En Argentina, cada vez más gente alquila. El alquiler alcanza al 18,8% de los hogares del país y se duplicó en los últimos 20 años y, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ya supera un tercio de su población. En este contexto, la fórmula alquileres altos y salarios devaluados está poniendo en riesgo un derecho básico: vivir y dormir bajo un techo digno.

El precio de los alquileres está disparado y cada vez presiona más: según la segunda Encuesta Nacional de Inquilinos, en promedio más del 45% de los ingresos de los hogares se destina al pago del alquiler y las condiciones son preocupantes: contratos abusivos y regulaciones inexistentes.

La comisión de Legislación General dictaminó en favor del nuevo proyecto de Ley Nacional de Alquileres que amplía derechos a las/os más de 8 millones de inquilinas/os del país. Lo que el proyecto estipula es la extensión de la duración mínima del contrato a tres años, la incorporación de un índice oficial (que promedia inflación y salarios) para la actualización de los valores, el registro de los contratos en la Afip y amplía la oferta de garantías que puede presentar la persona inquilina. También da lugar a grupos vulnerables, jubiladas/os y mujeres en situación de violencia, como foco de políticas especiales.

Luego de un periodo caracterizado por intentos fallidos de políticas habitacionales, como los créditos hipotecarios UVA, que afectaron a 100 mil familias que no saben cómo harán para afrontar el pago una vez que se termine la suspensión del aumento; y un retiro del Estado en la construcción y en el fomento de políticas para hacer accesible la vivienda, la aprobación de un proyecto así constituiría un avance sustantivo en la discusión sobre la regulación del mercado de vivienda de alquiler.

Durante los últimos años, nuestros representantes han naturalizado el hecho de que la vivienda en Argentina está garantizada sólo para el que puede pagarla. Esta idea, que asume que la vivienda es sólo una mercancía, requiere de políticas públicas que la enfrenten y reconozcan el elemental derecho a acceder a un lugar donde vivir.

Esta tendencia podría empezar a cambiar si el proyecto que se dictaminó se convierte en Ley, si nuestras/os representantes se deciden, de una vez por todas, a empezar a representar a la población inquilina argentina.

Por Rosario Fassina Socióloga, coordinadora del área Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ