El domingo 6 fue un día de fiesta para Gustavo Sáenz y la coalición panperonista que comanda en Salta. El intendente de la capital, que probablemente se convierta en el gobernador de esa provincia para fin de año, sacó un 42% de los votos en las PASO, lejos del 32% que sumó el Frente de Todos.
Pero hay algunos números que no le sonríen al intendente. Son los que tienen a su municipio en la mira, por un escándalo de facturas truchas a empresas fantasmas, algunas ligadas a funcionarios provinciales, por un monto que supera los $ 500 millones y que, hasta el momento, se llevó puesto a su secretario de Hacienda y puso a un oscuro empresario, íntimo del apoderado del PJ salteño, tras las rejas.
Sospechas. El caso es increíble. Comienza cuando, a fines de 2017, una alarma salta en la AFIP salteña: SECSA, una supuesta empresa dedicada a la “construcción de redes de distribución de telecomunicaciones y servicios públicos”, gana una licitación del municipio para la construcción de 600 farolas y 690 luminarias. La cantidad de irregularidades que detecta el organismo cuando investiga esta contratación es impresionante.
Los supuestos dueños de la sociedad son Gerardo Romero, un jubilado con la mínima de 74 años, que no es titular de ningún bien, y Camila Muñoz, una chica de 24 años que vive con sus padres, no es titular de bienes ni empleada en relación de dependencia y nunca salió del país. “Hombres de paja”, los define la AFIP, en la investigación a la que NOTICIAS accede en exlusiva. SECSA, que ese año sólo tiene como cliente a la municipalidad, registra sólo un empleado en blanco, que sería quien hizo toda la colocación de las farolas y las luminarias. Mucho trabajo para el hombre.
Además, la empresa le emite a la municipalidad ocho facturas por $ 8.632.540, pero registra acreditaciones, por parte de la intendencia, por $ 13.769.231: hay más de cinco millones que la municipalidad entregó sin factura. “La firma no posee la capacidad necesaria para producir las farolas, ni exterioriza la compra de las mismas, no posee personal necesario, pero percibe pagos millonarios de un único cliente: el Estado municipal. Aparenta ser una firma de papel, y la maniobra resulta compatible con la utilización de firmas para el lavado de dinero de actividades ilícitas y el desmanejo de fondos públicos”, dice la AFIP.
Pero esta historia recién comienza. Romero y Muñoz se hacen con la empresa en enero de 2017 y en febrero le otorgan “poder general” a los hermanos Anaquín, Álvaro y Aníbal, que los habilitaba a mover y retirar el dinero de la sociedad. Los Anaquín tienen domicilio en el estudio jurídico “Giacosa y Asociados” -propiedad de Guido Giacosa, funcionario de la gobernación-, en la calle Vicente López 1107. Es la misma ubicación donde está SECSA.
Por: Revista Noticias.
