Es uno de Los Intocables, imputado junto a otros cuatro por la causa del Registro Civil. El juez de Garantías 2 le revocó la domiciliaria por incumplir las medidas adoptadas.

Hoy se cumplirá una semana desde que se llevaron a cabo distintos allanamientos en la sede central del Registro Civil de esta ciudad y otros domicilios. Estas acciones arrojaron la detención de cinco personas, cuatro de ellas funcionarios públicos que trabajan en el organismo estatal, y un permisionario -cobrador de estacionamiento medido-. Además, del secuestro de documentación de valor para la causa. Cuarenta y ocho horas después, el juez Ignacio Colombo les otorgó a todos la prisión domiciliaria. Ayer, el mismo juez revocó la resolución respecto de uno de los imputados, por entender que incumplió con las medidas restrictivas dispuestas en el beneficio otorgado.

Luego de que el magistrado dispusiera el arresto domiciliario a los imputados, desde la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos Complejos podrían haber apelado esa decisión directamente en el Tribunal de Impugnación, sin embargo la prueba que surgió luego acerca de uno de los acusados, el abogado Marcelo Gerardo Romero, fue contundente con lo cual el juez decidió directamente revocar la domiciliaria.

Según pudo saber El Tribuno, la prueba consiste en un audio donde el imputado, quien conforma la banda del Registro Civil denominada Los Intocables, habría mantenido un diálogo con un funcionario del Gobierno con el objetivo de silenciar voces de testigos que pudieran resultar trascendentales en el curso de la investigación.

En ese sentido, el juez de Garantías 2, ante lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, revocó el arresto domiciliario de Gerardo Romero y ordenó su inmediata detención. Respecto a los otros cuatro que aún gozan de la domiciliaria, sobre todo los tres funcionarios públicos, desde la Fiscalía que atiende la causa señalaron que sigue firme la intención de apelar el arresto domiciliario dado que, entienden, no hay motivos para que esas tres personas mantengan el beneficio.

Desde el Poder Judicial señalaron que en la resolución de revocar la domiciliaria a Romero se valoró que el imputado habría violado la medida sustitutiva impuesta por el juzgado, que consistía en la prohibición de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona con cualquier persona involucrada en la causa.

Si bien se adjuntó al pedido la supuesta comunicación de una empleada del Registro Civil con un suboficial de la Policía que indicaría el contacto que el encartado habría realizado con un funcionario del Gobierno, sin perjuicio de la prohibición que pesa al respecto, el magistrado señaló que ese extremo deberá ser investigado por la Fiscalía, ya que, hasta el momento, solo se encuentra con ese único elemento convectivo.

En la resolución el juez también señaló que al momento del allanamiento y detención de los cinco acusados, el Ministerio Público Fiscal no solicitó la incomunicación entre ellos que puede disponerse por 48 horas, según el artículo 374 del Código Procesal Penal. Al respecto, desde la Fiscalía interviniente apuntaron que "la comunicación es una medida extrema que se pide en situaciones distintas a donde los detenidos se pueden comunicar. Nosotros con pedir la detención ya considerábamos cubierto el riesgo procesal".

Los cinco imputados, cuatro empleados del Registro Civil y un cobrador de estacionamiento, están acusados de llevar a cabo cobros por actas oficiales de manera ilícita, por fuera del organismo. Pesa sobre ellos la acusación de fraude en perjuicio a la administración pública, concusión y de manera provisional por el delito de asociación ilícita.

De: El Tribuno