El debate se sigue contra cinco profesionales del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, todos ellos juzgados por la muerte de un bebé en 2015. Por el caso, Eduardo Elgidio Villagra y Roberto Francisco Farías están imputados por abandono de persona con grave daño en la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Marcelo Quiroga, Jorge Barni García y Alejandro Esteban Cortés Bellomo, en tanto, son juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ayer, durante los alegatos, la fiscalía solicitó una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva y el doble de tiempo de inhabilitación especial para Villagra y Farías. En tanto, la pena solicitada para Quiroga, Barni García y Cortés Bellomo fue de dos años y seis meses y el doble de tiempo de inhabilitación especial. A este pedido adhirió la querella, que, además, solicitó la condena civil al pago de un millón y medio de pesos en concepto de daño moral.

Por su parte, las defensas solicitaron la absolución lisa y llana de los cinco imputados, con absolución por el beneficio de la duda de manera subsidiaria. Al finalizar los alegatos, el tribunal ordenó pasar a un cuarto intermedio para el jueves 3 de junio, cuando se retomará el juicio con la réplica y contrarréplica de las partes. Luego se dará a los acusados la oportunidad de hablar por última vez al tribunal.

Acusación

El tribunal está integrado por los jueces Federico Armiñana Dohorman (presidente), Martín Pérez y Javier Aranibar (vocales). Según la fiscalía, al momento de los hechos, Barni García se desempeñaba como gerente general del Hospital Joaquín Castellanos. Quiroga, estaba a cargo de la gerencia de Atención a las Personas, mientras que Cortés Bellomo era jefe de Guardia.

Roberto Francisco Farías era obstetra en el nosocomio y Eduardo Elgidio Villagra, el anestesista. Los imputados están siendo juzgados por un hecho ocurrido en junio de 2015.

El 17 de ese mes, Marta Eugenia Braga llegó al hospital de General Güemes con contracciones y problemas de presión. La mujer cursaba la semana 38 de su embarazo y tenía los controles médicos realizados en forma normal. Por falta de anestesista, fue derivada a Salta. En el trayecto, la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé naciera sin vida.

El requerimiento fiscal de elevación a juicio sostiene que el deceso se produjo porque no se le practicó a la paciente la cesárea de urgencia que su condición médica requería.