Una nueva resolución del Gobierno nacional volvió a encender el debate sobre el vínculo entre el Estado y las organizaciones religiosas. A través del decreto 486/2025, se habilita a iglesias y entidades de fe a administrar bienes, abrir cuentas bancarias y llevar registros contables sin necesidad de constituirse como asociaciones civiles o fundaciones.
Un giro en el marco jurídico de los cultos
La normativa, emitida por la Secretaría de Culto y Civilización, modifica el régimen bajo el cual funcionaban las instituciones religiosas en Argentina. Hasta ahora, aquellas organizaciones que no pertenecieran a la Iglesia Católica debían constituirse como entidades civiles para operar formalmente. Con este decreto, basta con estar inscriptas en el Registro Nacional de Cultos para poder actuar como personas jurídicas religiosas.
Desde el Gobierno, se argumenta que la medida busca “respetar la identidad espiritual” de las iglesias y facilitarles la organización legal sin imponerles estructuras externas. Además, se insta a las provincias a crear registros locales específicos que reconozcan a las entidades religiosas en sus jurisdicciones.
Una resolución con eco político
El decreto fue publicado pocos días después de que el presidente Javier Milei participara en la inauguración del templo evangélico más grande del país, en la provincia de Chaco. El acto, encabezado por el pastor Jorge Ledesma, estuvo marcado por una controvertida anécdota: según relató el líder religioso, había guardado $100 mil pesos en su casa, que luego se convirtieron milagrosamente en $100 mil dólares. El relato fue recibido con entusiasmo por la comunidad religiosa presente, pero generó fuertes cuestionamientos en redes sociales y medios.
Críticas y preocupaciones
Expertos en derecho y transparencia advierten que la flexibilización puede abrir la puerta a situaciones de opacidad. Al no requerir la figura de asociación civil ni estar sujetas al control de la Inspección General de Justicia (IGJ), las iglesias podrían operar sin supervisión contable, lo que algunos consideran riesgoso en un contexto de crisis económica y circulación informal de divisas.
Organizaciones civiles también expresaron su inquietud. Temen que la nueva reglamentación facilite maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero, o que se utilice con fines ajenos a la vida religiosa. Desde el oficialismo, respaldo con matices
El secretario de Culto, Nahuel Sotelo, defendió el decreto y sostuvo que “no es obligatorio” para las iglesias, sino que busca ofrecerles nuevas opciones administrativas. Según el funcionario, se trata de un reconocimiento legal que pone en pie de igualdad a todas las confesiones y fortalece la libertad religiosa en el país.
¿Qué viene ahora?
La implementación dependerá de la adhesión de las provincias y de la creación de registros locales que contemplen esta figura. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes ven esta medida como un avance institucional en el reconocimiento de los cultos, y quienes la consideran una vía peligrosa hacia la desregulación.
