El principal imputado por el robo de los caños del Gasoducto NEA es el ex-intendente de Aguaray, Jorge Prado, quien asumió el 10 de diciembre de 2019 y fue destituido el 15 de octubre de 2020.

El fiscal general del Distrito Federal Salta, Eduardo Villalba, concluyó que el plan de saqueo del GNEA se urdió antes de que Prado asumiera como intendente, tras haberse desempeñado como secretario de Medio Ambiente en la comuna norteña. El mismo día de su asunción, el jefe comunal recibió la nota de la empresa mendocina OSYP que abrió camino a la resolución municipal 1215.

La citada resolución, que Prado firmó el 23 de diciembre de 2019, fue el paraguas con el que caños robados a Enarsa atravesaron los controles camineros de cinco provincias para ser ilegalmente revendidos.

El 21 de diciembre de 2019, Prado le pidió al secretario de Asuntos Legislativos que realizara un proyecto de resolución autorizando la desafectación de los caños. Dos días después, temprano, ingresó por la mesa de entrada del Municipio otra nota del titular de OSYP, Diego Alos, que consolidó la maniobra. Horas más tarde, en tiempo récord y sin dictamen jurídico ni contable, Prado emitió la resolución 1.215. Con ella, bajo un trámite irregular, autorizó a OSYP a sustraer los caños del GNEA como supuesto “material de rezago” y “pasivo ambiental”. De esa forma, el intendente no solo se arrogó facultades que no tenía, al disponer de bienes del Estado nacional, sino que alegó cuestiones ambientales que no estaban acreditadas.

Prado nunca le dio intervención a la Secretaría de Medio Ambiente. Además, omitió publicar la resolución 1.215 en el Boletín Oficial, con lo cual la sustrajo del control del Concejo.

El 7 de febrero de 2020, ante un aviso de alerta de Adrián Zigarán, actual interventor de Aguaray, el puesto que tiene Gendarmería en el acceso a la localidad, sobre la ruta nacional 34, detuvo un camión con 15 caños del GNEA. Los tubos eran transportados hacia la planta chatarrera que tiene la empresa Comarfil en Quilmes (Buenos Aires), bajo el amparo de la resolución 1.215. En medio del procedimiento, Prado se presentó en el puesto de control de Gendarmería y cuestionó que se demorara al equipo de transporte.

Con la investigación ya iniciada, el intendente pidió a la Fiscalía Federal de Orán que desestime una denuncia radicada por IEASA (Enarsa) contra Alos y que haga devolver los caños a OSYP.

Con medidas de prueba se confirmó que el 21 de enero de 2020, fecha en la cual se transportaron caños del GNEA hasta la planta de la firma Comarfil, Prado mantuvo comunicaciones con Alos. También se determinó que, una vez que la resolución 1.215 tomó estado público por los medios, Prado recurrió a un hábil saqueador de gasoductos, Adrián Antonio Vera, para continuar con el saqueo.

A tal fin, Prado se reunió con Vera en la sede del Municipio de Aguaray, lo llevó a conocer la zona de El Desemboque -uno de los frentes en los que se ejecutó el plan de saqueo del Gasoducto NEA- y le dio los contactos de dos empresas de General Mosconi: Perterser y M&P Servicios Especiales.

El intendente también le adelantó al mendocino $800.000 para que contratara el personal, la maquinaria y un predio para acopiar los tubos extraídos. A partir de detalles que aportó el propio Vera, como imputado colaborador, la Fiscalía observó que en marzo de 2020 hubo “movimientos patrimoniales municipales injustificados en Aguaray”. Todo esto fue resaltado por Villalba en la acusación penal que ratificó ante el juez federal de Revisión, Alejandro Castellanos, días atrás.

Marcelo Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray, fue acusado de suscribir junto a Prado la resolución 1.215. Villalba remarcó que era un empleado de carrera administrativa y, como tal, conocía la Carta Orgánica de la Municipalidad de Aguaray. Para el fiscal, Céspedes firmó la citada resolución a sabiendas de que ésta debía ser refrendada por el organismo con competencia, que en este caso era la Secretaría de Ambiente. Según la acusación, esto habría sido reconocido por el propio imputado en su declaración del 27 de mayo de 2020.

De otras declaraciones prestadas en la causa, Villalba desprendió que Céspedes estaba al tanto de la contratación de Vera y que sabía que Alos, Prado y Vera se habían reunido en la Municipalidad, aunque él no tomó parte en ese encuentro.

La Fiscalía destacó que Céspedes mantuvo numerosas llamadas con Prado entre el 26 y 28 de enero, fechas en las que se transportaron caños del GNEA desde la zona de Aguaray hasta la planta de la firma Comarfil en Quilmes.

Villalba también resaltó vínculos de Céspedes con dos de los empresarios imputados en la causa, Milton Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa M&P Servicios Especiales.

Con respecto a la situación de Céspedes, el abogado Sergio Heredia aseguró que el exsecretario de Hacienda de Aguaray es inocente. El letrado afirmó que hay dos resoluciones 1.215. “En la que tomó la Fiscalía para acusar a mi defendido falsificaron su firma y ya tenemos una pericia que lo prueba”, sostuvo Heredia.

De: El Tribuno