Hoy se cumplen once días de gobierno de los Fernández. Sus primeras medidas y anuncios muestran que hay más cosas buenas que malas. Obvio, hay de las otras, desairando a los panegiristas.

Los discursos de Alberto Fernández en la jura del cargo y en el acto de la Plaza de Mayo, comenzaron plasmarse en anuncios y medidas positivas. También en una ley de emergencia, con título algo disimulado de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva». La aprobó el Congreso en un trámite exprés y a la vez maratónico de 200 discursos, sumando los de ambas cámaras.

Hay que sumar a esas decisiones políticas, legales y administrativas, el perfil de los ministros y funcionarios designados para llevarlos adelante. Sólo así, en ese análisis multifocal, se pueden sacar conclusiones más cercanas a la realidad de lo que está pasando y lo que puede acontecer.

En reportajes, reuniones públicas y en las redes sociales, vía Twitter, Alberto dijo lo suyo. En términos generales insistió en la necesidad de poner de pie a un país devastado por el gobierno fenecido, priorizando en dar una mano a los muchos compatriotas que la están pasando muy mal en ingresos y demás condiciones de vida. Y eso contrasta con el sentido elitista de estos cuatro años del gobierno de CEOs y gerentes de multinacionales y grupos concentrados.

Los dos bonos de 5.000 pesos que se darán a jubilados que ganan la mínima de 14.000 pesos fueron una medida tan elemental que ni siquiera la jauría de votantes más furiosos de Cambiemos pudo argumentar en contra.

Otras decisiones también necesarias, como aumentar las retenciones a las exportaciones de soja, que las ubicarían en el 33 por ciento -aunque con muchas compensaciones a los pequeños productores que facturan hasta 600 toneladas -, en cambio, sí levantaron mucha polvareda. Por ahora no pasó de allí, si bien en algunas reuniones de sojeros se hicieron advertencias de que podrían pasar a los hechos, en alusión al salvaje lock out patronal de 2008.

Era lógico que esos sectores pudientes que se beneficiaron doblemente con Mauricio Macri, vía quita de retenciones y devaluación de un dólar de 9,50 a otro de 63 pesos, pusieran el grito en el cielo de la Pampa húmeda. A veces hay que pisar algunos callos y bancarse el escándalo del lesionado…

En materia de designaciones no todas son maravillosas como el haber puesto al fiscal Félix Croux a cargo de la Oficina Anticorrupción y a Cristina Caamaño a iluminar y sanear «los sótanos de la democracia», o sea a la putrefacta Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Las comparaciones ilustran las siderales diferencias. Comparar al democrático y formado Croux con la incompetente Laura Alonso, y a la fiscal Caamaño, que investigó el crimen de Mariano Ferreyra, con el triangulador de pases de futbolistas y recepcionista de transferencias de Odebrecht, Gustavo Arribas, nos exime de mayores comentarios.

Más a favor. La oposición cambiemita no quería saber nada con tratar la ley de emergencia, siguiendo la línea de boicot que indicó el expresidente antes de tomarse el avión rumbo a Qatar a ver fútbol. También allí fracasó porque el oficialismo tuvo quórum para hacer jurar a una veintena de diputados suplentes que reemplazaban a quienes asumieron funciones en el gobierno. Y posteriormente, en acuerdo con otros bloques de diputados, en particular el lavagnista de «Bali» Bucca, pudo pasar a analizar la citada ley y votarla al cabo de más de 19 horas de tratamiento.

Lo correcto era debatir la ley, lo que no significa que todos los que intervinieron para que eso fuera posible sean ahora unos próceres de Mayo. Los tres gobernadores radicales, de Jujuy, Mendoza y Corrientes, que influyeron para dar quórum, no están guiados por ningún sentimiento de amor, sino de plata. En particular el carcelero de Milagro Sala, Gerardo Morales. La suspensión del Pacto Fiscal de 2017, decidida por AF, los llevó a esa táctica más flexible.

El país está devastado y era lógico tomar la mayor parte de las medidas de emergencia pensadas por Fernández, Martín Guzmán y Matías Kulfas. Mayores derechos de exportación de la soja, vuelta a mayores alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, recarga del 30 por ciento a la compra de dólares, impuesto a los activos en el exterior y beneficios a los que traigan parte de los mismos, etc, son cosas elementales con beneplácito de mayorías, incluso mayores al electorado que votó al Frente de Todos.

Se puede opinar que varios de los anuncios son insuficientes y de hecho lo son. Lo acordado por el presidente y el ministro de Salud, Ginés González García con las tres cámaras patronales de los medicamentos cae en esa categoría de harto insuficiente. Los empresarios bajarán el 8 por ciento del precio de sus productos hasta fines de enero o quizás febrero. Tratándose de una cuestión de salud o enfermedad, y de medicamentos que durante el macrismo aumentaron de precios entre 315 y más del 500 por ciento, surge a la vista que ese 8 por ciento es muy módico.

En cambio parece mucho mejor haber postergado por seis meses los aumentos de tarifas, un verdadero suplicio para la mayoría de los hogares víctimas de la dolarización en beneficio de los Caputo, Midlin, Shell y Techint.

¿Todo esto para qué? Mucha gente opina, el cronista incluido, que haber limitado los dos bonos para los jubilados que ganan la mínima, y dar algo menos a la franja que percibe entre 14.000 y 19.000 pesos, fue tacaño. Los que tienen una jubilación de 20 o 30.000 pesos igualmente quedan debajo de la línea de pobreza de 37.500 pesos para una familia tipo, pero fueron excluidos de aquel beneficio.

Y no sólo eso. La ley de emergencia suspendió por seis meses la fórmula de actualización de haberes a los jubilados, aprobada en diciembre de 2017. Si la anterior fórmula, originada en el kirchnerismo y basada en el índice de salarios combinada con inflación, era mejor que la de Macri, ¿por qué no se volvió entonces a la primigenia?

Esa suspensión da mala espina. Lo mismo con el artículo que suspendía los sistemas especiales de jubilación, lo que armó tal batifondo, sobre todo con los gremios docentes, que el presidente debió retroceder y dejarlos afuera de la suspensión. Estaba pegándose un tiro en el pie.

Los legisladores macristas, y sus amplificadores en los medios concentrados, léase los Leuco, Majul, Feinman y Van der Kooy, mintieron con que se habían congelado las jubilaciones. No es verdad, pero sí se suspendió por medio año el principio vigente de actualización. En ese lapso lo hará el Ejecutivo mediante decretos.

Parece una decisión errónea en lo metodológico y también es muy sugestiva y hasta sospechosa políticamente, de buscar concordancia y buena voluntad del FMI, de cara a la negociación que se avecina por la deuda externa.

Esa misma suspensión por idéntico plazo se ha decidido respecto a las paritarias. De la negociación de partes no saldrán los aumentos salariales sino que habrá sumas fijas decididas por el gobierno. Allá fueron los dirigentes de la CGT, las dos CTA y Hugo Moyano, a entrevistarse con Santiago Cafiero, Kulfas, Claudio Moroni (Trabajo) y Gustavo Béliz, recientemente importado de USA, y volvieron con las manos vacías. A diferencia de los jubilados y la AUH, en el caso de los salarios no hubo precisión de la suma a conceder. Peor aún, ¡ya se dijo que se dará a los privados y no se sabe aún si corresponderá a los trabajadores estatales!

Habrá que ver el impacto de los bonos a los jubilados y eventualmente a los salarios más bajos, pero en principio en ese aspecto la emergencia tiene olor y gusto a ajuste. Y no es por mal pensados, pero todo indica que se diseñó para favorecer el entendimiento con el FMI, lo cual tendría cierta «lógica» pues según Alberto esa deuda es el tema central a resolver. Que lo pueda solucionar correctamente con este tipo de medidas, es muy discutible y dudoso.

Un dato de color, color sangre. Según Román Lejtman en Infobae, el proyecto de ley de emergencia entró antes al FMI que a la cámara de Diputados. Está bien que la fuente es poco creíble, pero esto debería ser aclarado: «un mensaje de WhatsApp al celular personal de Luis Cubeddu, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina, transportó desde Buenos Aires a Washington el proyecto Emergencia Económica que horas después ingresaría oficialmente a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados».

Lo que no está en duda es que el presidente concurrió a almorzar esta semana con los popes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y trató como grandes amigos y aliados a Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Alfredo Coto (Coto), Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Cristiano Rattazzi (Fiat) y otros representantes de los monopolios.

Creer que esos personajes pueden ser aliados para una recuperación democrática de la economía y de la política argentina es una falacia y la pifia mayor de los primeros once días de gobierno albertista. Es peor que haber apoyado en Mendoza la ley que modificará a la anterior 7.722 que prohibía el uso de cianuro en la minería cuyana. Si la Barrick y Vale envenenan el agua, AEA es cianuro concentrado para la economía argentina.

por: la arena