Se trata de una de las pocas alianzas duraderas de Estados Unidos en una Latinoamérica bajo constante turbulencia, una que se construyó a lo largo de décadas de combate conjunto contra los cárteles del narcotráfico de la nación sudamericana.

Pero la elección de Gustavo Petro como el primer presidente izquierdista de Colombia posiblemente pondrá a prueba como nunca antes la relación especial de Estados Unidos con un importante aliado no perteneciente a la OTAN.

Durante la disputada contienda electoral, Petro, un exguerrillero, arremetió contra la erradicación forzada de los plantíos de coca y contra la extradición —partes fundamentales de la guerra contra las drogas respaldada por Washington_, así como contra un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos al que responsabiliza de empobrecer a los agricultores colombianos.

Está por verse si podrá implementar su agenda progresista con un Congreso dividido y la oposición de las influyentes élites.

Pero su simple promesa de implementar cambios radicales en una nación que desde hace tiempo ha sido bastión de estabilidad regional ha inquietado a muchos en Washington, incluso si esta es parte del resurgimiento de la izquierda en toda Latinoamérica y que fue acogida por millones de colombianos hartos de la enorme desigualdad e injusticia social.

“Nuestra labor combinada para combatir el crimen transnacional ha llegado a su fin”, dijo Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Bogotá entre 2014 y 2019. “No hay duda de que se va a hacer esto de una manera muy distinta”.

A pesar de que Whitaker tiene sus dudas sobre los motivos de Petro y sobre su efectividad como gobernante, dijo que no podría coincidir más con el punto central de su campaña: Impulsar la presencia del Estado, no sólo con fuerzas de seguridad, en la parte rural del país, la cual ha quedado en el olvido.

“Si logra explicarle su plan a Estados Unidos, y subsanar la profunda división entre la zonas urbanas y rurales, lo cual ha sido el mayor desafío de Colombia desde hace tiempo, entonces no tiene que ser una relación conflictiva”, aseguró Whitaker.

Estados Unidos ayudó a Colombia en 1999 con la implementación del Plan Colombia para combatir al narcotráfico y a las guerrillas que financiaron sus levantamientos con el trasiego de cocaína. Desde entonces, gobiernos republicanos y demócratas de forma sucesiva han otorgado más de 13.000 millones de dólares en asistencia militar y económica a Colombia, mucho más que a cualquier otro país de Latinoamérica.

Durante su campaña, Petro, de 62 años, criticó los ejes de esta estrategia bipartidista.

Sobre la extradición, dijo que su gobierno daría prioridad a contar la verdad y compensar a las víctimas de los poderosos grupos delictivos, en lugar de enviar a sus capos a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Cada año, en virtud de una orden presidencial especial, Colombia extradita a decenas de narcotraficantes que enfrentan cargos en Estados Unidos.

También criticó la erradicación forzada de los plantíos de coca, el ingrediente base de la cocaína, por criminalizar a los campesinos honestos y por su inefectividad para combatir lo que resultó ser una cosecha sin precedentes. En su lugar, estaría a favor de expandir los programas de sustitución de cultivos que brindan créditos, capacitación y derechos sobre tierras a los agricultores.

Aunque admirables, todos los objetivos de Petro enfrentan enormes obstáculos.

En Estados Unidos, una enorme burocracia de cientos de agentes federales han creado una estrecha cooperación que será difícil dejar de lado, asegura Whitaker.

También es posible que Petro enfrente una firme resistencia al interior de las fuerzas armadas de Colombia, cuya influencia ha aumentado significativamente con la asistencia y entrenamiento de Estados Unidos.

Eso sin contar a los mismos criminales, que difícilmente se quedarán de brazos cruzados si sus ganancias están en riesgo. A pesar de estar plasmado en el acuerdo de paz de 2016 con los principales grupos rebeldes del país, la sustitución de cultivos representó menos del 1% de las 130.147 hectáreas de coca que se erradicaron en 2020, una muestra de lo tibia que sigue siendo la presencia del Estado fuera de los centros urbanos.

“Una reducción significativa del componente de seguridad fortalecería a los actores criminales y sería un punto de fricción con Estados Unidos”, dijo Cynthia Arnson, miembro del Wilson Center en Washington y experta en Colombia.

Petro también chocaría con Washington en otros temas, como el comercio y las relaciones con Venezuela. Su plataforma de campaña pide la creación de “aranceles inteligentes” para proteger a la zona rural colombiana de las importaciones agrícolas establecidas en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

En cuanto a Venezuela, restablecería relaciones con el gobierno socialista de Nicolás Maduro, lo que posiblemente enfurezca a muchos republicanos en Washington y a los casi 2 millones de migrantes venezolanos que se han refugiado en Colombia.

Hasta el momento, Petro ha evitado alimentar cualquier discordia. En su discurso triunfal de 40 minutos no mencionó el combate al narcotráfico, y su única referencia a Estados Unidos fue un llamado al diálogo para atender de manera conjunta el cambio climático, que es una de las prioridades del gobierno del presidente Joe Biden.

“Llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar, sobre lo que significa el hecho de que en todo este continente americano que compartimos, allá se emita, como en casi ningún otro país, gases de efecto invernadero y aquí los asumimos, los absorbemos a partir de nuestra selva amazónica”, dijo.

Estados Unidos ha sido igualmente moderado, pregonando el hecho de que el triunfo de Petro se dio en el aniversario 200 del día en que Colombia se convirtió en la primera ex colonia española en recibir el reconocimiento de Estados Unidos como un Estado independiente.

Biden habló el martes con Petro para felicitarlo por su elección y la de la vicepresidenta Francia Márquez, una reconocida activista ambientalista. Durante la llamada, Biden resaltó su interés en fortalecer la cooperación bilateral en materia de cambio climático, seguridad sanitaria y la implementación del acuerdo de paz, según la Casa Blanca.

“El presidente Biden también aprovechó la oportunidad para discutir la cooperación bilateral sobre seguridad y combate al narcotráfico”, aseguró la Casa Blanca en un comunicado.

Y aunque Petro, exsenador y exalcalde de la capital, Bogotá, ha sido actor político durante décadas, Estados Unidos ha tenido apenas un contacto limitado con él a lo largo de los años.

Ello es reflejo, en parte, de lo que hasta hace poco eran las limitadas perspectivas de la izquierda en una nación socialmente conservadora. Pero el acuerdo de paz de 2016 eliminó los temores de muchos activistas y avivó las nuevas exigencias de una juventud colombiana que no tuvo que cargar con buena parte del peso del sangriento conflicto.

Después de perder la contienda presidencial de 2018, Petro supo aprovechar magistralmente la ola de descontento y se benefició de las protestas que paralizaron al gobierno del conservador Iván Duque durante la pandemia, exponiendo las consecuencias de la desigualdad más pronunciada de Latinoamérica, con excepción de Brasil.

Durante su lento ascenso, funcionarios estadounidenses describieron a Petro alternadamente como un “populista” radical similar al difunto mandatario venezolano Hugo Chávez, según un cable secreto de la embajada estadounidense de 2016 que fue publicado por Wikileaks, o un “pragmático”, según un reporte enviado dos años después.

El estilo que asuma como presidente está por verse. Pero Petro ya ha dejado en claro que, a diferencia de sus predecesores, es menos probable que voltee a ver a Washington y más probable que se acerque a otros gobiernos de izquierda en naciones como México, Chile y Argentina.

La oportunidad de Estados Unidos para influir en la dirección que tome su gobierno también ha resultado limitada por la salida del embajador Philip Goldberg, quien este mes tomó una nueva asignación en Corea del Sur. Washington aún no ha nominado a un reemplazo.

“Es sumamente decepcionante que el equipo de Biden no haya nominado a un embajador para encaminar la política de Estados Unidos durante este periodo crítico de transición”, dijo John Feeley, un exembajador de Estados Unidos en Panamá que también realizó labores diplomáticas en Colombia durante la persecución del líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, en la década de 1990. “No le pueden echar la culpa de esto a la obstrucción republicana en el Senado y harían bien en nominar a alguien lo más pronto posible”.