“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, acusó el presidente, Alberto Fernández, en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso. Como consecuencia de ese diagnóstico, el mandatario anticipó la presentación de “una querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
La decisión se da en un contexto de creciente tensión política y judicial y de cara a un año electoral. El gobierno se planta en la disputa simbólica de la corrupción con un hecho paradigmático por su magnitud y las nefastas consecuencias sobre el pueblo. Por otro lado, el mensaje oficial retumba en las oficinas del FMI en Washington, en donde no sólo el equipo de Martín Guzmán negocia un nuevo acuerdo para pagar el anterior, sino que el propio organismo realiza una investigación interna por el convenio con el gobierno de Mauricio Macri y existe otra con posibilidades de arrancar este año. En la misma línea del mensaje de Alberto Fernández se había pronunciado, la semana pasada, el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos.
Apenas terminado el discurso del Presidente, el Banco Central informó que “elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el FMI, para determinar si generaron perjuicios al Estado”. Luego del análisis de la Oficina Anticorrupción y de la SIGEN, el tema seguiría el carril judicial.
“A una Argentina en absoluto default, el FMI le adjudicó un préstamo de 55 mil millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44 mil millones que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces. Ese monto adeudado, según lo acordado por el gobierno que nos precedió, debe ser pagado en cuatro años. Este año, la deuda a pagar es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares”, dijo el Presidente.
La presentación ante la OA y la SIGEN tiene dos frentes. Por un lado, versa sobre los procesos administrativos que tuvieron lugar a la hora de la aprobación de la toma del crédito; por el otro, sobre el uso que el gobierno de turno dio a los 44 mil millones de dólares obtenidos de parte del FMI, que es contrario al compromiso asumido frente al organismo. “En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el FMI resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”, dice el BCRA.
Los supuestos incumplimientos administrativos radican en la “ausencia de dictamen jurídico previo a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional. Ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características”, dice el BCRA, y agrega que “según la legislación vigente el Poder Ejecutivo Nacional no tendría facultades para la firma del acuerdo”.
Por el lado del uso del crédito, el BCRA sostiene que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de 44,5 mil millones de dólares. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los 45,1 mil millones de dólares”. “Sin embargo, el art. VI del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 dice textualmente que ‘salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo’. La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante”, dice el BCRA.
