La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue citada a indagatoria como sospechosa de haber ordenado un allanamiento ilegal a la comunidad mapuche Campo Maripe en junio de 2017, en la zona de Vaca Muerta, donde irrumpió la Gendarmería con una mecánica muy similar a la que se usaría semanas después en el operativo y la persecución que desembocaron en la muerte de Santiago Maldonado. La fiscala federal de Neuquén María Cristina Beute fue quien pidió interrogar a la exfuncionaria en base a los relatos de las mujeres denunciantes y las pruebas recolectadas. En su dictamen le atribuyó a la actual presidenta del PRO haber impartido a los gendarmes órdenes contrarias a la Constitución, privar ilegítimamente de la libertad, además de violar domicilios al ingresar al territorio sin orden judicial.

Bullrich está citada para el 21 de diciembre a las 10 y podrá declarar de manera remota. También está convocado quien fue su mano derecha y jefe de gabinete, Pablo Nocetti, para un día antes. Los otros imputados que serán indagados son el jefe de la Agrupación XII Comahue de Gendarmería, Dante Zabala, el Comandante Principal Carlos San Emeterio, el comandante principal Jorge Elías Mariani y el comandante de Región V de Gendarmería Héctor Lagger. Es la primera causa penal que muestra avances en analizar los abusos del ministerio que comandaba la exfuncionaria y su particular ensañamiento con los pueblos originarios.

En los comienzos de este caso hubo un hábeas corpus presentado por el defensor federal Pablo Matkovic y luego la querella de dos mujeres de la comunidad, Olga Mabel Campos y Lorena Noemí Bravo, fue continuada por el defensor de la víctima, Pedro Pugliese, quienes consiguieron los llamados a indagatoria. "Por primera vez la exministra de Seguridad de Macri y actual presidenta del PRO deberá dar explicaciones ante un juez en el contexto de una causa que iniciamos por el accionar represivo contra el Lof Campo Maripe", dice un comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén.

¿Qué fue lo que denunció la comunidad? El 21 de junio de 2017 cerca de las 10 de la mañana, agentes del Escuadrón Núcleo "Comahue" de Gendarmería Nacional ingresaron al territorio de la comunidad Campo Maripe sin orden judicial y desplegaron un operativo de seguridad en una zona llamada Loma Campana. La presentación hacía hincapié en que las medidas se tomaron a pedido de la petrolera YPF, que quería desplegar su actividad en la zona, y con las órdenes de la cartera de Bullrich. La defensa pública informó que ingresaron en el lugar unos 60 gendarmes, dirigidos por el Comandante en Jefe San Emeterio quien decía contar con una orden de un juez que nunca exhibió, trató de manera violenta a la comunidad y bloqueó ingresos a la comunidad, por lo que las familias quedaron aisladas. El 22 de junio se repitió el operativo en el territorio comunitario sin que nadie exhibiera orden judicial.

Es clave el análisis que hizo la Cámara Federal de General Roca cuando revocó el rechazo del hábeas corpus que había hecho en un comienzo el juzgado de primera instancia. El camarista Ricardo Barreiro había advertido: "Todo este desaguisado tiene origen en que la empresa YPF logró que el señor Nocetti, un alto funcionario administrativo de la cartera ministerial de la que depende la gendarmería, impartiera una orden a sus subordinados para que éstos intervinieran en el lugar y así facilitar labores petroleras. De esta manera sacrificaron libertades individuales en aras de resguardar un interés económico corporativo". Barreiro insistió en que la actuación de Gendarmería "obedeció a un propósito subalterno —una solicitud de YPF— y la orden para satisfacerlo fue dada verbalmente, lo que elimina toda legalidad".

Pero no fue el único camarista tan contundente. Su colega Alejandro Silva, añadía: “El accionar de la Gendarmería Nacional desplegado los días 21 y 22 de junio del 2017 en el territorio delimitado que ocupa la Comunidad Campo Maripe, configuró un abuso de autoridad y de poder. Importó para los miembros de ese colectivo una efectiva amenaza de las libertades ambulatorias y de circulación por carecer de la respectiva orden emanada de una autoridad judicial competente...”. En el trámite del habeas corpus fue importante el desestimiento de las acciones contra el pueblo mapuche de la gestión del Ministerio de Seguridad ya a cargo de Sabina Frederic, cuando esa parte del expediente estaba en la Corte Suprema. Ese tribunal tiene desde desde 2019 sin resolver dos planteos ligados a la investigación sobre la desaparición y la muerte de Maldonado, una sobre espionaje sobre su familia, otra que pide apartar al juez Gustavo Lleral, quien había dicho que no hubo delito. Es fundamental porque se trata de otro expediente donde se advierte la matrícula de funcionamiento del Ministerio de Seguridad del gobierno de Cambiemos. Está por verse qué jueces/zas realmente se animan a desarmarla y analizar qué delitos se cometieron.