El abogado y máster en políticas públicas Julio Picabea (h) explica en esta columna porqué el crecimiento de la economía y las transferencias monetarias desde el Estado son condición necesaria, pero no suficiente, para terminar con la pobreza.

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) generó conmoción en la sociedad argentina y puso en jaque a la dirigencia política. Es que desde 1989 a la fecha, la pobreza medida según el nivel de ingresos nunca bajó de 25% en el país.

El estudio realizado por el INDEC, referido al primer semestre de 2019, arrojó como resultados que el 35.4% de las personas en Argentina se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que un 7.7% son indigentes. La medición se realiza tomando como parámetros el valor de la canasta básica alimentaria (CBA) ($12.246) para el caso de la indigencia; y el valor de la canasta básica total (CBT) ($30.379), para la línea de pobreza. La CBA contempla solo las necesidades de alimentación (energéticas y proteícas) básicas para el desenvolvimiento diario de una persona; mientras la CBT contempla, además de las necesidades alimentarias básicas, la capacidad de satisfacer algunas no alimentarias (bienes y servicios). Quién no accede a la CBA es indigente y quién no llega a cubrir la CBT es pobre. Esta es la forma de medición utilizada por el INDEC desde el 1988 a la fecha.

¿Cómo se puede conceptualizar a la pobreza? Siguiendo a Amartya Sen, se puede definir a la pobreza como la falta de capacidades existentes en las personas para poder ejercer ciertas funciones básicas (alimentación adecuada, acceso a educación y salud de calidad, tener autoestima, participar de la vida comunitaria, etc.). Claro está que, para poder llevar a cabo estas funciones, se requiere de condiciones infraestructurales y de hábitat adecuadas. En otras palabras, para no ser pobre, se requiere la acumulación de capital humano más un entorno adecuado para el desarrollo en plenitud de las personas.

En línea con el párrafo anterior, un estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que busca sugerir soluciones de política pública para el abordaje de la pobreza, establece que si Argentina logra mantener un ritmo sostenido de crecimiento de su PBI del 3% anual para la próxima década (algo ínedito ya que en los últimos 30 años el PBI per cápita argentino creció en promedio a menos del 1% anual), aún en este supuesto la pobreza no bajaría del 15%. Esto demuestra que el crecimiento económico por sí solo es insuficiente para pensar en la erradicación de la pobreza.

Sí se realiza un análisis comparado en materia de reducción de pobreza (según el ingreso) en América Latina, se observará que Argentina es uno de los países que peor desempeño tuvo en los últimos años. En ese sentido, un informe del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), muestra que durante el período 2006-2016, únicamente tuvieron un peor desempeño que nuestro país en la lucha contra la pobreza, Honduras y México.

Es otras palabras, el crecimiento económico sostenido en el tiempo coadyuvaría a disminuir el índice de pobreza mejorando el ingreso de las personas, ya que mejoraría la empleabilidad y la distribución. Sin embargo, este crecimiento sería insuficiente para abordar la denominada “pobreza crónica”. Esta, también llamada “pobreza estructural”, representa la porción de la población que no puede trascender la situación de pobreza ni siquiera en los ciclos de bonanza económica, y que generalmente se transmite a la próxima generación. Es el núcleo duro de pobreza existente en nuestro país. Erradicarla, demanda otras soluciones de política pública.

¿Cómo debe abordarse entonces la pobreza en Argentina? Se requiere de un gran plan de gobierno sostenido, que contemple el desarrollo de infraestructura y la acumulación de capital humano en el sector más vulnerable de la población; es allí donde se encuentra la denominada “pobreza crónica” de nuestro país. La infraestructura básica, sumada al acompañamiento estatal para el desarrollo de capacidades cognitivas, educación de calidad e inserción en el mercado laboral, evitarán una próxima generación de pobreza estructural. El crecimiento de la economía y las transferencias monetarias desde el Estado a la pobreza son condición necesaria, pero no suficiente.

El principal desafío de Argentina para los próximos 20 años es erradicar la pobreza estructural. Es que nuestro país a partir del año 2040 entrará en la fase final de su “bono demográfico”. Esto quiere decir que a partir de dicho año ingresaremos en la etapa del envejecimiento poblacional, lo cual demandará mayores esfuerzos al Estado. Esta problemática, que ya se encuentra afectando a los principales países de Europa (Francia, Alemania, España e Italia, entre otros), como así también a países de Asia, principalmente a Japón; nos obliga a trabajar en la erradicación de la pobreza crónica en los próximos 20 años. Los países antes mencionados, a diferencia del nuestro, tienen índices de pobreza mínimos y no están adeudando aún inversiones tan profundas en materia de infraestructura.

El autor es abogado por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Especialista en Administración Pública de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Magister en Políticas de la Universidad Austral (UA). Coordinador de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y docente de la materia “Política Argentina en el siglo XIX y XX” en la mencionada universidad. Presidente de la Fundación Proponer.