La iniciativa contempla que familias puedan asentarse y poner en marcha proyectos productivos en lotes de hasta 150 hectáreas. “Es una oportunidad para salir de ese laberinto por arriba”, afirma la diputada María Rosa Martínez, del Frente de Todos, en medio del debate por la toma de tierras.

Un grupo de diputados del Frente de Todos impulsa en el Congreso un proyecto de ley para que personas y familias puedan acceder a tierras fiscales de zonas rurales. La idea es que allí puedan asentarse y poner en marcha proyectos productivos vinculados a la agricultura en extensiones de no más de 150 hectáreas que serán cedidas en comodato, es decir que no dejarán de estar en manos del Estado.

La iniciativa surgió en medio del debate sobre el déficit habitacional que se evidenció en las últimas tomas de tierra en distintas zonas del país, pero tuvo un proceso de elaboración anterior a esos hechos. No obstante, es una alternativa para dar respuesta a ese drama que viven las familias sin hogar ni trabajo.

“Si se quiere, este proyecto es una oportunidad para salir de ese laberinto por arriba” porque tiene que ver con “la posibilidad de repoblar, generar condiciones laborales y mejorar la calidad de vida” de quienes hasta ahora no tienen oportunidades, definió a Página/12 la diputada María Rosa Martínez, autora de la propuesta.

Los detalles del proyecto de ley:

En sus 13 artículos, el proyecto denominado la Marcha al Campo estipula la promoción y reordenamiento del uso de tierras fiscales en manos del Estado para fomentar el establecimiento de personas “argentinas o residentes en nuestro país”.

Busca la creación de empleo genuino con desarrollo científico y tecnológico, apunta a “revertir la migración rural-urbana y fomentar el arraigo del sector rural”, y darle un empujón a una economía circular en pequeñas zonas, con proyección a otras más extensas.

Todo ello, añade el texto, cediendo parcelas de hasta 150 hectáreas en comodato a largo plazo, es decir manteniendo el dominio fiscal y “descartando su transmisión al dominio privado”. ¿Por qué no habría posibilidad de compra de las tierras? Porque la experiencia que demuestra que cuando se ceden definitivamente, quienes las heredan la terminan vendiendo a latifundistas. "Creemos que las tierras tienen que seguir siendo estatales y mantener su función social como bien púbico, no para acumulación capitalista que destruye el ambiente y se la quita los de menos recursos", fundamentó Martínez.

Cómo se accedería a la tierra

Si esto se pusiera en marcha, los primeros destinatarios para radicarse serían familias de la misma zona donde haya parcelas disponibles. Posteriormente “imaginamos que sería posible que jóvenes y familias jóvenes de productores, investigadores, técnicos y científicos de otros lugares puedan trasladarse”, agregó la autora del proyecto.

Se les dará un primer plazo de comodato por 48 meses “sin subsidios permanentes del Estado” y “con un libre desarrollo de actividades”. Luego se generarán “unidades asociativas de producción en la forma de cooperativas agropecuarias” para la posterior comercialización y transporte de mercaderías.

El aporte que debería hacer el Estado sería inicial. Dar créditos y subsidios “como incentivo a la localización y producción”, y generar las condiciones de infraestructura rural, como vivienda familiar, caminos, acceso a la salud y la educación, y servicios públicos. Todo en el marco de la creación del Programa Nacional Marcha al Campo, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

"Tenemos las posibilidades para que esto se haga realidad”

Martínez resaltó que hay 12 millones de hectáreas fiscales en zonas rurales de todo el país. Y si se le suma las de bosques nativos para proyectos vinculados a esas áreas, la cifra se eleva a 30 millones de hectáreas. “Es decir que tenemos las posibilidades para que esto se haga realidad”, puntualizó.

Entre los fundamentos se cita “la justicia social ligada a la ambiental”, un concepto tomado de la carta encíclica Laudato Si, del papa Francisco, y se menciona que el origen data de un programa lanzado en 1973 durante el gobierno de Héctor Cámpora, que nació en la provincia de Buenos Aires, se puso en marcha en Salta, Santa Cruz y Córdoba, y fue echado por tierra por el gobierno de facto.

Con los años hubo iniciativas parecidas que no se implementaron “por el difícil grado de concentración económica, industrial y productiva en las grandes ciudades” y también “porque la producción intensiva de productos como la soja ha hecho que no hubiera políticas” que dejaran crecer a los productores más pequeños, explicó Martínez.

La diputada sostiene que la Marcha al Campo es “humildemente viable y posible” porque, entre otras cuestiones, “no disputa con el agronegocio, sino que habla de una mejor vida”. También porque el contexto productivo es diferente y porque “la pandemia genera una circunstancia muy especial de repensar los lugares donde es posible mejorar calidad de vida, sin el hacinamiento de las ciudades”.

El proyecto de ley tiene estado parlamentario y debe ser discutido en comisiones, lo cual le da una “oportunidad de generar un debate con otros proyectos que van en el mismo sentido”. Es acompañado por 24 diputados del Frente de Todos y organizaciones rurales, organizaciones gremiales y movimientos sociales y políticos de distintos puntos del país. Entre algunos están la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), el movimiento de Cuidadores de la Casa Común, algunos sectores de la Federación Agrafia y agricultores de la economía social.