Abogados, psicoanalistas y psiquiatras relataron a Télam las agresiones que suelen padecer durante los procesos judiciales de casos de violencia de género y abusos hacia la niñez.

Denuncias penales, acoso en redes sociales y en la calle, ataques físicos y daños a sus propiedades son algunas de las agresiones que sufren profesionales que acompañan a mujeres, niñas y niños en procesos judiciales por violencias. Una realidad que ahora intentan revertir desde la organización y develando las prácticas que intentan amedrentar y violentan.

De esto se habla poco: de las víctimas colaterales de las violencias de género y los abusos hacia la niñez.

Por eso, feministas de distintos lugares de Argentina reunidas en espacios como la Asociación de Mujeres Autoconvocadas contra la Violencia de Género (AMA), Activismo Colectivo, Lucha contra el backlash, Camino a Algún Lugar, la Red de Prestadores en Salud Mental Acto Analítico de Córdoba, Las Evas de Tandil y Maltrato Cero de Chivilcoy, se unieron para visibilizar lo que viven y para pedir medidas para prevenir y frenar estos maltratos.

"También es importante resaltar que somos personas que participamos desde diferentes abordajes, tales como enfermería, derecho, trabajo social, psiquiatría, psicología social, ciencias económicas, ciencias de la comunicación, sociología, docencia, comerciantas, empleadas, desempleadas de empleo formal, entre otras", contó a Télam, la abogada feminista Rosana Albisini Pratto, de AMA.

La profesional destacó que "se van sumando varones quienes están transitando su intento de abandonar los privilegios que el sistema de dominación patriarcal les otorga".

Entre los varones, está el médico psiquiatra Enrique Stola, que resaltó que cuando las mujeres denuncian "y buscan justicia por incesto-paterno-filial contra sus hijos o hijas, en general no tienen idea acerca de las medidas de disciplinamiento y castigo que desde el Poder Judicial pueden generarse contra ellas".

"Muchísimos operadores judiciales accionan desde su ideología machista contra aquellas que osan denunciar a los varones, pues parten del prejuicio cultural que sostiene que esas madres 'le meten ideas falsas a sus hijos' o 'no hay nada peor que una mujer despechada'", analizó ante Télam el profesional.

Precisamente, esa ideología machista de la que habló Stola sustenta el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP).

"El inexistente SAP, o la llamada 'implantación de ideas, o la 'co-construcción del discurso' y otros términos similares, son construcciones ideológicas. Su uso tiene como objetivo encubrir y proteger a agresores sexuales de las infancias", añadió el psiquiatra.

Y no sólo lo hacen ciertas personas que trabajan la Justicia porque "su acción no termina ahí, sino que organizaciones de varones machistas, abogados y abogadas, psiquiatras, psicólogos avanzan contra las profesionales que defienden legalmente, sostienen terapéuticamente y otras como peritos, a esta niñez agredida y a sus madres, presentando contra ellas denuncias penales, acosándolas en las redes sociales y hasta llegando a atacarlas físicamente mientras la mayoría de los Colegios de Psicólogos nada hace por las colegas agredidas", resaltó Stola.

Albisini Pratto dio detalles: "Hemos sufrido -y continuamos sufriendo y denunciando- ataques que intentan amedrentarnos para que no acompañemos a las mujeres, madres y niñez victimizada, para desgastarnos y que queden aisladas, que es lo que busca el varón con conductas violentas".

"Hemos sufrido desde reiterados daños a bienes materiales, acoso en la vía pública y redes sociales, matanza de animales, remoción de peritas en sede judicial por parte de jueces machistas carentes de perspectiva de género, y más. Y me permito incluir la propia lucha en el ámbito doméstico con nuestras familias, las que también sufren el agotamiento, la ansiedad, el estrés, la angustia", compartió la abogada.

Para Silvina Rivilli, médica psicoanalista, directora de la Red de Prestadores en Salud Mental Acto Analítico de Córdoba, "hay un manto de sospecha 'a priori' en las prácticas judiciales. Por ser quienes llevamos adelante los tratamientos, somos nombradas 'de parte'".

Esa denominación "abre automáticamente la vía para la descalificación, la presunción de parcialidad y el hostigamiento con denuncias en los colegios profesionales como parte de las estrategias que utilizan o encubren a violentos y abusadores", dijo a Télam.

Y contó que "salvo excepciones, debemos responder interrogatorios que demuestren la veracidad de nuestros dichos y raramente nuestros informes son tenidos en cuenta para proteger los derechos de mujeres, madres protectoras, niños, niñas y adolescentes".

Esta situación se repite en otros lugares del mundo, y de hecho, en diciembre del año pasado el Parlamento de Cataluña incorporó a su legislación lo que denominaron violencia de segundo orden, que es la que soportan