Se trata de Sofía Calvete, hija del empresario Miguel Calvete y ex directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía.
Renunció una funcionaria de Luis Caputo por el escándalo de las coimas en ANDIS: Tenía USD 700 mil en su casa La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continúa provocando cimbronazos en el Gobierno nacional. Es que el entramado de posible corrupción parece tener ramificaciones en distintas esferas del Estado. En las últimas horas, una funcionaria del Ministerio de Economía renunció después de que la Justicia hallara un cuantioso botín en su cada tras realizar un allanamiento en el marco de la causa.
Se trata de Sofía Calvete, hija de uno de los acusados por las presuntas coimas ANDIS, el empresario y mano derecha de Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete. La mujer se desempañaba como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Palacio de Hacienda, que encabeza Luis Caputo.
Además, Sofía Calvete representaba al Gobierno nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego. Sin embargo, su involucramiento en la causa judicial que investiga un posible caso de corrupción en el organismo de discapacidad, provocó su rápido desplazamiento.
El expediente que involucra a la ahora ex funcionaria derivó de la investigación sobre presuntas irregularidades en ANDIS. En ese marco es que se hicieron una serie de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en domicilios y oficinas de los implicados.
En la propiedad de Sofía Calvete se secuestró dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos. Según Infobae, durante el procedimiento se incautaron cerca de USD 700.000 y otras divisas dentro del domicilio de la ex directora del Ministerio de Economía.
La investigación judicial sostiene que ANDIS “fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia".
El organismo entonces habría funcionado como “una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
