Con la consigna de “la Patria está en peligro” en el 2018 miles de personas marcharon convocadas por los organismos de derechos humanos, sindicatos y fuerzas políticas del arco nacional y popular. El objetivo de esas movilizaciones multitudinarias fue rechazar el crédito stand by que el gobierno de Cambiemos negociaba con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Acuerdo que una vez concretado le permitió a Mauricio Macri terminar su mandato sin caer en default, a la vez que hipotecar la vida de al menos tres generaciones de argentinxs.

Este artículo no problematiza de modo directo sobre la dimensión económica de la deuda externa, sino sobre la dimensión política y social que es la determinante en los casos donde actúa el FMI. Un Fondo que se creó en 1944 para auxiliar a sus 39 países miembros y que a través de los años se constituyó en una herramienta de disciplinamiento para los países que piden su ayuda.

Hoy el país está en plena negociación por la refinanciación de una deuda que podría considerarse ilegítima, tanto por el modo en que fue otorgada (alterando normativas del FMI), por su monto (inédito para el FMI) y circunstancias (riesgo de fuga). Todos aspectos reconocidos por un informe técnico reciente del propio FMI, informe que fue desaprobado por EEUU, principal miembro accionista del Fondo.

Argentina es el único país de la región que en algún momento de la historia, por sus condiciones geopolíticas, podría haber tenido un desarrollo competitivo con EE.UU. Braden o Perón (1946) no fue solo un slogan de campaña, fue una consigna síntesis que a mediados del siglo pasado dio cuenta de una disputa sobre el desarrollo y la relación de poder entre los países. Los términos de la disputa siguen vigentes y son darwinianos, ya que el desarrollo de unos países solo se puede sustentar en el subdesarrollo de otros. Esta ecuación de dominio se perfecciona cada vez que las elites locales actúan contra los intereses del pueblo y reeditan las políticas de saqueo, como ocurre cíclicamente en Argentina.

El ciclo de megaendeudamiento (equivalente al 90 por ciento del PBI) que dejó el gobierno de la alianza Cambiemos brindó varias soluciones, todas espurias, ya que permitió encubrir políticas financieras especulativas con la consecuente fuga de reservas, a la vez que comprometió seriamente la soberanía nacional a largo plazo. En lo coyuntural evitó el default, lo que hoy permite que esa misma alianza partidaria reedite aspiraciones presidenciales para el 2023.

Desde la perspectiva del FMI, más allá de que ganara o no Macri las elecciones del 2019, otorgar un crédito impagable también fue una carta política, un modo de resguardo para evitar actos de ejercicio soberano como el que hicieron en el 2005 los gobiernos de Néstor Kirchner y Lula Da Silva, cuando saldaron las deudas con el FMI para así poder impulsar sus planes de desarrollo redistributivo. En ese momento, los montos de deuda eran de 9180 y 15.500 millones de dólares, respectivamente. Cifras muy diferentes de los 44 mil millones que nos dejó el gobierno de Macri y su pandemia económica. De ahí el concepto de impagable.

El endeudamiento y sus terribles consecuencias están en el ADN popular, la asociación del FMI con algo ruinoso se puede constatar en todos los estamentos de la sociedad. Sin embargo, eso no significa que las causas estructurales de la crisis por endeudamiento y las responsabilidades sean fácilmente reconocidas. De otro modo, no se puede explicar cómo, cuando aún no se cerraban las heridas de la crisis del 2001, en menos de 15 años los mismos responsables de esa debacle pudieron habilitar por la vía electoral un nuevo ciclo de saqueo.

Entre 2001 y 2005, el proceso de negociación de la deuda en dafault con el FMI tuvo ribetes dramáticos. Entre otras cuestiones, en el peor momento de la crisis se interrumpieron los financiamientos a programas sociales de orden urgente que en ese momento dependían del Banco Mundial. El comportamiento de la cooperación externa se asoció al del FMI. El periodo que en su momento conceptualizamos como de “negociación asimétrica” (muy parecido al actual) hizo que las reprogramaciones fueran leoninas y las condicionalidades tuvieran en jaque la gobernabilidad. Imaginemos lo que podría pasar si hoy por desentendimientos con el Fondo se interrumpe el cofinanciamiento (vía cooperación multilateral) de programas que asisten las condiciones de pobreza e indigencia que experimentan millones de argentinos o se reducen los recursos que ayudan a sostener las prestaciones tendientes a mitigar la crisis socio sanitaria generada por el covid-19.

Del mismo modo podemos imaginar qué se podría haber hecho en el 2021 con los más de 4 mil millones de dólares que se pagaron en concepto de intereses y capital en plena pandemia para evitar el default y sus consecuencias para la economía en general. La situación es realmente dilemática en todo sentido y lo peor es que la sociedad parece no estar participando del dilema.

El estudio de las negociaciones de países sobreendeudados con el FMI indica que el comportamiento de la clase política y la posición de los gobiernos soberanos definen los resultados finales de los acuerdos. Desde la lógica del FMI, la idea de “Estado mínimo” para países deudores es la que reduce el gasto y permite que el funcionamiento de la macroeconomía arroje resultados positivos que aseguran los pagos, especialmente de los intereses y reprogramaciones. Las deudas impagables son las más redituables desde el punto de vista político (control de las agendas) y también económico (control de los excedentes).

Lo que vemos afectado en el curso de las negociaciones y podemos anticipar, sea cual fuere su resultado final, es la afectación del sistema de bienestar, es decir del conjunto de respuestas que brinda el Estado para reducir la desigualdad en la sociedad. Parte de la clave de la negociación que viene llevando el Gobierno seria demostrar que el préstamo buscó intencionalmente ser impagable y que su destino (financiar la fuga) era conocido o por lo menos sospechado por los decisores del FMI. Seguir el curso del dinero fugado podría determinar responsabilidades de modo público y así mejorar la posición en la negociación.

Con la deuda y sus consecuencias experimentamos un gran déficit comunicacional. La negociación debe acompañarse con claridad sobre las consecuencias que estamos experimentando cada vez que se hace un pago. Traducir lo pagado en estos dos años en: refacciones de escuelas, construcción de viviendas, subsidios a la producción, el trabajo y otras iniciativas que podrían escalar en su cobertura si no tuviéramos que pagar lo que no gastamos.

Cualquier acuerdo con el FMI, por su naturaleza, más temprano que tarde propiciará reformas en el sistema de seguridad social (pensiones y jubilaciones), límites a la expansión y gratuidad de la enseñanza universitaria, buscará desregulaciones con impacto en la reindustrialización y calidad del empleo. Para el FMI, lo que no ocurra en este gobierno podrá ser en el que viene y en eso ya está trabajando un arco importante de la oposición en vistas al 2023.

La crisis de soberanía no se expresa solo en la pérdida del control de las riquezas, sino principalmente en la incapacidad de propiciar sociedades más justas y conciencia social en la sociedad. La Patria está en peligro y es importante que contribuyamos a que todas y todos sepamos con claridad las causas y así impulsar y acompañar decisiones soberanas.

* Adriana Clemente es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y autora del libro Reforma del Estado en América Latina. Cambios en el paradigma de integración en contextos de endeudamiento externo.