En medio de la pandemia por el Coronavirus y con la feria judicial extendida, el Gobierno continúa aceptando las renuncias presentadas por jueces y fiscales días antes de que el Congreso aprobara las modificaciones en el régimen de jubilaciones especiales en el que se encuentran. A través de varios decretos publicados en el Boletín Oficial, este martes se confirmaron las salidas de otros 8 miembros del Poder Judicial.

Con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el Poder Ejecutivo hizo efectivas las nuevas dimisiones, por lo que sigue el éxodo en el Poder Judicial.

La mayoría de estos empleados empleados habían hecho la solicitud para dejar sus respectivos cargos entre finales de febrero y principios de marzo, antes de que el Senado sancionara los cambios en el sistema previsional que los acoge, aunque hay dos casos en los que el pedido se realizó posterior a ese hecho.

De esta manera, el Gobierno aceptó las renuncias de los doctores Alejandro Héctor Cina, que integraba el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, y Jorge Esteban Argento, que se desempeñaba como vocal de Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, ambos de la Capital Federal.

En tanto, dejaron sus puestos los fiscales Mercedes Elisa Pérez, que actuaba ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville, en Córdoba; Julio Amancio Piaggio, que lo hacia ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y Miguel Ángel Blanco García, que cumplía funciones ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, este martes también se fue María Teresa Porcile de Veltri, quien era defensora pública de menores e incapaces ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal.

En esta ocasión, solamente dos funcionarios judiciales renunciaron después de que se aprobaron las modificaciones en la jubilaciones de privilegio: ellos son Silvia del Carmen Abalovich Montesinos, que era defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Santiago del Estero, y Mirta Susana Filipuzzi, jueza de primera instancia en Viedma, provincia de Río Negro.

Desde que el oficialismo anunció sus intensiones de tratar aquella iniciativa en el Congreso, varios funcionarios del Poder Judicial comenzaron a presentar sus respectivas renuncias y se inició así un éxodo que fue cuestionado incluso por el Presidente.

“Nadie está obligado a jubilarse, eh. Pueden quedarse. Lo que les pedimos es que se adecuen a una nueva realidad. El que se jubila privilegia su bolsillo, y es legítimo. Pero que no me digan que estoy vaciando la Justicia: que se queden y que sigan haciendo lo que deben hacer como jueces”, manifestó el mandatario nacional en una entrevista que dio a canal 9 a principios de marzo.

Esa ley fue promulgada a comienzos de abril y, entre otras cosas, subió del 11 al 18% los aportes que deben hacer jueces y fiscales durante sus respectivas actividades.

También estableció el haber inicial en el 82 por ciento del promedio de los 120 últimos salarios que percibieron “durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el servicio”.