Parecía una película de James Bond. Los sicarios llegaron desde el mar en veloces motos de agua, saltaron a la playa y fueron derechito hacia la pareja paraguaya. A ella ni la miraron y a él le dispararon en la cara.

Sin mar y sin playa habría sido una escena de Breaking Bad. Pero era la realidad. Así terminó la vida de un hombre joven, que disfrutaba su luna de miel en el Caribe colombiano.

No era una buena idea. Marcelo Pecci era el fiscal que en Paraguay investigaba a las bandas narcotraficantes vinculadas a narco-mafias de Brasil, Colombia y otros países de la región, a su vez vinculadas con guerrillas, paramilitares y, posiblemente, con las metástasis latinoamericanas de organizaciones terroristas como Hezbolá.

El poder narco se enteró de esa luna de miel que desconocían los estados paraguayo y colombiano. Haciendo inteligencia, los verdugos de Pecci supieron que quien, por sus funciones, debía moverse rodeado de guardaespaldas, iría desguarnecido. Para colmo, al país donde nacieron las primeras multinacionales del narcotráfico y donde su poderío criminal sigue siendo inmenso.

Lo que ignoraban los gobiernos de Paraguay y Colombia lo sabían quienes perseguían al fiscal por haber sido blanco de sus acciones judiciales o por encargo de los narcos paraguayos que lo perseguían.

Quizá pensaba que informar sobre su viaje y que le asignen escoltas, además de incómodo en una luna de miel, podía resultar más peligroso. En definitiva, el Estado paraguayo, igual que los demás de Latinoamérica, están infiltrados por el narcotráfico y, si el dato llegaba a oídos inadecuados, alguna mafia podía enterarse y tratar de asesinarlo.

No es descabellado pensar que, si nadie se enteraba en los gobiernos de Asunción y Bogotá, estaría más seguro que custodiado por ambos estados. La misma lógica podría explicar que haya elegido nada menos que Colombia como destino. Precisamente el hecho de que se trata del país menos indicado para que se pasee sin escolta un fiscal que está en la primera línea de la lucha contra el narcotráfico en la región, podría convertirlo en un lugar seguro. Pues bien: no fue así.

No está claro por qué Marcelo Pecci viajó tan expuesto. Lo que está claro es que América Latina debe asumir que el narcotráfico es su mayor problema. Que no existan protocolos entre países para que los funcionarios que están en las trincheras más expuestas sólo puedan desplazarse con medidas de protección acordadas a nivel supra-estatal, muestra que la región no calibra la dimensión del tumor que la carcome: el narcotráfico.

Ya no alcanza con hablar de “narco-estados”. Latinoamérica es un “narco-continente”. O sea, un gigantesco espacio baldío de estructuras jurídicas, institucionales y policiales para luchar contra las mafias que llevan décadas imperando.

Esta es una guerra en la que uno de los bandos (el Estado) va a las batallas sin estrategia y con soldados desprovistos de cascos y de armamento adecuado.

Marcelo Pecci no fue el primero en descuidarse. El primer descuido incomprensible corrió por cuenta del hombre que descubrió el poderío del tumor narco que crecía en Colombia: Rodrigo Lara Bonilla.

El ministro de Justicia del presidente Belisario Betancur, tuvo el coraje de enfrentar a capos narcos que construían imperios sin que Estado y sociedad depararan en ellos. Lara Bonilla denunció a Pablo Escobar, haciéndole perder la banca que había “comprado” en 1982 a un líder político indecente.

Nadie en América Latina tenía más en claro que aquel ministro colombiano, la dimensión y letalidad del tumor narco que incubaba Colombia. Sin embargo, se desplazaba sin las medidas de seguridad acordes con la función que cumplía. Y una noche de 1984, regresando a su casa sin escoltas y en un auto sin blindaje, fue emboscado y acribillado por sicarios del capo del Cartel de Medellín.

Después del asesinato de Lara Bonilla, en Colombia hubo otros magnicidios.

En 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán. El carismático dirigente y candidato del Partido Liberal, se aprestaba a ganar las elecciones presidenciales con un programa anti-narco, cuando fue baleado sobre el escenario de un acto proselitista.

En Paraguay, el país donde el fiscal Marcelo Pecci emprendía acciones judiciales contra el narcotráfico, había muchas señas del vínculo entre organizaciones locales y narco-guerrillas colombianas.

En el 2004, Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, fue secuestrada, torturada y asesinada por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fantasmagórica milicia rural que estaba ligada al colombiano Rodrigo Granda, por entonces conocido como “el canciller de las FARC”, la guerrilla que se originó como movimiento armado revolucionario pero prolongó artificialmente su vida en la selva merced al financiamiento del narcotráfico.

Igual que el ELN, la otra guerrilla que envejeció envileciéndose en la selva colombiana, el movimiento insurgente que había fundado en Jacobo Arenas en la “república de Marquetalia”, se dedicó al negocio millonario de generar territorios liberados para que los cárteles puedan producir cocaína, y también dedicándose directamente a la elaboración y tráfico de drogas.

Es posible que la sombra del narcotráfico esté detrás de otro magnicidio en Paraguay: el asesinato del vicepresidente Luís María Argaña.

Esa mañana de marzo de 1999, el caudillo colorado que coexistía tumultuosamente con el gobierno que presidía el oviedista Cubas Grau, había desayunado tranquilo con su esposa Marilyn antes de encaminarse hacia la sede de la Vicepresidencia. Poco después, iba en el asiento trasero cuando su camioneta Nissan Patrol fue interceptada por un Fiat Tempra del que saltaron los sicarios que lo acribillaron.

Fue lógico sospechar inmediatamente del general que pretendía la presidencia. Peleaba por ella desde que tuvo un rol protagónico en el derrocamiento de Stroessner, pero los colorados le dieron la candidatura a Juan Carlos Wasmosy.

En 1989, Lino Oviedo tenía todo para ganar la elección. No pudo, porque los procesamientos y condenas por sedición que pesaban sobre él le impidieron la candidatura. Entonces eligió a Cubas Grau como candidato, pero el segundo en la fórmula fue su archi-enemigo dentro del Partido Colorado: Argaña. Por eso todos señalaron al general Oviedo por el magnicidio perpetrado al año siguiente.

El oviedismo estuvo detrás del crimen del vicepresidente, no obstante es difícil pensar que no haya jugado ningún rol el narcotráfico. En un “narco-continente”, pocos dedos aprietan gatillos magnicidas sin estar relacionados de algún modo con los narcos. Igual que los sicarios que llegaron desde el mar en motos de agua y balearon al fiscal.

Por: CLAUDIO FANTINI