Fueron los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas los que decidieron apoyar la decisión del juez federal de Garantías 1 Julio Bavio, quien había decretado el sobreseimiento de los concejales, quienes eran investigados por haber iniciado los trámites para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Los concejales beneficiados fueron Guillermo Aleman, de Aguaray; Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza, de Salvador Mazza; Guillermo Gutiérrez, de Las Lajitas; Maribel López de Santa Victoria; Hugo Luna Castro, de Cachi; Carlos Sánchez, de El Potrero.

El sobreseimiento, sin embargo, no está firme, pues el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien lleva adelante todas las investigaciones penales a funcionarios que buscaron cobrar el IFE, como así también aquellos que lo percibieron, adelantó que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es que tras la decisión del juez Bavio de sobreseer a los concejales, pese a que a los días aprobó los acuerdos de conciliación de otros 14 concejales en la misma condición, había sido revocada por los jueces Guillermo Elía, Augusto Castellanos y Mariana Catalano, de la Sala II de la misma Cámara.

El caso investigado se funda en el hecho de que los ocho concejales ingresaron los datos en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con la intención real de percibir el IFE, cuando sabían que tal beneficio no les correspondía.

Toranzos sostuvo que el ingreso de los datos tenía carácter de declaración jurada, tal como lo señala el Decreto N° 310 del Poder Ejecutivo Nacional, que implementó el IFE en un contexto de grave crisis económica que afectaba, en especial, a las personas desocupadas y las incluidas en el trabajo informal. Calificó el accionar de los funcionarios dentro de una conducta penal típica, pues los concejales sabían que no podían percibir tal beneficio, dado que así lo establecía el decreto de implementación y, además, hubo amplia difusión sobre los requisitos del IFE. También remarcó que los imputados estaban sujetos al Código de Ética de la Función pública, el cual los obliga expresamente a custodiar los bienes del Estado y a promover la transparencia de la función.

La defensa

Los defensores Martín Fleming y Clarisa Galán, en representación de los concejales, dijeron que la decisión de la Sala II, que revocó el sobreseimiento dictado por Bavio, fue arbitraria, porque vulneró el principio acusatorio al apartarse de la plataforma fáctica establecida en la audiencia de formalización, lo que “implicó una errónea valoración de los hechos y de aplicación del derecho”.

Además, cuestionaron a la jueza Catalano por “haber diseñado una hipótesis acusatoria distinta” y a sus colegas por calificar como “prematura” la decisión del juez Bavio.

Críticas a los jueces federales por desprolijos

En su alegato en favor de los concejales, el defensor Fleming desacreditó a los jueces federales, tanto de Garantía como de la Cámara Federal de Apelaciones, a quienes acusó de desprolijos por la manera en que llevan adelante las audiencias.

Fleming refirió que existe en los magistrados una “confusión de roles” y afirmó que “hay una distorsión” respecto a cómo están funcionando las audiencias.

En ese sentido explicó que, tras la presentación del caso por parte de la fiscalía, “los jueces, muchas veces, lo que hacen es valorar la prueba”.

Sistema acusatorio en Salta desde 2019

Esto no pasó desapercibido, pues la esencia del sistema acusatorio, que rige en Salta desde junio de 2019, establece como eje central que los jueces no estén al tanto de detalles del caso ni tampoco ingresen en una valoración de la carga probatoria, al menos, en las audiencias de formalización.

Sin embargo, existen rumores de que esto no se estaría respetando, incluso existen trascendidos que, en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones, habría algunos jueces que buscarían conocer de antemano detalles de los casos sobre los cuales deben expedirse.

En esta audiencia, el defensor Fleming destapó un poco esta situación, al realizar una crítica concreta contra los jueces.

“Los jueces ven el mazo que tiene el fiscal y qué partida puede hacer. Y en función de eso, entonces deciden. Esa dinámica se da porque son poco prolijas las audiencias, en cuanto a detectar puntualmente cuál es el hecho que se le imputa y si eso encuadra o no en una norma jurídica”.

También se refirió a una audiencia de la misma Sala I, la cual ahora lo benefició con el sobreseimiento de sus defendidos, en la que se discutió un planteo de atipicidad.

“Los jueces escucharon al fiscal, escucharon a la defensa y dijeron que las cartas que tenía el fiscal podían dar lugar a otras partidas de juego, entonces dijeron que era prematuro el planteo y había que esperar al cierre de la investigación”, afirmó.

De: Nuevo diario de salta