La aceleración de precios como producto de la tensión geopolítica ha dejado localmente un impacto inflacionario severo, con alimentos que treparon 20,9% en el primer trimestre. El fenómeno era difícil de amortiguar con políticas tributarias de desacople o cupos de exportación de productos básicos. La magnitud del salto de commodities fue muy significativa, y el Gobierno transita por un contexto de evidente debilidad. Más aún, nuestro país adolece de herramientas macro tradicionales para hacer frente a shocks externos, como podría ser el uso del tipo de cambio como mecanismo amortiguador, tal cual aplican otros países de la región. En ninguna economía el impacto fue neutro, pero sí se logró mitigar.

En Argentina llueve sobre mojado. La escalada de precios se da tras una crisis de balanza de pagos, de deuda y el impacto de una pandemia. Los salarios no tuvieron más que una recuperación imperceptible en 2021, tras tres años consecutivos de caída. Al interior del mundo del trabajo, además, un segmento principalmente dañado fue el privado no registrado, que ya presenta una brecha salarial superior al 20% con el sector privado registrado para el acumulado de los últimos cinco años. Otro rasgo de la dinámica inflacionaria actual es el peso incremental de los productos básicos sobre los ingresos en los sectores vulnerables. Incluso aquellos ciudadanos que perciben transferencias del Estado sufren un deterioro en el poder de compra, porque la actualización de los montos no alcanza a acoplarse al ritmo de crecimiento en los productos alimentarios.

Cruzando los datos de precios y cantidades, neto de la mayor contribución impositiva, los sectores exportadores primarios registran mejoras de ingresos que van del 4% al 25% solo como efecto de la guerra en Ucrania. Se trata de un margen amplio que responde al criterio de ‘renta inesperada’ o ‘renta extraordinaria’. Si se observa la recaudación de impuestos vinculados al comercio exterior, se produjo un incremento significativo, a tono con el mejor contexto de precios. Este primer trimestre los derechos de importación y exportación se posicionan solo 14,5% por debajo del máximo de 2008.

Evaluando la incidencia teórica del nuevo bono que se va a otorgar en mayo y junio, se puede indagar en base a datos de distribución del ingreso per cápita por deciles una potencial mejora anual de entre el 23,3% (para el decil 1) y el 1,4% (para el decil 10). Claro que, dada la definición del grupo de beneficiarios, la transferencia no aplicaría para los deciles más altos. Este resultado también evidencia la ventaja de otorgar una suma fija, que tiene efecto progresivo al interior del conjunto elegible.

Para este 2022 se prevé una reducción del déficit fiscal de medio punto del PBI, en relación al año anterior. El cumplimiento dependerá de una multiplicidad de factores, muchos de los cuáles aún son imprevisibles, dependiendo de aspecto exógenos. En cualquier caso, la ampliación de las transferencias a los sectores vulnerables no pone en riesgo la consecución de la meta con el Fondo Monetario en el escenario base.

¿Con qué instrumento se podrían recolectar los recursos necesarios para la aplicación del nuevo bono?

En cuanto al remanente sobre la recaudación extra por efecto precios, aún no se conoce el detalle, pero se podría incrementar al 50% la alícuota marginal del impuesto a las ganancias sobre los sectores favorecidos por suba de ingresos en el contexto de guerra. Con este conjunto de ítems se colectarían los recursos para financiar el nuevo bono destinado a alrededor de diez millones de beneficiarios.

Es claro que el Gobierno tiene una manta corta, donde una mayor compensación a los sectores vulnerables atenta contra el cumplimiento del programa comprometido con el FMI. La transferencia parcial de la carga al sector privado que se ha favorecido por la suba de precios internacionales parece ser la diagonal perfecta para salir del laberinto. Quedarse de brazos cruzados y no ampliar la cobertura sobre los sectores no elegibles por otros programas, parece ser la peor alternativa. No por conveniencia política, si no por una consideración ética en un momento tan crítico para las familias argentinas, por causas principalmente externas.

Por Sergio Chouza Director de Consultora Sarandí.