Expertos preocupados.

Por último, cabe anotar que los expertos independientes que integran el Comité le consultaron a la delegación nacional por la protección de los chicos y las chicas más vulnerables, la designación del Defensor del Niño y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Por otro lado, los expertos mostraron preocupación por la situación económica, las tasas de abandono escolar en el nivel secundario, la violencia institucional y las marcadas inequidades interprovinciales en el acceso a derechos, entre otros temas.

La Convención de los Derechos del Niño se sancionó en un contexto internacional neoliberal. Sin embargo, marcó un cambio de paradigma que en Argentina se plasmó en grandes logros en salud y educación, aunque quedan retos por cumplir en su implementación. El cambio radical que implicó ha sido el paso de una visión tutelar de los niños y niñas a una mirada que los reconoce como sujetos de derecho. Hoy, en un contexto volátil a nivel nacional e internacional, con afectaciones económicas y sociales que enfrentar, es aún más complicado poder llevar adelante medidas concretas para la correcta implementación del sistema de protección. Es por ello, que se requiere más que nunca un esfuerzo estatal que no deje en mayor vulnerabilidad a los menos protegidos.

Antonella Giordano / Especial para El Ciudadano

Licenciada en Relaciones Internacionales; máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, y miembro del Grupo de Trabajo del Observatorio de Política Exterior Argentina.