Los liberales han instalado con cierto éxito un mito: no podemos tener empresas públicas porque el Estado es un mal administrador. Tienen a mano un buen argumento: las empresas estatales fueron privatizadas porque eran deficitarias. Claro que nunca se preguntan por qué lo eran… En este artículo veremos que el problema no se encuentra en el Estado per se, sino en el carácter de clase del Estado. Es decir, en la clase que lo administra: la burguesía. Los empresarios que, gobierno tras gobierno, manejaron (y manejan) los resortes del Estado, exprimieron las empresas públicas hasta dejarlas fundidas. Veamos algunos ejemplos.

El Polo Petroquímico de Bahía Blanca, un complejo industrial estatal-privado donde un selecto grupo de empresas (Ipako –del Grupo Garovaglio y Zorraquín–, Compañía Química –de Bunge y Born–, Indupa y Electroclor –propiedad de Celulosa Argentina y Duperial–, entre otras) poseía la mitad del capital de su planta madre y el 70% de las plantas satélites, se abastecía de etano producido en la planta separadora de General Cerri, propiedad de Gas del Estado. La materia prima para producirlo, gas natural, era provisto por YPF. Mientras estuvo en funcionamiento el Polo Petroquímico, YPF vendió el gas a la planta de General Cerri a un precio inferior a sus costos. A su vez, Gas del Estado vendía el etano a Petroquímica Bahía Blanca también a pérdida. Con este esquema, solo en un año (1989), YPF perdió US$ 2,47 por cada mil m3 cúbicos entregados a la planta de Gas del Estado en General Cerri. Ésta, a su vez, perdió US$ 3,67 por cada mil m3 de etano vendido a Petroquímica Bahía Blanca. El ingreso resignado por ambas en beneficio del capital privado ascendió, solo ese año, a 16 millones de dólares en el caso de YPF y a 807,7 millones de dólares en el caso de Gas del Estado, pero las pérdidas (cubiertas mediante compensaciones del Tesoro Nacional) se extendieron a lo largo de toda la década del 80.

El mismo mecanismo se replicó en la rama del acero. Aquí la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa) vendía su producción a las siderúrgicas y laminadores locales (Techint, Acindar, las automotrices, la construcción) a un precio subsidiado que apenas alcanzaba para mantener los costos operativos. Durante la década del 60 Somisa operó con pérdidas del 1%, para los 70 éstas alcanzaron el 9% y en los 80 llegaron al 20%. A lo largo de las tres décadas en las que estuvo operativa, Somisa arrojó un promedio de 6% de pérdida. La riqueza cedida por Somisa al capital privado, al vender su producción a un precio subsidiado, fue de 12.666 millones en 30 años. ¿Cómo compensaba Somisa sus déficits? Mediante el aporte de fondos de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que transfirió a Somisa, entre 1961 y 1989, 13.580 millones de dólares.

Último ejemplo: durante la última dictadura comenzó el proceso de “privatización periférica” de YPF. Éste consistió en la adjudicación de pozos, hasta entonces en manos de YPF, a unas pocas petroleras privadas (Bridas, Perez Companc, Astra, Pluspetrol, Techint, SADE y Socma, entre otras). Los empresarios que ingresaron en este esquema se aseguraron un negocio sumamente rentable: no solo accedían a la explotación de áreas petroleras ya exploradas, con reservas comprobadas e infraestructura para comenzar a operar, sino que también tenían un comprador asegurado, ya que vendían su producción a YPF mediante el régimen de contratos. Para ganar las licitaciones ofertaron cuotas de producción superiores a las que podían cumplir, apostando a la renegociación de los contratos que consiguieron bajo los gobiernos de Bignone y Alfonsín. Así consiguieron mejorar los precios (que aumentaron un 250% promedio, en dólares, entre 1977 y 1988), bajar los compromisos productivos y que les condonaran multas por incumplimiento de las metas productivas por 40 millones de dólares. Estas empresas vendieron a YPF, entre 1976 y 1987, 35,4 millones de m3 de petróleo. Por ello obtuvieron como ingresos netos, descontando los costos operativos y las inversiones realizadas, 846 millones de dólares. YPF pagó un total de 1.742 millones de dólares por esa producción, cuando producirla por su cuenta hubiera costado la mitad. Obviamente, esto ocasionó déficits en los resultados operativos de YPF, que oscilaron entre un mínimo de 93,9 millones de dólares de pérdidas en 1984 y un máximo de 2.140,4 millones de dólares en 1981.

Los ejemplos presentados marcan una línea de continuidad en la relación entre los grandes empresarios locales y las empresas estatales que supimos tener. Empresarios que, en muchos casos, siguen digitando el pulso de la política local y obteniendo beneficios a costa de todos nosotros. Ayer se los conoció como la “patria contratista”, hoy como la “mafia de los cuadernos”. He aquí la verdadera casta, que succiona riqueza social para compensar su propia ineficiencia. La Argentina puede volver a tener empresas públicas. Puede tener un Estado productivo y eficiente. Pero para eso hay que dejar de subsidiar empresarios ineficientes.