Quedó en condiciones de ser debatido en el recinto en la próxima sesión.

Un proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis recibió hoy dictamen favorable tras un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto en la próxima sesión.

En caso de recibir media sanción del Senado, la iniciativa del Poder Ejecutivo -que de acuerdo a datos oficiales podría generar unos 10 mil puestos de trabajo en el corto plazo- deberá ser discutida por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Durante la audiencia de hoy, el presidente de la comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), destacó que se logró «un trabajo muy bueno» gracias al «consenso» entre todos los bloques y precisó que se aceptaron modificaciones que se incorporarán al dictamen durante la discusión del tema en el recinto.

«Se priorizó el diálogo con las provincias que están muy avanzadas con este tema y se ha incorporado una enorme cantidad de cuestiones muy positivas», sostuvo antes de pasar a la firma el dictamen.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (FdT-Córdoba), consideró que en caso de aprobarse será una ley «que supera viejos resabios» y que otorga al país «una gran posibilidad para el desarrollo económico y para la industria» y opinó que esta norma «habla de una Argentina distinta donde se pueden discutir los temas que parece que fueron tabú».

Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, adelantó que votará en contra de la norma por considerarla contraria a la salud pública y «una de las leyes más capitalistas» de los últimos años al señalar que «es un paso previo a cederle un negocio de estas características a las grandes corporaciones».

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnún (FdT-Santa Fe) respondió que no se está en contra del capitalismo pero sí del «capitalismo financiero que tanto daño le ha hecho al mundo y a la Argentina» y ponderó las «políticas de Estado que le lleguen al pueblo argentino defendiendo la salud pero también el desarrollo productivo».

Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.

En el texto se destaca, también, que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.

La iniciativa del PEN contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, la Ariccame tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.

La Agencia desarrollará la regulación del funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinará las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.

En la apertura del debate, el miércoles pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la ley fomentará el desarrollo de la cadena productiva y generará 10.000 puestos de trabajo en el corto plazo.