El Gobierno nacional resolvió avanzar con una reforma laboral que tiene como eje central abaratar el costo de los despidos y reemplazar el régimen indemnizatorio actual. La iniciativa ya genera tensión interna en el oficialismo y resistencia en el arco sindical, mientras el Ejecutivo busca enviar el texto al Congreso antes de fin de año.
La hoja de ruta se discutió en el Consejo de Mayo, el espacio que reúne a funcionarios, empresarios y representantes gremiales, y en la mesa política que encabezaron Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Martín Menem junto a Santiago Caputo, Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem.
Qué propone el nuevo esquema de despidos
El borrador al que accedieron medios nacionales retoma el espíritu del capítulo laboral del DNU 70/23 y de la Ley Bases. El punto más sensible es la modificación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La propuesta establece que la indemnización por despido sin causa no podrá ser inferior a un mes de sueldo por año trabajado, pero tampoco superior a diez meses, sin importar si la antigüedad supera los diez años. Hasta ahora, no existe ese tope absoluto.
Además, la base de cálculo cambiará. Se excluirán el aguinaldo, las vacaciones proporcionales, los bonos, premios, propinas y conceptos de pago semestral o anual. Solo se computarán los ítems mensuales, normales y habituales devengados al menos seis meses en el último año.
Otro cambio clave es la forma de pago. Las pymes podrán abonar la indemnización en hasta doce cuotas mensuales. El Gobierno argumenta que la medida otorga previsibilidad.
En paralelo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata de un sistema que reemplazará la indemnización tradicional por un aporte patronal obligatorio del 3% sobre la masa salarial. Ese fondo, administrado como Fondo Común de Inversión Abierto o Fideicomiso Financiero bajo control de la Comisión Nacional de Valores (CNV), será el que coadyuve al pago de las desvinculaciones.
La entrada en vigencia del FAL, sin embargo, acaba de ser postergada. Por Decreto 1228/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo llevó el inicio del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026 y extendió de seis a doce meses el período de carencia. En la práctica, los fondos recién podrán usarse para pagar despidos a fines de 2027.
Según fuentes oficiales, la prórroga responde a un pedido de la industria financiera y le permite al Gobierno sumar un mes extra de recaudación. En el oficialismo también admiten que evita que los primeros despidos bajo el nuevo sistema impacten en plena campaña electoral.
La interna oficial por las cuotas sindicales
El punto que detonó la discusión interna no es el tope indemnizatorio, sino el artículo sobre las cuotas solidarias que financian a los gremios.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y Patricia Bullrich impulsan eliminar la obligatoriedad de ese aporte y condicionarlo al consentimiento explícito de cada trabajador. Lo definen como un freno a los “peajes sindicales”.
Del otro lado, Santiago Caputo, Martín Menem, Lule Menem y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, advierten que incluir esa cláusula complica la aprobación en el Senado y puede provocar una ruptura total con la CGT. En la reunión del fin de semana largo se acordó dejar afuera, por ahora, ese artículo.
La CGT ya adelantó que no acompañará ninguna iniciativa que afecte ingresos de los despedidos y que evalúa medidas de fuerza. La senadora Carolina Moisés y el senador Mariano Recalde, vocero del bloque opositor, calificaron la reforma como regresiva y orientada a abaratar el trabajo más que a crear empleo.
Otros puntos que incluye la reforma
Banco de horas: empleador y trabajador podrán pactar por escrito la compensación de horas extra con francos, sin pago adicional.
Salario dinámico: habilita liquidaciones por rendimiento, por unidad de obra o comisión, y pagos en pesos, moneda extranjera o en especie.
Negociación colectiva: elimina la ultraactividad de los convenios y da prioridad a los acuerdos por empresa o región sobre los nacionales.
Regularización: incentivos fiscales para blanquear empleo no registrado y creación de la figura de trabajador independiente con hasta cinco colaboradores.
Vacaciones y licencias: fraccionamiento de días y cambios en licencias por enfermedad.
El oficialismo pretende tratar el proyecto en sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. La definición sobre el capítulo sindical será decisiva para conseguir los votos.
