El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, calificó como "deplorable en términos ético-políticos" e "inconducente en términos institucionales" la nota presentada ante el secretario general del organismo hemisférico, el uruguayo Luis Almagro, por el exministro de Justicia de la gestión Cambiemos, Germán Garavano, y la exembajadora ante la OEA, Paula Bertol, dos representantes del PRO muy cercanos a Mauricio Macri.
Raimundi, a través de un hilo de Twitter, aseguró que la nota dirigida a Almagro por Garavano y Bertol para denunciar un presunto "deterioro institucional" que estaría ocurriendo en la Argentina y "una amenaza a la independencia judicial" por parte de la administración del Frente de Todos, "es una reacción frente a la revelación del verdadero desquicio judicial ocurrido entre 2015 y 2019".
Raimundi planteó además que la presentación ante la entidad con sede en Washington realizada por los dos representantes del PRO es "deplorable" porque "proviene de quienes verdaderamente destruyeron las instituciones", en alusión a las consecuencias "jurídico-políticas del lawfare" pero también a los efectos de las políticas llevadas a cabo entre 2015 y 2019 en "la salud, la educación, la ciencia, el trabajo, la industria y la soberanía financiera".
También el jefe de gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, cuestionó en duros términos la presentación ante la OEA de los macristas al advertir que "el ministro del lawfare y los fallos judiciales armados en partidos de padel (en referencia a las visitas del juez de Casación Mariano Borinsky a la quinta presidencial de Olivos durante la gestión de Macri) habla de deterioro institucional, el ministro del desprecio a las políticas de Derechos Humanos hablando de violaciones, el ministro del negacionismo hablando de democracia".
En el texto de Raimundi, el embajador ante la OEA advirtió también que "en términos de soberanía" la nota dirigida a Almagro por parte del PRO implica "una nueva invocación a la injerencia del secretario general del organismo en asuntos de un Estado soberano, como lo hizo en otros casos", en un párrafo que aludía al pronunciamiento reciente del propio Almagro sobre la situación política, institucional y judicial en Bolivia tras el retorno al gobierno del Movimiento al Socialismo.
institucional" que sufre la democracia en la Argentina, a partir de hechos que "avasallan la independencia judicial y buscan impunidad violando la Constitución y los Derechos Humanos".
Garavano, como exministro de Justicia, fue apuntado como uno de los integrantes de la llamada 'Mesa Judicial M', cuya existencia es investigada por la jueza federal María Servini, quien tras recibir un informe de entrecruzamiento de llamados realizado por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) citó a indagatoria -para el 26 de mayo- a uno de los implicados, el diputado del Parlasur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.
