“La financiera ilegal conocida con el nombre ‘Ríos & Asociados’ comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.000 de pesos y 3.265.280 dólares”, informó la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

En conferencia de prensa, la fiscal Penal brindó detalles sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre esta asociación delictiva destinada a cometer estafas en la que ya no rige la reserva de actuaciones.

Detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $23.213.960; U$s 60.388; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes; cédulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.

Además, como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4529 contratos (o carpetas, como eran denominadas) y 1739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores. La Fiscal Penal recalcó que el número de carpetas y/o de inversores podría variar ya que el número informado responde a lo recuperado en los distintos allanamientos.

En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21. Quince se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.

Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detención.

Por otra parte, la UDEC trabaja, en base a la documentación secuestrada, en la definición de los roles y en la determinación de los damnificados o víctimas.

Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas. La líder era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide, actuaban algunos de los policías como captadores.

La fiscal fue determinante al explicar que el éxito de un Esquema Ponzi radica en la captación de nuevos inversores.

En este caso, a través de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la Fuerza Policial, así como la implicación de la comisaria de la División Cobranzas Adicionales.

Piden que intervenga la Justicia Federal por evasión y lavado

En cuanto a los cuatro policías imputados pero no detenidos, tres cumplían el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.

Salinas Odorisio advirtió que, dados los importantes retornos que prometía la financiera -que alcanzaban al 100% de la inversión- y ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos.

Salinas Odorisio se dirigió a los aportantes, damnificados y/o víctimas para orientarlos en cómo actuar en la causa si consideran que fue vulnerado su interés.

Expresó que la Fiscalía cuenta con una causa penal sólida, por lo que no es necesario radicar denuncia para probar el delito de estafa; pero quien se sienta damnificado o víctima de Ríos & Asociados puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima. Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación. Por otra parte, si alguien considera que la financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente.

La titular de la UDEC fue categórica al señalar que “no es obligación de la Fiscalía la restitución de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo” y precisó que “si una persona entregó 100 mil pesos de buena fé, debe recibir 100 mil pesos; no el millón al que se había comprometido la financiera ilegal”.

En la conferencia de prensa, la titular de UDEC estuvo acompañada por la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse.