El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley que reglamenta la cadena perpetua para quienes violen o asesinen a menores de edad, que fue aprobada el año pasado por el Congreso para endurecer las penas contra este tipo de crímenes.
Esta ley reglamenta la prisión perpetua revisable y reforma el Código Penal, el de Procedimiento Penal y el Penitenciario y Carcelario para considerar la cadena perpetua como excepcional y únicamente aplicable a modalidades en que el niño, niña o adolescente sea víctima de “homicidio en modalidad dolosa y/o acceso carnal que implica violencia”.
Además, la pena podrá ser revisada en un plazo mínimo de 25 años y reemplazada por una pena temporal no inferior a 50 años, en caso de que se considere la “resocialización” del agresor.
“Debemos tener como sociedad cero tolerancia contra cualquier abuso, violación o asesinato de un niño, niña o adolescente”, aseveró Duque durante la sanción de la ley y aseguró que “hoy estamos marcando un hito en nuestro país”.
La norma contó con el apoyo de políticos de diferentes signos e ideologías por “el propósito de proteger y tutelar el derecho de los niños, niñas y adolescentes”, de acuerdo al mandatario.
La aprobación de la reglamentación de la cadena perpetua para este tipo de casos, que fue aprobado el 18 de junio del año pasado por el Senado sin ningún voto en contra, coincide con la conmoción en Colombia tras la denuncia de abusos sexuales a 14 menores de edad en un hogar infantil en Medellín.
Los menores habrían sido abusados en un hogar de atención a la primera infancia adscrito a ese programa, que es cofinanciado por el estatal Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y administrado y operado por la Alcaldía de Medellín, la segunda ciudad en importancia del país. Las críticas por la lenta actuación de la Fiscalía y la Justicia vienen porque desde que se hizo público el caso, el pasado 30 de junio, el juez tardó cinco días en emitir una orden de captura contra el presunto abusador, trabajador del centro, Ismael Darío Lopera.
Además, también hubo retrasos por parte de las autoridades locales, confirmadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para poner en marcha el llamado “Código Fucsia”, que activase la atención y la denuncia de los abusos.
