Un sector dominante de Comodoro Py y del Poder Judicial en general se exhibe por estos días en “Modo Macri”. No está claro tampoco si alguna vez salió de esa posición. Tal vez no, y todo se haya tratado de una temporada menos agresiva a la espera del devenir de la vida política y económica. El ejemplo reciente más contundente vino de la mano de un dictamen del procurador interino Eduardo Casal, que le propuso a la Corte Suprema —enemistada con el Gobierno— que reabra la causa “Dólar Futuro”, emblema de los expedientes utilizados para perseguir, y que revoque los sobreseimientos de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, entre otros. El asunto no es únicamente “Dolar futuro”. Es un mensaje. Noviembre será un mes caliente en lo que atañe a causas armadas y fogoneadas por el macrismo. Solo para empezar esta semana que comienza habrá audiencias en la sala I de la Cámara de Casacion Penal Federal por los casos Memorandum y Hotesur-Los Sauces, donde también CFK había sido sobreseída. El 14 de noviembre volverán a exponer los fiscales del juicio de Vialidad y hasta el ex jefe de operaciones de la exSide Antonio “Jaime” Stiuso pidió hablar en la investigación de la muerte de Alberto Nisman, cuyo carácter eterno facilita su utilización político-mediática.
“Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”, dijo el viernes la vicepresidenta. Aludía a la otra cara de todo este asunto: la pesquisa sobre el intento de asesinato en su contra del 1 de septiembre, a cargo de María Eugenia Capuchetti, ha quedado encapsulada por ahora en tres personas ligadas al hecho en sí pero poco y nada se hace por develar las terminales políticas y alguna vía de financiamiento. La causa sobre el grupo de ultra derecha Revolución Federal quedó, pareciera, deliberadamente separada, pese a que el juez a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi, y el fiscal Gerardo Pollicita, insisten en la vinculación con el atentado.
Modos y dudas constantes
Cuando decimos “Modo Macri” hablamos de jueces/as y fiscales/as que actúan como si Mauricio Macri o algún otro referente de la oposición estuvieran por ser o ya fueran gobierno. Son funcionales a Macri en sí, que de hecho ha sido beneficiado con decisiones judiciales, pero se trata de una forma de actuar desde una parte del sistema judicial, que excede a su figura, que es servil a las pretensiones de la derecha en tiempos pre-electorales y al poder económico y mediático que denostan al peronismo y al populismo. Lo explicitó el expresidente de la Corte y actual vice, Carlos Rosenkrantz, cuando dijo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad” en una charla en Chile dedicada, precisamente, al "populismo" y la justicia.
Casualmente “Dólar Futuro”, “Memorandum” y "Hotesur-Los Sauces" son casos donde hubo tribunales que dictaron fallos que directamente cuestionaban las acusaciones contra CFK y otros exfuncionarios y definieron que no se hicieran los juicios orales. Algunas de esas sentencias confirmaron y describieron cómo se edificaron las imputaciones, en dos de ellos transformando políticas de gobierno en supuestos delitos. Lo que dictamina Casal en "Dólar Futuro" es una forma de avisar a jueces/zas inferiores: “Ojo que arriba estamos nosotros con la Corte y te la podemos dar vuelta”.
El Gobierno y el oficialismo han fracasado en la designación de Procurador/a titular (Casal quedó tras el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó por ser el más antiguo) y ni si quiera han logrado reemplazar a la única mujer que quedaba en el alto tribunal, Elena Highton de Nolasco. A veces queda flotando la duda sobre por qué ciertos jueces/as así como fiscales/as hacen las cosas que hacen, como cuando generaron una doctrina para meter funcionarios presos a granel o exhibirlos esposados en pijama. ¿Se los piden? ¿Reciben algo a cambio? ¿Quieren quedar bien con quien los nombró? ¿Gozan de ejercer un poder despiadado? ¿Creen en lo que hacen? ¿Se quieren perpetuar en sus cargos? También es inevitable preguntarse por qué fallan las reformas, o por qué quedan a mitad de camino, o por qué no se aplican a pleno las vigentes (como la del sistema acusatorio, que quita protagonismo y poder a los juzgados a favor de las fiscalías hace que todo sea oral y más breve). ¿Es un problema de la resistencia corporativa y de la oposición política? ¿O quienes enuncian voluntad transformadora no le encuentran la vuelta, no son buenas las ideas o temen represalias? ¿O al final es cómodo?
La Corte actual (que lleva la marca de Macri) ha tenido un papel muy eficaz en dictar sentencias útiles para aparentar que promovía cambios judiciales drásticos que sólo han servido para consolidar el “Modo Macri”. El fallo de diciembre de 2021 que declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura (que funcionaba desde 2006 con el esquema de 13 miembros surgido de una ley casualmente impulsada por CFK) y lo devolvió a su integración de 20, metió por la ventana al presidente supremo, Horacio Rosatti, y logró que los estamentos que componen el organismo se pasaran todo el 2022 en campaña electoral: primero para completar el tablero de 20 bancas, de transición, que terminan su mandato el 18 de noviembre y luego para elegir a consejeros y consejeras por cuatro años que asumirán desde entonces.
El cuerpo, que se ocupa de elegir y sancionar magistrados/as, casi no tiene plenarios: hizo dos en todo el año; el último fue en julio. La parálisis es obvia y ha permitido que sigan vacantes seis cargos en tribunales orales federales de Comodoro Py, tres juzgados federales del mismo edificio (que cubren los propios jueces/zas de ahí), un cargo en Casación, y por sobre todas las cosas, que permanezcan atornillados a sus despachos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados allí a dedo por Macri, por un “traslado”, desde tribunales orales. Esto último, pese a que un fallo de la propia Corte que está por cumplir dos años, dijo que no pueden permanecer ahí para siempre. Cuando termina el concurso se tienen que ir, pero resulta que el Consejo no vota las ternas aunque ya hay un orden de mérito. Este próximo aniversario motivó que el ministro de Justicia, Martín Soria, le enviara la semana pasada a Rosatti que ya veremos si tiene respuesta.
Con misión explícita
La presencia de Bruglia y Bertuzzi junto con Mariano Llorens en la Cámara Federal --conocidos como "la sala M"-- ha tenido todo este tiempo una función (a veces con votos alternados) a la que han contribuido con lo suyo algunos jueces de Casación como Mariano Borinsky, uno de los visitantes frecuentes del expresidente Macri igual que Gustavo Hornos. Una de ellas fue lograr llevar a Comodoro Py las causas sobre espionaje de su gobierno que tramitaban en Lomas de Zamora y en Dolores, y ahora también la de la Gestapo antisindical. El trío Bruglia-Bertuzzi-Llorens directamente después sobreseyó a Macri por el espionaje a familiares del ARA San Juan. Los dos últimos acuñaron en otro fallo la teoría de que los espías de Cambiemos eran cuentapropistas. Borinsky y Hornos , que no tuvieron ni un llamado de atención del Consejo de la Magistratura, avalaron con Javier Carbajo esa curiosa teoría de espías que hacían misiones de espionaje político pero no respondían a nadie.
Esta semana el fiscal Franco Picardi se corrió de esa línea y pidió investigar específicamente a Macri por un plan sistemático de inteligencia ilegal. Habrá que ver si alguien avanza. Picardi intenta investigar hace más de dos años la llamada “mesa judicial” del gobierno de Macri, que presionó a jueces y juezas, en ciertos casos hasta que se fueran o generando el escenario para un juicio político, y a Gils Carbó --exjefa de las fiscalías--, amenazada con prisión para ella y sus hijas. Días atrás, la jueza Capuchetti, que le había delegado la causa, decidió quitársela. También ningunea sus pedidos de medidas en la causa sobre el destino del préstamo del FMI que contrajo Macri. Todo eso parece parte del “Modo Macri” que aplica a expedientes que tramitan con parsimonia contra el exmandatario y su entorno.
En la del negocio de los “parques eólicos” no hay nadie indagado, en la de la concesión de autopistas y el negocio de los peajes Casación confirmó faltas de mérito de Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel, entre otros. El juez Ariel Lijo sigue sin resolver la causa penal por el intento de licuar la deuda del Correo de los Macri. La Corte tiene la llave para destrabar el expediente comercial que llava 21 años, y no lo hace aún, pese a que se dictó la quiebra. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acusado de extorsionar y amenazar a los dueños del Grupo Indalo, sigue lo más tranquilo en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020 sin ser extraditado pese a que hay resoluciones en su contra. Fue un operador y arquitecto de la estrategia judicial que llevaba a Macri a decir con descaro que si los jueces no actuaban como ellos querían “tenemos otros”.
Milagro Sala sigue presa. El pueblo mapuche, criminalizado. Nadie investiga a los gendarmes que persiguieron a Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto de 2017 y hallado muerto en octubre de ese año. Patricia Bullrich fue denunciada en febrero por la Oficina Anticorrupción por sobreprecios e irregularidades en la compra de materiales para el G-20 (el juez es Luis Rodríguez) en sus tiempos de ministra y no hay novedades. Tiene dos denuncias más recientes: por anomalías en la compra de un sistema de seguridad a Isarel y por la compra de lanchas.
En el Tribunal oral federal 7 también hay un juez designado a dedo, Germán Castelli. La Corte falló, como con Bruglia y Bertuzzi, que tendrá que irse, pero el Consejo no convocó al concurso. El TOF7 es el que no quiere entregar los cuadernos de Oscar Centeno para ser peritados. Pese a eso el empresario Armando Loson logró que una pericia oficial confirmara 1600 enmiendas su tachaduras en la escritura, algunos tramos que no escribió el chofer y que el cuaderno 7 fue escrito todo de corrido, no como un diario, lo que denota una posible operación de inteligencia. Pese a todo, el juez Julián Ercolini, rechazó anular la acusación contra Loson. La previa al juicio empezó a moverse este año, justo cuando comenzaban los alegatos en el juicio de Vialidad, y se abrió la etapa de prueba. Un caso que, como es conocido, se montó no solo con cuadernos sino con empresarios arrepentidos que no querían quedar presos.
Ercolini es quien mandó a juicio a CFK por el caso de Vialidad/obra pública, que volverá a escena pronto --tal vez haya sentencia este año-- y donde el alegato del fiscal Diego Luciani, con un pedido de 12 años de cárcel, se produjo días antes del intento de magnicidio cuando la gente había salido a apoyarla. Es también el juez que dijo que a Nisman lo mataron, sin precisar quién ni cómo, y mantiene la causa abierta, lista para recibir a fin de mes a Stiuso, cuyo testimonio había apuntado a CFK y logró que la causa pasara de la fiscalía de Viviana Fein (que no veía rastros de homicidio) a Comodoro Py.
Por: Irina Hauser
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