Escándalo en la industria: denuncian cartelización, evasión y entrega de soberanía a capitales chinos
En un país donde los recursos naturales deberían ser el motor del desarrollo, el litio argentino se ha convertido en el emblema de una entrega sistemática. Mientras los grandes medios guardan silencio, la Cámara Latinoamericana del Litio (CLL) destapó una trama que involucra cartelización empresarial, subfacturación millonaria y un modelo extractivo sin control estatal.
Los números del mes de abril 2025 exponen una radiografía alarmante. El 100% del litio producido en el país fue exportado, y un abrumador 85,71% tuvo como destino a China, lo que deja en evidencia una dependencia comercial preocupante. Estados Unidos apenas recibió el 9,22%, Japón el 3% y el resto de los países quedó en porcentajes marginales.
Exportaciones por país de destino – Abril 2025:
China: U$S 67.770.847 – 8.339.000 kg
EE.UU.: U$S 7.291.465 – 707.909 kg
Japón: U$S 2.374.556 – 282.000 kg
España, Francia, Países Bajos y México: participaciones menores al 1%
La situación se agrava cuando se observa que solo cinco empresas concentran toda la exportación, con Minera Exar S.A. a la cabeza (45% del total), seguida por Minera del Altiplano S.A. (28%) y Sales de Jujuy S.A. (23%). La CLL denuncia que esta concentración configura una cartelización del sector, que bloquea la competencia y favorece intereses foráneos.
Además, un análisis de precios arroja diferencias escandalosas entre los valores FOB declarados por las compañías y los precios internacionales de mercado. La subfacturación asciende a más de 16 millones de dólares, dinero que no ingresa al Estado argentino ni beneficia a las economías locales.
Diferencias entre precios declarados y valores internacionales – Abril 2025:
Precio FOB declarado: U$S 79.069.685
Precio internacional estimado: U$S 95.439.152
Diferencia por subfacturación: U$S 16.369.466
“Esto no es un error administrativo: es un saqueo planificado”, sostuvo Pablo Rutigliano, presidente de la CLL. En diálogo con medios alternativos, el dirigente apuntó contra la Junta Directiva de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), encabezada por Roberto Cacciola, por operar en favor de empresas extranjeras y bloquear la tokenización del litio, una herramienta basada en tecnología blockchain que permitiría mayor trazabilidad y control estatal.
La CLL amplió su denuncia penal en la causa federal N° 3309/2023, radicada en los tribunales de Comodoro Py, contra Cacciola, Andrea Polizzotto, Alejandra Cardona y Favio Casarín, por presuntas maniobras de evasión fiscal, exclusión de proveedores locales y connivencia con capitales chinos.
“La industria minera está copada por lobbistas ensobrados y geólogos de escritorio que defienden sus privilegios”, disparó Rutigliano. “Negar que el litio es un commodity es una estrategia para seguir vendiéndolo a precio vil y afuera del control estatal”.
El conflicto también toca fibras políticas. El diputado provincial de Catamarca, Hugo Ávila, cargó contra el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): “Esto es extractivismo colonial. En Fiambalá hay 300 chinos trabajando en una planta y ningún beneficio real para la comunidad. Todo lo traen de afuera, hasta los baños químicos”, denunció.
Mientras tanto, la Secretaría de Minería de la Nación no emite palabra. No audita, no controla, no exige una política industrial, ni defiende la soberanía energética. La cadena de valor nacional está quebrada: las fábricas argentinas no acceden a litio local y deben importarlo más caro, con recursos propios. Un contrasentido inadmisible.
Desde la Cámara Latinoamericana del Litio exigen la declaración urgente del litio como commodity, la intervención del Estado Nacional, la creación de una agencia pública de control y una mesa federal con participación de las provincias, las pymes y la sociedad civil.
Porque sin transparencia, sin trazabilidad, sin desarrollo nacional, lo que queda es un país que sigue regalando su futuro mientras una élite firma contratos en nombre de todos, pero en beneficio de pocos.
