La semana tuvo tantos hechos y novedades que es difícil poder referirnos a todos. Empecemos por la concurrencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos a las reunión conjunta de las comisiones de mujer, derechos humanos y otras de diputados. ¿Por qué la visita? Dado que las actividades relativas a la violencia de género quedaron en ese ministerio, los y las diputadas quisieron conocer del propio ministro los planes y las acciones. Las expectativas eran altas pero se desvanecieron enseguida de iniciada la sesión.

El ministro, acompañado por el secretario de Derechos Humanos y el jefe de Gabinete, hizo una larga alocución centrada en sus antecedentes, relató en forma detallada su capacitación y experiencia previa. Muy al comienzo ya tuvo una interrupción de una diputada que le pidió que dejara de hablar de sus ideas y se refiriera a las leyes, recordándole que estaba en el Congreso hablando con los que elaboran leyes. Más adelante se le reclamó que estudiara porque ignoraba las leyes claves.

En su presentación se refirió permanentemente a la Constitución de 1853, ignorando la Constitución actual, reformada en 1994. Expresó que el Gobierno se centra en fortalecer a la familia, pero para él y el Gobierno está basada en el modelo biológico de hombre y mujer e hijos. Esto generó mucho rechazo y la respuesta de dos diputados de la comunidad Lgbtiq, que le reclamaron ignorar las leyes nacionales y no respetarlas. A esto se sumaron otras voces que le reclamaron su apoyo a los grupos de padres abusadores que hostigan a las madres y su mirada retrógrada quedada en 1853, así como el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo. La presencia de representantes de organizaciones de apoyo al ministro que agredieron a gritos a los legisladores completó el caos. La reunión terminó sin ninguna información y con el ministro abucheado.

Otro hecho fue la aprobación en el Senado, por amplia mayoría, de la ley aprobada en Diputados de aumento a los jubilados, contrariando al Gobierno. Esto se coronó con la represión a los jubilados que se congregaron afuera del Congreso. Y luego el veto de la ley por parte del Presidente. Esto indica un quiebre en la confianza de muchos votantes y el cuestionamiento al cambio que propone el Gobierno. ¿Es este el cambio que quiere la ciudadanía? A esto se sumó la presentación del segundo candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, que si bien no acumuló tantas objeciones como Ariel Lijo, tuvo que responder, con poco éxito, a preguntas sobre sus ideas en contra de la ley del aborto y también el cuestionamiento a la perspectiva de género y la diversidad. Además, reconoció que le propuso la candidatura el asesor Santiago Caputo, algo que llamó la atención.

Pero las novedades nos llevan a dudar de si este es el mejor camino y si el sacrificio que se le pide al pueblo bajo la promesa del futuro bienestar es real o es otra promesa de las tantas que se hicieron y no se cumplieron. Ahora el decreto de reglamentación de la ley de acceso a la información pública es otro atropello porque el decreto reglamentario no puede cambiar la ley, esto es anticonstitucional. Si en algo cree la mayoría de la población es en la necesidad de acabar con el ocultamiento y la falta de la verdad de quienes gobiernan.

Por eso, comprobar que quien vino para acabar con las malas costumbres de los gobernantes limita el acceso a la información es un golpe mortal a la confianza. Casualmente, la limitación del acceso a la información se refiere a los aspectos privados o de la vida personal de los funcionarios, desconociendo que las personas con cargos de responsabilidad política no tienen derecho a ocultar su vida privada. Que el Presidente se niegue a informar sobre los arreglos y gastos que se hicieron en la quinta presidencial para alojar a sus perros, cuando se conoce la violencia del expresidente Fernández hacia su compañera y otros hechos que vivió con otras mujeres, evidencia que el Presidente también pertenece a la “casta” que quiere acabar. Limitar la transparencia del Gobierno no es una política que se condice con la condición de libertario, se asemeja más a los autoritarismos que tan enérgicamente, en algunos casos, el Gobierno luce.

Esto asocia claramente al gobierno Milei con el de Maduro en Venezuela. No podemos aceptar esta pérdida de transparencia que no puede cubrirse con los pecados del gobierno anterior. El Gobierno debe respetar los procesos constitucionales y si no lo hace el Parlamento debe impedírselo.