Patricia Bullrich sigue acumulando denuncias en su contra en los tribunales de Comodoro Py. La jueza María Eugenia Capuchetti es quien concentró las presentaciones por las últimas dos represiones en la zona del Congreso hacia quienes participaban de las movilizaciones en apoyo a los jubilados. Diez días después, la ministra de Seguridad sigue sin explicar por qué la Policía Federal Argentina (PFA) gaseó a una nena de diez años y por qué desde la cúpula de esa fuerza se habría distribuido un video falso para encubrir el accionar policial.

Bullrich inauguró una tradición: reprimir todos los miércoles a los jubilados y las jubiladas que se manifiestan contra el veto de Javier Milei a una mejora mínima de sus haberes. El último miércoles, el accionar policial dejó unas diez personas heridas, según estimaciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Una de las personas que sufrió el accionar policial fue Vanina Biasi, diputada nacional del Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT), que estaba en las afueras del Palacio Legislativo. Cerca de las 15.30, Biasi vio que la PFA avanzaba por Avenida Entre Ríos desde Hipólito Yrigoyen hasta Avenida Rivadavia. En esa avanzada, los efectivos –a golpe de escudo– tiraron a un hombre mayor que se estaba manifestando. Biasi fue a socorrerlo.

Un efectivo de la PFA la gaseó cuando estaba arrodillada. Solo sintió un líquido que caía desde arriba. La diputada tuvo que ser atendida por una posta sanitaria. Después la vieron en la guardia médica del Anexo de la Cámara de Diputados, donde le dijeron que se aplicara un medicamento para las quemaduras. Tuvo, además, que ser tratada en el Hospital Santa Lucía por conjuntivitis química.

“Desconozco la composición del químico que utiliza la PFA, pero puedo asegurarle a Vuestra Señoría que esos ‘gases’ son un elemento de tortura, ya que continúan actuando sobre el cuerpo de las personas mucho más tiempo después de la aplicación del mismo, es decir, excede algún tipo de efecto disuasorio del momento”, dice la dirigente del Partido Obrero (PO) en la denuncia que radicó este viernes.

Biasi pide que se investigue a Bullrich, al jefe del operativo y a los efectivos de la PFA por abuso de autoridad, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones agravadas. El tema está a estudio del fiscal Eduardo Taiano y de la jueza Capuchetti en el Juzgado Federal 9 –en el que ella subroga.

Capuchetti es la misma magistrada que desde septiembre de 2022 se viene resistiendo a investigar la línea política del intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. Esa línea tiene un nombre que predomina, el de Gerardo Milman, otrora mano derecha de Bullrich.

La jueza tiene otra denuncia contra la ministra de Seguridad: la que presentó el abogado Gregorio Dalbón en representación de Fabrizia, la nena que fue gaseada el miércoles 11 de septiembre y su mamá, Carla. Esta semana, Capuchetti aceptó que ambas actúen como querellantes en el expediente.

En este caso, Dalbón había denunciado a Bullrich; a su número dos, Alejandra Monteoliva; al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé; al comisario a cargo del operativo, Gerardo Ariel Perillo Scampini y al agente identificado como Rivaldi, que habría sido quien gaseó a Fabrizia.

Al igual que Biasi, Fabrizia y su mamá hablaron del uso de gases irritantes como una forma de tortura. “El uso indiscriminado de estos gases es equiparado a un acto de tortura debido al dolor intenso y sufrimiento que causa, lo que resulta en una violación de los estándares internacionales contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, sostuvieron en la presentación.

Hay otra denuncia por la represión del 11 de septiembre, la que radicaron Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García en representación de la CPM. En ese escrito también se apunta contra el uso de irritantes químicos –que, destacan, es contrario a los estándares establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Los irritantes químicos de uso manual se utilizan para incapacitar o disuadir a un agresor violento o para ayudar a efectuar la detención de un sospechoso que se resiste violentamente”, puede leerse en las orientaciones de la ONU sobre el uso de armas menos letales que se distribuyeron en 2021.

El protocolo antiprotestas de Bullrich –la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad cuya declaración de inconstitucionalidad es reclamada por organismos de derechos humanos porque limita el derecho a la protesta– también contempla que las fuerzas de seguridad deberían usar la mínima fuerza necesaria y suficiente en caso de presencia de “niños, mujeres embarazadas o ancianos”.

La secuencia del encubrimiento

Bullrich sigue sin dar explicaciones sobre el video falso que habría enviado Rollé, según dijeron públicamente los periodistas Eduardo Feinmann y Jonathan Viale. Si bien inicialmente los rumores decían que el jefe de la PFA podría ser desplazado de su cargo por la ministra, no hubo mayores novedades –especialmente porque el escándalo del ataque a la nena de diez años se fue apagando.

La secuencia de hechos fue la siguiente:

El 11 de septiembre, Fabrizia y su mamá, Carla, fueron para la zona del Congreso cuando se conoció que la Cámara de Diputados no había alcanzado los dos tercios para insistir con la ley que había sido vetada por Milei.

Las dos estaban sentadas sobre Rivadavia cuando empezó a avanzar la PFA. Pese a que los efectivos fueron advertidos de que había una nena, continuaron con la avanzada. Se ve a uno de ellos que directamente dispara el gas sobre Fabrizia. Según la presentación de la CPM, el jefe del operativo habría dado la orden de avanzar.

En medio de la represión, Carla perdió de vista a su hija. De acuerdo con lo que relata en la querella, solo la escuchaba preguntar dónde estaba su mamá.

Fabrizia fue atendida por el Centro de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y por la CPM.

Rápidamente empezó a circular que la PFA había gaseado a una niña. Amnistía Internacional lo denunció en la plataforma X a las 17:25 del 11 de septiembre.

A las 18.23, Bullrich se hizo eco de esa publicación de Amnistía Internacional y acusó a Carla de ser una madre irresponsable.

A las 18.15 periodistas de La Nación Más recibieron un video –que luego se sabría falso– en el que se veía a una mujer vestida de color naranja arrojando un líquido. El horario de recepción del material fue dado por Feinmann, quien se lo atribuyó al jefe de la PFA.

Con esa filmación se instaló que Fabrizia no habría sido atacada selectivamente por las fuerzas de seguridad, sino por civiles --manifestantes, socorristas o integrantes de organismos de derechos humanos. La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, desfiló por distintos medios de comunicación diciendo que no había personal policial en la zona en la que estaba la nena.

La aparición de un video en el que se veía a un agente de la PFA rociando a Fabrizia desmintió la versión que se quiso instalar desde el Ministerio de Seguridad.

En el Senado, se discutió en el bloque de Unión por la Patria (UxP) un comunicado para pedir la renuncia de Bullrich. La lectura fue que la ministra ya había instalado versiones para favorecer a las fuerzas en las represiones que terminaron con las vidas de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel.

De: Perfil