El presidente Alberto Fernández anunció en la apertura del año legislativo el envío al Congreso de un proyecto para reformar el estratégico Consejo de la Magistratura, el órgano desde el cual se selecciona y sanciona jueces. Para muchos miembros del mundo judicial, allí radica la clave para renovar al sistema.

El primer mandatario rememoró que convocó “a una Comisión de Juristas de las más diversas procedencias” a quienes les solicitó “una serie de recomendaciones acerca de posibles transformaciones del Poder Judicial”. El Presidente decidió hacerse eco de algunas propuestas y dijo que “en el curso de este año legislativo propondré algunos proyectos que emanan de ese magnífico aporte”. Uno de esos puntos es “un proyecto de ley que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.

Fernández definió al consejo como un “órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina”. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, añadió el Presidente.

Para muchos integrantes del Poder Judicial, como la jueza Ana Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, la principal estrategia para reformar el Poder Judicial está en el Consejo de la Magistratura. “Es la llave esencial para mejorar el Poder Judicial”, había dicho a este medio en una entrevista.

No faltan quienes sostienen que se busca modificar la estructura del consejo “porque la impugnación está en la Corte y se viene la inconstitucionalidad del actual régimen”. Lo cierto es que el consejo de expertos que asesoró a Fernández coincidió en la necesidad de la reforma y que hay consenso en un amplio sector del mundo judicial en que el cambio es atendible.

Desde el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, el actual vicepresidente Alberto Lugones se muestra de acuerdo con la necesidad de la reforma pero anticipa: “Habrá que ver qué se propone”. “Me gustaría una mayor cantidad de integrantes y que no haya tanta política en la representación”, indicó Lugones –representante del estamento de los jueces - ante la consulta de este medio.

Hay coincidencia entre diversos sectores del mundo judicial en que una ampliación de la cantidad de consejeros (en la actualidad son 13) puede hacer más dinámica la obtención de mayorías, que son clave para presentar ternas (se necesitan hoy 9 votos si hay 13 presentes) y para resolver algún tipo de sanción o la remoción de magistrados.

Desde el Ejecutivo, por su parte, advierten que la reforma no necesariamente debiera ser la misma que surge del informe que realizó la comisión de expertos. De hecho, afirmaron a este medio que “ya estamos trabajando en la reforma”. Ante la consulta sobre el esquema que se está abordando, afirmaron que aún no hubo definiciones y “están disponibles todas las barajas”.

El consejo consultivo que asesoró al Presidente en materia judicial dedicó un apartado a la reforma del Consejo de la Magistratura. Una mayoría de 7 miembros del consejo (en total eran 11 sus integrantes), consideró que hay que modificar la integración del órgano que selecciona y sanciona jueces. Se inclinaron por esta idea Marisa Herrera, Claudia Sbdar, León Arslanián, Carlos Beraldi, Raúl Gustavo Ferreyra, Andrés Gil Domínguez y Omar Palermo.

¿Qué plantearon? Que tiene que haber igualdad en las representaciones de jueces, abogados, legisladores y académicos: un 25% para cada uno. Según el trabajo de los especialistas, debiera haber un total de 16 consejeros, 4 por cada estamento (jueces, abogados, legisladores y académicos). “Con la particularidad de que los académicos no vengan del Derecho. Se propone una apertura que el Consejo en la actualidad no tiene”, explicaron.

En la actualidad hay 3 representantes por los jueces, 3 por Diputados, 3 por Senadores, 2 por abogados, uno por el Ejecutivo y un académico.

La comisión también postuló que la presidencia del consejo tenga doble voto en caso de empate y sea rotativa cada año. Los comisionados sugirieron el ejercicio del cargo sea con dedicación exclusiva, algo complejo ya que todos deberían dejar sus respectivas ocupaciones (al menos, momentáneamente). Y que estén 4 años sin posibilidad de renovación o con renovación con un intervalo en el medio.

Sobre los concursos, algo clave ya que de allí se arman las ternas que luego se elevan al Ejecutivo, María del Carmen Battaini, Herrera, Sbdar, Arslanián, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo recomendaron hacerlos anticipados (así cuando se libera un cargo no hay que empezar de cero). A su vez, consideraron que debe fortalecerse el enfoque de género en el proceso de selección, que los concursos deben ser más transparentes, que los exámenes los debe hacer un cuerpo académico y no los mismos miembros del Jurado y que se debe modificar “la perspectiva endogámica que prima en la etapa de evaluación de antecedentes y beneficia a las personas que se encuentran dentro del sistema judicial”.

Battaini, Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo plantearon que los procesos disciplinarios tienen que tener un plazo de 1 año y no de 3 y que se debe dar más participación a los denunciantes.

En muchos de los puntos Hilda Kogan, Inés Weinberg de Roca y Battaini no emitieron recomendación.

Ahora el interrogante es cuántas de estas propuestas serán tomadas para iniciar la reforma.

Los otros proyectos

Además del Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández también tomó otras recomendaciones del consejo asesor y anunció que enviará proyectos de ley sobre:

-El funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia da la Nación. “Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias”, señaló el Presidente. También dijo que propiciará “que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado ‘arbitrariedad’ sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.

-Con el mismo fin, dijo, elevará al Parlamento “un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial”, por el cual el Alto Tribunal rechaza inmiscuirse en determinados casos sin fundamentar sus razones y así los deja firmes.

Por otro lado, dijo que consultará con los gobernadores la idea de un tribunal intermedio. Se trata de “la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, explicó.

Otro punto será el establecimiento del juicio por jurados “para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal”.

Entre otras cuestiones, el Presidente pidió terminar “con las condenas o absoluciones en función de una preferencia o presión de factores de poder”. Y decir “basta a la dilación de causas en función de conductas extorsivas”. Para ello, es esencial contar con jueces probos.

Para muchos integrantes del tercer poder del Estado, el Consejo de la Magistratura es la clave para reformar el sistema judicial. Al fin y al cabo, el consejo es el que inicia el proceso de selección de jueces. Y el que los sanciona.