Nada. Eso es lo que va a quedar de algunos de los 600 edificios que han sido alcanzados por la lava del volcán de Cumbre Vieja, La Palma, durante los diez días que lleva en erupción. La única esperanza para los afectados es la indemnización que podrán recibir bien del Consorcio de Compensación de Seguros ―pues la mayoría de las compañías no cubre este tipo de eventos de fuerza mayor― o del Gobierno, tras la declaración de zona catastrófica. La evaluación de los daños comenzó en el primer momento, pero nadie sabe cuándo podrá llegar a su fin. En esta tarea será clave la tecnología: los drones, el geoposicionamiento por satélite o las imágenes tomadas por Google Earth a lo largo de los años serán algunas de las herramientas de las que se servirán los peritos para saber qué había donde ya no hay nada y para poder evaluar los destrozos.
Comienza el octavo día de la erupción volcánica en La Palma, a la espera de que en las próximas horas la colada volcánica llega al mar, de que está pendiente el buque Ramón Margalef, del Instituto Español Oceanográfico
Los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ocupan de las catástrofes naturales en España, como las inundaciones o los terremotos; pero, a diferencia de otros desastres, la principal característica de una erupción volcánica como la que sufre La Palma es que la lava acaba con todo lo que había a medida que avanza por el terreno. Fernando Muñoz, presidente de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías, explica que ‘‘el problema es la identificación de los restos, que en muchos casos son inexistentes, además de que el propio estado del terreno va a impedir la aproximación (de los profesionales). Se tendrán que recopilar datos indirectos, a través de otras fuentes’'.
Esa aproximación al terreno va a facilitarse, en parte, gracias al uso de drones, aunque, por el momento, la situación no permite que se utilicen: ‘‘Ahora mismo está prohibido, pero, cuando se pueda, estaremos sujetos a la misma legislación que cualquier empresa’', en lo que respecta a qué tipo de drones se podrán utilizar y quién podrá manejarlos. Arturo López-Linares, director de siniestros de AXA, explica que ‘‘se trata de poner ojos donde el ser humano no puede ver. Los utilizamos de forma habitual y permiten tomar imágenes en alta definición (incluso en 4K), fijar un perímetro, verificar materiales o detectar áreas de calor en un incendio, por ejemplo’'. Además de aportar agilidad y rapidez al proceso, los drones ayudan a que el perito no tenga que correr riesgos.
Para recopilar datos indirectos, sin tener que llegar físicamente al lugar, los peritos disponen de otras herramientas tecnológicas, al margen de esas pequeñas naves. Por un lado, algo tan familiar para los usuarios de internet como Google Earth o Maps permite elegir una fecha concreta en un histórico donde se pueden observar los cambios en la orografía y el urbanismo y, por tanto, conocer el estado de la zona en fechas recientes, antes de que el volcán entrara en erupción, con el fin de saber lo que había en cada lugar.
El problema para los propietarios sería no tener declarada alguna parte de su inmueble, ni siquiera en el catastro. Por ejemplo, una bodega. Pero, incluso en esos casos, bastaría con que tuvieran ‘‘desde una factura hasta una foto en la que se ve a la abuela bajando una bandeja en la cena de Navidad’' para demostrarlo, explica Muñoz.
Además de Google Earth, los peritos pueden valerse del geoposicionamiento, la ubicación a través de sistemas de navegación por satélite sobre todo. Una vez que el experto se encuentra en el terreno y en las coordenadas exactas donde se ubicaba la vivienda, puede verificar el estado actual y comprobar si, por ejemplo, ha sido sepultada por la lava. ‘‘Como la destrucción es total, no va a haber ninguna duda’', insiste López-Linares. Por eso, en el caso de AXA, para una situación como la de La Palma, no recurriría en primer lugar a este método que ‘’tampoco va a añadir datos’' y que el uso del dron puede suplir con creces.
El presidente de la Asociación de Peritos cree que, en el caso de esta erupción, la dificultad no se encuentra en el número de reclamaciones (de momento hay unos 600 inmuebles afectados, frente a los miles de solicitudes que se realizaron tras el terremoto de 2011 en Lorca, Murcia), sino en la gravedad de los daños, en la dificultad para acreditarlos y en los obstáculos para acceder a la zona incluso con drones.
La evaluación de cada caso concreto la gestiona un profesional y, por norma general, en una o dos semanas puede resolverse una reclamación. El tiempo que el volcán siga provocando daños condicionará el periodo que los peritos continúen trabajando en la zona. Eso sin contar la labor de las compañías de seguros, que entran en juego después de la evaluación de perjuicios. De momento, el Consorcio de Compensación de Seguros ha establecido que no hay ‘‘ningún plazo máximo para presentar la solicitud de indemnización por los daños sufridos’', dadas las dificultades que tendrán los afectados para ‘‘acceder a la documentación necesaria’’.
