El presidente Alberto Fernández firmó un decreto que tiene como objetivo "avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino". Centralmente lo que hará la nueva norma es: fijar un techo para que no haya más altas en los programas Potenciar Trabajo, Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial; que el dinero de los planes que se den de baja sirva para comprar maquinaria y herramientas; otorgar en favor de las cooperativas de trabajo el 30 por ciento de la obra pública nacional y crear el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario que tendrá como objetivo promover una “agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”. Lo que no se incorporó en el decreto que saldrá publicado en el Boletín Oficial este viernes es el monotributo productivo. Eso generó descontento en diversos sectores de la economía popular, incluso en algunas agrupaciones cercanas al Gobierno, porque se trata de uno de sus reclamos centrales. Otras organizaciones como el movimiento piquetero ya anunciaron que la semana que viene realizarán movilizaciones en todo el país.
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, había mencionado el jueves a la mañana que una de las metas centrales del gobierno es darle "herramientas fiscales" a trabajadores de pequeñas empresas y talleres, mediante un "monotributo productivo". Sin embargo, eso no se vio reflejado en el decreto que el mandatario firmó por la tarde, cuando se reunió en Casa Rosada con los ministros de Economía, Sergio Massa; de trabajo, Kelly Olmos, de Desarrollo Social y con el jefe de gabinete, Juan Manzur.
En la conferencia de prensa posterior que dieron las ministras, Tolosa Paz dijo que el monotributo productivo no fue incorporado "por una conversación del ministro (de Economía) y el Presidente", y aclaró que "son leyes que hay que pedirle al parlamento que ayude a sancionar". La ley había sido enviada al Congreso por el Ejecutivo a fines de 2021, pero quedó sin tratamiento. Tolosa Paz reconoció que el monotributo productivo "es vital para registrar a hombres y mujeres que trabajan y que tienen el Potenciar como base, pero necesitan una herramienta fiscal para ser incluidos" y que "es la instancia que viene". "Lo hablábamos recién con el ministro y el Presidente", aseguró.
El número actual de los Potenciar Trabajo --el más grande de los programas en los que no podrá haber nuevas altas-- actualmente es de 1 millón 350 mil. La ministra de Desarrollo explicó que "a partir de ahora hay un techo a la incorporación de más personas. Eso se hizo en acuerdo con las organizaciones sociales entendiendo que el Ministerio ha hecho un acuerdo de abrazar y alcanzar a muchos hogares que no han tenido trabajo, pero que esta herramienta ha tenido dificultades".
Más allá que desde Movimiento Evita confirmaron que fueron consultados y que están de acuerdo con estas políticas porque creen que es necesario en "limitar los subsidios porque no han resuelto nada", otras organizaciones también de la UTEP, como el Frente Popular Darío Santillán, señalan que la medida no fue consensuada con ellos y que para seguir potenciando al sector "no hay que ajustar con lo que se conquistó en el 2016 -- con la Ley de Emergencia Social-- que es el salario social complementario, hoy Potenciar Trabajo".
Según explicó Tolosa Paz, el techo que impone el decreto "es un límite que no busca ahorrar partidas presupuestarias, sino redistribuir las bajas a políticas concretas de desarrollo como el banco de máquinas y herramientas o líneas de producción que amplían la capacidad de esos sectores". Para ella "es un decreto que busca el reconocimiento y la institucionalización de la actividad de la economía popular". En esa línea va la creación del Consejo de la Economía Popular que, según adelantó, se terminará de conformar y podrá reunirse en el transcurso de los próximos 60 días. "El Consejo busca poder dialogar en un marco de institucionalidad la agenda de la economía popular", puntualizó.
Gildo Onorato, referente de Movimiento Evita, expresó en diálogo con este diario que "el Potenciar Trabajo es un programa de trabajo de la economía popular que en la pandemia transformó en un elemento para la emergencia y se desvirtuó. Con este decreto vuelve al lugar que tiene que tener, que es el de la producción y el desarrollo". Además, Onorato resaltó la creación del Consejo de la Economía popular donde tres representantes del sector se podrán sentar con el ministerio de Economía, de Desarrollo Social y de Trabajo. Adelantó que la primera política que van a impulsar desde allí es, justamente, el monotributo productivo.
Desde el Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez subrayó que, más allá de que "siempre vamos a estar de acuerdo con sumar equipamiento y herramientas a la economía popular", siguen exigiendo "que se trabaje bien el bono de refuerzo alimentario" que, según ella, "fue mal implementado" y por lo que considera "necesario y urgente", que es un Salario Básico Universal. "Eso garantizaría la canasta básica alimentaria para las familias que más lo necesitan", apuntó.
La postura más radicalizada fue la de la Unidad Piquetera, que está en contra del techo que el gobierno puso a las altas en el programa Potenciar Trabajo. "Se ha agravado el cuadro de ajuste general en todas las áreas y secretarias del ministerio de Desarrollo Social desconociendo en la práctica avances en la cuestión de los alimentos y de las herramientas necesarias para los proyectos productivos que el propio ministerio dice promover. Mientras se agrava la situación de miles de familias que pasan hambre, crece la indigencia y la inflación es imparable", dijeron. Además, adelantaron que no descartan "una permanencia frente al Ministerio de Desarrollo reclamando una reunión con Tolosa Paz. La ministra dijo que el ministerio de Desarrollo, con sus distintos funcionarios, viene manteniendo la instancia del diálogo con todos los sectores para solucionar las demandas.
